Paro de CTERA: Una mano negra en el conflicto de los docentes

En los últimos años, se ha vuelto una práctica anual que, justo a días del inicio de las clases, el sindicalismo que nuclea a los docentes, amenace con un paro o, decrete medidas de fuerza. El paro dispuesto para el 6,7 y 8 de marzo vino a exceder los límites de una protesta legal. (María Silvia de la Zerda*)

Resulta paradójico que quienes deberían preservar el valor del capital humano, que ha sido depositado en manos de los educadores, lo descuiden hoy, a fin de presionar a las autoridades bajo el pretexto de obtener mejoras salariales.

No se puede dejar a los niños y a los jóvenes librados a su suerte, sin medir consecuencias.

Quienes están al frente de los gremios docentes, deben ejercer las sanas funciones que le han sido asignadas de la mejor forma posible; esto es, buscar recomponer los salarios de sus afiliados, pero acotando el efecto del impacto que produce en los educandos un paro en la forma que lo están llevando a cabo.

No se desconoce que el salario de los maestros, como el de otros trabajadores, así como los haberes de los jubilados, se deprecian continuamente por la inflación, perdiendo paulatinamente su poder adquisitivo, pero existen otros mecanismos para lograr su recomposición, que deben ser usados razonablemente, a efectos de que no se frustre la posibilidad de los alumnos de concurrir a las aulas, de lo contrario, se convierten en coacciones injustificadas, prácticas que la sociedad reprueba. Y vemos cómo ello resiente el sistema educativo, incidiendo sobre todo en la educación pública.

La tradición de la educación de calidad, gratuita y con pretensión de universalidad, heredada de la ley 1420, se encuentra hoy desnaturalizada como consecuencia de la lamentable realidad.

La mayoría de los alumnos de las escuelas estatales provienen de hogares de escasos recursos. Si tomamos en consideración que los informes del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina, dan cuenta que 8 millones de niños viven en situación de pobreza, esto pone al descubierto que 6 de cada 10 educandos no pueden asistir a clase como consecuencia de las huelgas de los docentes.

En nuestra provincia, el año pasado los alumnos de las escuelas públicas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación, al que adhirieron varios establecimientos provinciales por “solidaridad”, no concurrieron a las aulas durante varios días, que sumados podemos decir que estuvieron más de un mes sin asistir a clase como consecuencia de sucesivas medidas de fuerza, lo que produjo una alteración de los planes fijados. Esta merma en horas de clase -que no se recuperan- ocasiona una fuerte disminución en el rendimiento escolar, lo que deja al desnudo que, en la puja de los gremios, el gran ausente es el alumno.

¿Habrán reparado los dirigentes sindicales el cuantioso perjuicio que se ocasiona a sus progenitores? Quienes, en muchos casos, se ven afectados al no tener con quien dejar a sus hijos, o deben sufragar el costo que irroga recurrir a un tercero para su cuidado, y cuando no pueden conseguirlo, deben sacrificar su jornada laboral, con la consiguiente reducción de sus ingresos. 

Desde otra vertiente, cabe preguntarse si los gremios docentes brindan a los maestros la posibilidad de capacitarse, por cuanto la realidad muestra que un importante número de ellos está desactualizado para poder educar en las mejores prácticas de este siglo y con vínculos estrechos con las necesidades locales, a fin de satisfacer los nuevos requerimientos de los educandos.

¿Se preocupan los dirigentes sindicales por indagar si las currículas y planes de estudio se adaptan a los tiempos actuales?, lo que resultaría altamente conveniente para acompañar a los maestros ante las nuevas demandas que se plantean. Acaso se interiorizan en conocer si las instituciones educativas cuentan con los medios tecnológicos que les permita formar a los alumnos, de modo tal que puedan colmar las pretensiones de los Modelos de desarrollo que se plantean a nivel nacional y regional; o, ¿tratan de cooperar con el Estado en el diseño de un Modelo educativo con potencialidad suficiente para lograrlo?, lo cual reportaría innegables beneficios a los educadores, al brindarles la posibilidad de una permanente actualización. La realidad nos devuelve una actitud reticente de los gremios en involucrarse en tales pretensiones, ello pone en evidencia que, en este aspecto, el maestro no es el centro de sus inquietudes. 

Este es un punto de inflexión, en el cual también aparece el inquietante cuestionamiento social, en torno a que, así como los gremios del sector presionan por ajustes salariales, ¿no deberían también requerirles al  Estado que actualice la carrera docente? ello, con la finalidad de producir una metamorfosis del sistema educativo, con solidez suficiente para dotar a los educadores de las herramientas necesarias, a través de las cuales puedan transmitir a sus alumnos los conocimientos imprescindibles que les permitan adquirir las habilidades y competencias, para afrontar luego el desafiante mundo del trabajo, que se perfila cada vez más exigente. 

Una educación de calidad resulta clave para encarar los desafíos del futuro, el mismo que estará signado por la extraordinaria revolución tecnológica. Para ello es preciso una educación transformadora, que abarque no sólo el aspecto académico, sino también que involucre la socialización de valores como la honestidad, el respeto, la solidaridad.

Si ello no es tomado en cuenta, tanto por los gremios como por el gobierno, se produce un descomunal estancamiento educativo en la Argentina, condenando a sus hijos a vivir en un país que se ha ido desplazando hacia la mediocridad en los últimos setenta años.

Pero, tanto el reclamo por recomposición de haberes, como el que pudiera aspirar al perfeccionamiento docente, deben encararse con sensatez, y en forma tal que no llegue a alterar el calendario escolar, por el consiguiente daño que ello trae aparejado.

Si no prima el sentido de la responsabilidad y el diálogo de parte del sindicalismo, surge la duda de pensar si no existe una mano negra que se encuentra conspirando contra la estabilidad institucional.

*Ex Secretaria Letrada Corte Justicia de Salta