El diputado Pablo López y la senadora Gabriela Cerrano se presentaron en representación del PO como “amicus curiae” en la causa judicial contra el dictado de educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia.
El diputado nacional Pablo López y la senadora provincial Gabriela Cerrano se presentaron en representación del Partido Obrero como “amicus curiae” o “amigos del tribunal” en la causa judicial que padres de niños salteños han iniciado para que cese el dictado de educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia.
La presentación de los legisladores fue realizada ya ante la Corte Suprema de Justicia y cuenta con el patrocinio letrado de Liliana Alaniz, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha.
“Como consecuencia de la enseñanza religiosa se produce una enorme discriminación a los niños que no profesan la religión católica, que deben retirarse de las aulas o aceptar quedarse en ellas para no ser caratulados en el boletín de calificaciones. El dictamen de la Procuración pone de manifiesto la segregación que se produce en las aulas, además de cumplir con los ritos de rezos al iniciar la clase diaria. Todo esto es violatorio de la Constitución y los tratados internacionales” explicó Cerrano y advirtió que “el problema de fondo no solo es el acto discriminatorio, sino el tutelaje del oscurantismo sobre la educación pública”.
“Necesitamos una escuela que forme en el pensamiento crítico y la libertad y eso es justamente lo que veta la iglesia” agregó y criticó al “gobierno de (Juan Manuel) Urtubey, que impulsó en la nueva ley de educación la obligatoriedad de la educación religiosa”.
López, en tanto, amplió las críticas y apuntó que “durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se derogó la laicidad de la educación pública establecida en la ley 1.420”.
“Urtubey impuso la educación católica en las escuelas públicas de Salta y el ministro (Esteban) Bullrich avala y hasta deja abierta la puerta para hacer esto extensivo a todo el país. Hemos presentado en el congreso un proyecto para restituir lo planteado en la 1.420 y ahora nos presentamos ante la Corte para acompañar el reclamo de los padres y vamos a participar de la audiencia pública convocada para el 14 de agosto” enfatizó y concluyó que “lo hacemos para enfrentar este acto de discriminación y en defensa de la educación pública, laica y gratuita”.
