Al compás de esta puesta en escena, proliferan las versiones que indican que por órdenes del Ministro de Economía y Servicios Públicos se detuvieron los pagos a todos los acreedores del gobierno, se retrasaron las transferencias a municipios, a otras dependencias estatales y no se renovaron contratos de servicios. No existe hoy funcionario sin padecer restricciones en el Grand Bourg, y hasta algunos malos tratos. Lejos está el tiempo en que el funcionario se jactaba de tener superávit.
Desde que el romerato entregó el Banco Provincial de Salta al grupo que encabezaba el desaparecido Jorge Brito, por un puñado de dólares, esta entidad no ha dejado de crecer gracias al cautiverio impuesto a más de 100.000 empleados que han transitado por la administración pública en el último cuarto de siglo y otros negocios siempre sospechosos.
Cuarto Poder ya informó que el personal del gobierno provincial y los municipios depende obligatoriamente de esta entidad para manejar sus finanzas particulares. También que existen otros nichos que complementariamente explota con voracidad el poderoso grupo bancario y que incluyen el manejo discrecional de lo depositado en las cuentas judiciales y los servicios de tarjetas de crédito y débito con que incentivan el consumo a quienes carecen de liquidez y efectivo. Las deudas que acumulan también se cobran de una sola vez, no sin antes engordarlas con intereses usuarios.
En todos estos años no dieron frutos los intentos de revisar un convenio que hoy se sostiene casi intacto y que determinaría que más de 8.000 millones de pesos anuales sean pagados al agente financiero oficial, cuando en otras provincias es el banco el que le paga al estado por manejar semejante negocio. En los informes oficiales es el único número que no se presenta a los ciudadanos y que se disimula en el rubro de fuentes y aplicaciones financieras.
Contrato intocable
En medio de la crisis es éste el único contrato que Roberto Dib Ashur no quiere tocar, ni siquiera mejorar extirpando el manejo discrecional de los depósitos judiciales, o reduciendo comisiones gravosas o imponiendo el pago de mejores tasas de interés para plazos fijos y otras operaciones financieras que permitan preservar el valor de los billetes de la provincia. ¿Cuántos son los millones que no quiere recuperar para aliviar arcas públicas que él mismo dice que están vacías?
También es cierto que al compás del discurso del inexistente superávit, el titular de la cartera económica habría forjado relaciones más que óptimas con los “macristas” de la familia Brito y el ex superministro urtubeycista Fernando Yarade luego de hacer equilibrio casi a diario para no caer en descubierto.
Desde hace un mes que cada vez que se le pide alguna opinión sobre aumentos de sueldos ha negado rotundamente la posibilidad invocando con tonos alarmistas que se viene el quebranto de las finanzas provinciales y amenazó, también, con renunciar al cargo.
Al compás de esta puesta en escena, se incrementan las versiones que indican que por órdenes de Dib Ashur se detuvieron los pagos a todos los acreedores del gobierno, se retrasaron las transferencias a municipios y otras dependencias estatales y no se renovaron contratos de servicios. Lejos está el tiempo en que el ministro se jactaba de tener superávit.
No existe hoy funcionario sin padecer restricciones en el Grand Bourg, y hasta algunos malos tratos, a pesar de que los números que publican los subalternos de Dib Ashur en la página oficial del gobierno dicen otra cosa. Las peleas lo enfrentaron a varios ministros o funcionarios y podrían conducirlo al exilio para el caso de que en agosto no logre superar las paritarias en las que no muestra muñeca para las negociaciones.
Según lo ejecutado hasta el 31 de Abril de este año, los ingresos por impuestos nacionales y municipales y otros rubros suman $597.9332.520.216,17, mientras que los gastos corrientes ascienden a $551.543.142.826,70, dando un resultado económico favorable en $45.789.377.389,47.
El personal se llevará anualmente más de lo que los $352.062.183.575 pues hasta el primer cuatrimestre se gastaron $4247.017894.385,76 y se autorizaron incrementos salariales para compensar la inflación, como también ha recibido Salta más dinero en concepto de coparticipación federal.
Intereses corporativos
La deuda pública de 388 millones de USD fue arreglada en 2020 con un convenio de asistencia financiera para cubrir 38 millones de dólares pendientes del fraudulento Fondo de Reparación Histórica y 350 del también sospechoso Fondo del Bicentenario con un año de gracia y el pago en 36 cuotas con un interés el 0,1% anual, ajustable por CER. Nada indica que Salta se encuentre al borde del colapso financiero.
¿Estos números dejaron de ser reales? Acaso con el incremento de salarios que otorgó el gobierno hoy pasó la provincia al rojo financiero? La verdad es lo que se publica…o lo que el ministro declara a todos los ministros e intendentes cuando rechaza sus pedidos de auxilio económico?
Paradójicamente, uno de los funcionarios que debería constituirse en la clave para sobrellevar una crisis, que amenaza con profundizarse al compás de un proceso eleccionario que solamente provoca molestia ciudadana, es el que parece esconder los verdaderos números de la provincia.
Dib Ashur, analizando su trayectoria, siempre ha respondido a los intereses corporativos de la política y no rechazó nunca una propuesta. Recibió el primer espaldarazo del ex intendente Miguel Isa en 2007 cuando fue Subsecretario de Finanzas de la Municipalidad de Salta. A los 2 años apareció como Subsecretario de Financiamiento Internacional de Juan Manuel Urtubey y en 2014 ocupó la cartera de educación y tuvo que afrontar un fuerte paro docente en el que los alumnos de las escuelas públicas perdieron más de 20 días de clases. Renunció antes de una segunda paritaria para asumir como vicerrector administrativo de la Universidad Católica de Salta. En 2017 buscó sin éxito una banca a diputado provincial por el partido Frente Salteño que comanda el abogado Javier David.
Es un emprendedor que cuenta con el apoyo familiar y trabaja en paralelo con la consultora Delta Servicios, que en 2020 se convirtió en una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.) con sede en Los Eucaliptus 231 del Barrio Tres Cerritos y de la que es titular su esposa Moira Jakoniuk.
La novel empresa tendría una vinculación económica con el gobierno y la seguridad de que en estos tiempos de escasez el superministro le pagará por sus servicios puntualmente y luego de disimular algunas incompatibilidades.
No conforme con estos privilegios, y un sueldo que duplica los del Concejal José García, los Dib Ashur muestran gran capacidad de ahorro y actitud positiva en medio del desconcierto de los pobres salteños: Sólo por dar un ejemplo, en la semana la pareja habría economizado los pasajes aéreos a Buenos Aires usando el avión de la provincia.