Pedían permiso para ampliar su horario laboral hoy restringido a dos horas por las noches, pero los manteros terminaron reprimidos, once de ellos detenidos y todos objetos de una estigmatizan que sus testimonios refutan. (Agustina Sily)

Los once trabajadores ambulantes que fueron encarcelados el lunes y liberados el jueves, son jóvenes entre 20 y 21 años, sin antecedentes policiales que ahora deberán atravesar un proceso judicial. Le atribuyeron delitos de amenazas; lesiones agravadas sustentadas en la mordida de un perro callejero hacia uno de los oficiales que formaba parte del operativo; intimidación, calificada por ser a mano armada -el palo de un bombo- ; resistencia a la autoridad y por la reunión de más de tres personas en concurso real.

Esta última calificación puede darse en el derecho penal cuando se cometen varias acciones o hechos autónomos; es decir, que cada uno constituye un delito particular e independiente, aunque puedan merecer un solo procedimiento penal. “Mira si el mantero va a llevar un perro para defenderse de la policía”, dijo  el abogado Fernando Ruarte, mientras explicaba la caratula de la causa.

La privación de libertad persigue la debilitación y desorganización de la protesta social.  La estrategia gubernamental es una operación ideológica y política que construye representaciones que estigmatizan la lucha.

Los involucrados

Tras los hechos acaecidos durante la semana, las primeras aproximaciones a los manteros dejan entrever desconfianza: “El encargado de hablar por nosotros es Pampero” -su referente-, indicaron en la Ciudad Judicial, donde se convocaron a pedir la liberación de los detenidos. Son compañeras que hablan con preocupación, con angustia, porque quienes pudieron ingresar a verlos cuentan que los vieron golpeados, que los separaron en diversos pabellones y les sacaron las zapatillas y  camperas. “Los guardias dicen que las regalaron” comenta una. Le piden al abogado que les haga llegar los abrigos y la comida que les llevaron. “Los abrigos son para cualquiera, para el que los necesite”, refiere otra mujer.

Son alrededor de ochenta mantas tendidas en las peatonales. Analía tiene treinta años y un bolsón para desenvolver. Vive en el barrio Santa Cecilia. Junto a la compañera del puesto de al lad, brindaba servicios domésticos tercerizados. La agencia les dijo hace cuatro meses que debía prescindir de sus servicios.  Ahora vende medias en la calle florida. Compra la mercadería en un mayorista de la ciudad. Los ingresos que obtiene por la venta son variables. “Ayer vendí un solo par de medias. Me fui con treinta pesos”, expresa. “Somos muchas mujeres solas con hijos”. Además creen que los medios de comunicación elaboran una representatividad equivocada sobre ellos. “Pampero anda siempre en bici”, aclara.

La aclaración sobre Pampero se entiende y precisa de un necesario rodeo. Está relacionada con la forma en que las autoridades se valieron de la prensa para difundir sospechas y acusaciones sobre el sector que no detenta un acceso a los medios de comunicación. El portal web, “Informate Salta” refirió a una supuesta mafia existente entre los manteros y a la tenencia de una camioneta Amarok, representando a los laburantes como pudientes. Por su parte el subsecretario de control comercial, Nicolás Avellaneda caracterizó la manifestación como extorsiva. El diputado provincial Alejandro San Millán se animó a aseverar que “cada persona que trabaja en el comercio ilegal está comandada por alguien”.

Si nos retrotraemos a conflicto sostenido en la provincia de Buenos Aires con los manteros, podemos observar un discurso construido con idéntica estructura, conformando cosmovisiones que justifican las formas políticas que adopta el conflicto.

Rodrigo es artesano. Vive en barrio Floresta. Elabora billeteras grabadas en cuero y también comercializa pañuelos. “Diste con la persona idónea para hablar. Soy de lo más antiguos.”, dice sonriendo. Es oriundo del sur chileno pero habita hace más de treinta años en Argentina. Tiene una compañera y dos hijos a los que ayuda para que puedan ir a la universidad. Habla de un ingreso potencial de diez mil pesos al mes. Cuenta que tras el creciente desempleo, el comercio ambulante se duplicó. Le parece indispensable que el gobierno realice un monitoreo económico y social del sector y que se impulsen políticas públicas que promuevan la formalización del trabajo. Hasta ahora no hay datos oficiales que indiquen cuántos son los trabajadores que viven del comercio ambulante aunque se estima que son aproximadamente trescientos en la ciudad de Salta.

La charla se interrumpe porque dos turistas porteños se detienen a comprarle una billetera. “¿Una que diga ‘recuerdo de Salta’ tenés?”, le preguntan. Le piden una rebaja de cuarenta pesos; Rodrigo les baja diez. Cuando habla de los comerciantes dice “Ellos se oponen a nuestra informalidad y se jactan de pagar una carga social enorme pero ¿Cuántos de ellos tienen trabajadores en negro? De eso no dicen nada. No hay que ser egoísta en la vida”. “Es cierto que entre nosotros hay unos pocos que tienen una economía más cómoda pero eso no es representativo de todos. La mayoría es gente no pudiente”.

También cree que el gobierno actúa con insidia y que se castiga una doble pertenencia: Por un lado, la que se explicita en la justicia de clase y por otro lado; aquella decisión que adoptó el grupo al afiliarse al Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA) que se encuentra bajo la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si se habla de una justicia de clase, en palabras de Foucault, no es sólo porque la ley misma o la manera de aplicarla sirvan a los intereses de una clase; es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos, traza límites de tolerancia, da cierto campo de libertad a algunos, y hace presión sobre otros.

Paola tiene 20 años y un bebe al que amamanta. Hay más niños en la peatonal que acompañan a sus padres. Vive en barrio Miguel Araoz. Vende juguetes que trae de Bolivia: “Empecé esta actividad este año, cuando nació  mi hijo. Trabajaba como niñera y mi pareja también labura, pero no era suficiente”. Calcula que mensualmente le ingresan 4.500 pesos: “De eso, gasto la mitad en nueva mercadería, un cuarto en el viaje hasta Bolivia y el otro cuarto me queda para mis gastos”.

Claudia y Juanita quieren hablar porque sienten impotencia por la situación que viven los compañeros presos. Ellas, como todos, piden no ser demonizadas por la prensa.  Tienen 45 y 50 años, respectivamente.  No pudieron terminar la escuela y les encantaría poder trabajar de otra cosa. “¿A los 50 años quien nos va a dar trabajo?”, se preguntan. Claudia le pide a un compañero que la acompañe hasta la parada del colectivo porque tiene que cargar dos bolsones y está recién operada. Es viuda y tiene tres hijos que la acompañan, uno con retraso madurativo. “Cuando me operaron Matías y Juan fueron a cuidarme al hospital”. Matías y Juan, son dos de los chicos privados de libertad, que estudian en la UNSa. “Estudian durante el día y trabajan durante la noche para pagarse los estudios”, comentan.

Los comerciantes

Cuatro de los cinco consultados expresaron su disconformidad por tener a los manteros asentados cerca de sus comercios. Creen que alguno de estos trabajadores no son higiénicos, que afean la ciudad y que la competencia es desleal, porque la presión tributaria que se ejerce sobre ellos es excesiva. Responden que si bien los manteros venden productos de inferior calidad, la gente les compra. A algunos les resulta competencia, a otros no. En la tienda de bicicletas Postigo afirman que hay una persona que abastece a los manteros de mercadería, “que los explota” y que la Cámara de Comercio y el gobierno, saben quién es.

Jaime, el dueño de la marroquinería Jimmy de la Galería Continental, expresó que no podría oponerse a nadie que esté buscando ganarse la vida dignamente. “Ellos no molestan”. “¿Sabe por qué pienso así señorita? Porque trabajo desde los 12 años. Mis padres eran pobres. Empecé vendiendo gaseosas en la cancha de Lanús. También trabajé como carpintero. Sé que el sueño del pibe es ponerse un local”.