Una cooperativa de recolectores de residuos de Cafayate, Animaná y San Carlos denuncia que los municipios de las localidades pretenden expulsarlos del vertedero de la zona para apropiarse del negocio de la venta de material reciclable. 

La Cooperativa de Reciclados Calchaquí está formada por nueve mujeres y tres hombres de Cafayate, San Carlos y Animaná que estaban desocupados y hace tres años se reunieron para recolectar material reciclable en el Vertedero de la zona, donde vieron una oportunidad, ya que allí nadie realizaba esa actividad.

Los doce empezaron a trabajar con ropa común, sin conocimiento ni maquinarias que respaldaran sus recolecciones. Mientras las empresas grandes pueden cargar treinta toneladas en un camión, ellos lo llenaban con apenas diez o doce. La falta de una prensa para comprimir los materiales les jugaba en contra.

La inexperiencia también se hizo pesar: les llevó tres meses llenar el primer camión. Hasta entonces fueron aprendiendo el oficio de reciclado. Conocieron sus limitaciones y se dieron cuenta de que sin más herramientas que las manos, lo mejor era especializarse en la recolección de plástico y cartón y dejar un poco de lado el vidrio y el metal. Desde entonces, vendieron más de doscientas toneladas, fueron equipándose y perfeccionándose en la tarea. Pasaron de ver cómo el cartón separado se volaba con el viento zonda a comprar una prensa y colocarle rueditas para poder trasladarla mejor. Ahora, son capaces de llenar un camión en un mes y llegaron a recolectar el veinte por ciento de los residuos del Vertedero.

Pero las actividades de la Cooperativa están paralizadas desde diciembre. Hoy, sus miembros se encuentran a punto de iniciar una disputa legal porque aseguran que el Consorcio Público de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Valles Calchaquíes I intenta  desplazarlos del lugar desde abril pasado para quedarse con todo el negocio.

Los trabajadores de la cooperativa nunca tuvieron apoyo estatal. A los seis meses del inicio de sus actividades tuvieron el primer conflicto: el Consorcio, manejado por las municipalidades de Animaná, Cafayate y San Carlos, mandó una máquina a tapar el trabajo que habían realizado. Arrasó con unos seis mil kilos de papel que los miembros de la cooperativa habían separado en un lugar específico. El Consorcio se excusó y aseguró que fue una equivocación durante la limpieza. A dinero actual, las pérdidas por ese episodio representaron unos seis mil pesos.

Al no tener demasiado dinero, la Cooperativa recibía la generosidad de los camioneros, que les cobraban la mitad del precio que valía el flete. Cargaban los materiales a mano y vendían en distintos puntos de la zona. De esa manera, podían obtener ganancias que no siempre iban a parar a los bolsillos de los trabajadores. En más de una oportunidad, lo obtenido se destinó a la compra de guantes, ropa y herramientas como cutters.

El trabajo les dio otras ganancias a los trabajadores, como darse a conocer en la zona y ganar la confianza de los vecinos y las empresas. En los últimos meses, un mes de trabajo normal arrojaba una ganancia de cuarenta mil pesos que se repartían entre todos de manera equitativa. Hoy, al menos tres miembros de la Cooperativa, trabajan en casas realizando limpieza. Otros son albañiles y el resto hace lo que puede.

Es que la Cooperativa, aseguran, está a punto de desaparecer. De tener casi 18 miembros pasó a esta actualidad en la que denuncia maniobras del Consorcio para expulsarlos del vertedero.

Todo comenzó en abril del año pasado, cuando el Consorcio les impidió la entrada a los miembros de la Cooperativa. Los trabajadores presentaron una carta documento, primero, y un recurso de amparo que les permitió seguir trabajando. Sin embargo, aseguran que desde el Consorcio continuaron las estratagemas burocráticas para impedir el desarrollo normal de la recolección.

El 23 de marzo de este año, una nota dirigida a Silvio Aguirre, presidente de la Cooperativa, firmada por Néstor Fernando Almeda, intendente de Cafayate, aseguraba: “Nos dirigimos a Uds. a fin de invitarlos a participar a cotizar para la contratación de la operación de la: “PLANTA DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE R.S.U. para CONSORCIO PUBLICO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS VALLES CALCHAQUIES I” en la localidad de Animaná, Departamento de San Carlos, Provincia de Salta”.

La nota explicaba que el sistema de ejecución sería por contrato anual, previa solicitud, comparación y elección de proyectos presentados, que el sistema de contratación sería de Contratación directa, basándose en el artículo 13, inciso ñ, de la ley provincial 6838 de Contrataciones. El plazo de ejecución, de un año. El precio, diez mil pesos por mes “o precio que resulte de la valorización del material reciclable que resulte de la separación, si fuera mayor”. La nota finalizaba informando que el acto de apertura de las contrataciones será el martes 19 de abril de 2016 a las 12 hs.

La respuesta llegó el 6 de abril. Estaba firmada por Aguirre y aseguraba: “En mi carácter de Presidente de la Cooperativa Reciclados Calchaquí me dirijo a Ud. a efectos de NOTIFICARLE nuestro rechazo al llamado a Cotizar para la contratación de la operación de la Planta de Separación y Clasificación de R.S.U. para Consorcio Público de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Valles Calchaquíes I en base a las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo:

En primer lugar le recuerdo que se encuentra firme fallo de la Justicia autos caratulados ‘AGUIRRE RETAMOZO, SILVIO ROBERTO CONTRA CONSORCIO PUBLICO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CAL POR AMPARO’ EXC-646/15, donde se lo intimaba a que restableciera el funcionamiento de la Cooperativa dentro del vertedero.

Que va de suyo señalar que el mismo no fue acatado en su totalidad por vuestra parte lo que motivo Denuncias Penales por desobediencia Judicial y que a pesar de permitir posteriormente a la denuncia penal, nuestro ingreso al vertedero no nos dejaron retirar material reciclable para efectuar su venta y poder sostener la Cooperativo lo que nos ocasiono un perjuicio irreparable.

En segundo lugar mi parte considera que este llamado a cotizar no es más que un ardid para seguir en desobediencia judicial ya que el fallo judicial no cumplió ni un año y su acatamiento nunca fue en su totalidad, a mayor abundamiento el sistema de Contratación establecido en el pliego ‘Contratación Directa’ nos deja totalmente expuesto a su arbitrariedad en la selección del proyecto por Vuestra parte.

Que cabe señalar que en modo alguno consideramos se den las circunstancias para que se pueda encuadrar este llamado a Cotizar dentro del marco normativo del Art. 13 inciso ñ de la ley 6838, asimismo el mismo posee clausulas leoninas y violatoria de derechos amparados por ley.

Por todo lo expuesto INTIMO a Ud. de cumplimiento a la orden Judicial y desista de efectuar contratación Directa y se nos comunique por escrito la decisión en el plazo de 48 hs. bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes”.

El inciso ñ de la Ley de Contrataciones establece que se podrán adquirir bienes o contratar servicios de empresas sociales, que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Empresas Sociales. El artículo 13 asegura que la contratación directa por libre elección deberá estar debidamente justificada. Esto es lo que objetan desde la Cooperativa y aseguran que harán lo posible para impedir ser expulsados del Vertedero.