En un femicidio de diciembre la justicia de Tartagal tiene culpas. Una jueza pidió un informe que se sumó al expediente cuando Romelia Pistone ya había sido asesinada. Ada Zunino dirige hoy un juzgado en nuestra ciudad y un emprendimiento vedado a jueces y los Pistone viven aferrados a un pasado irrecuperable. (Daniel Avalos)
En el revoque fino de una tumba de cementerio alguien estampó a mano el nombre de Romelia Milagros Pistone. También la fecha de su nacimiento: 19 de diciembre de 1993; y la de su muerte: 6 de diciembre de 2014. El cementerio esta en Fortín Dragones, un pueblo a casi 400 kilómetros de la capital salteña y al que bien podríamos calificar de “otra provincia”. Una que en las profundidades del monte parece vivir una historia detenida y en donde sus habitantes esperan poco de un Estado que llega mal, en el mejor de los casos; o es cómplice de las tragedias que enlutan a los nadies de esa otra provincia. El caso de Romelia Pistone lo confirma. La prensa registró su nombre el 7 de diciembre del 2014 al señalar que representaba el “femicidio número 18” en la provincia, aunque a su familia sólo le importa enfatizar que el asesinato pudo evitarse y que por ello mismo la justicia es también responsable por lo ocurrido.
La casa de los Pistone no es distinta a otras de este pueblo: cercas de ramas y maderas que delimitan el amplio terreno en cuyo centro se yergue una mora del monte; por detrás de ésta la letrina; a la izquierda del árbol una habitación de adobe a la que se adosó una casilla de madera; y a la derecha del mismo árbol, otra construcción de bloques de la que sale una galería donde troncos hacen de columnas y vigas que sostienen las chapas que protegen del sol a Beatriz Pistone, sus padres y a Cuarto Poder. El relato de lo ocurrido el sábado 6 de diciembre del 2014 suena increíble, pero es imposible no creerles. En sus miradas opacadas por el dolor todavía sobrevuela la imagen del cuerpo ensangrentado de Romelia en una arenosa esquina del pueblo. Los Pistone no necesitan desbordar el lenguaje para describir el horror que vivieron. Les alcanza con ordenar los hechos y mostrar documentos que anunciaban que Fidel Maza, expareja de Romelia, haría lo que finalmente hizo.
“Ocurrió acá, a media cuadra” precisa Beatriz. Se refiere al lugar donde Fidel dio varias puñaladas a su hermana. Un viejo camping del que quedan vestigios herrumbrosos de bancos en los que ya nadie puede sentarse, mesadas y asadores semiderruidos y pequeños baños a los que no les quedan aberturas ni puertas. Allí bebía Maza aquella noche cuando por una callecita lateral apareció Romelia. Engalanada para un baile, se dirigía al complejo deportivo donde la música que rompía la monotonía del lugar informaba que la fiesta estaba en marcha. Romelia no llegó a destino. Maza la abordó a la vista de todos y la llevó al fondo del predio. Sobre una cerca que separa al viejo camping de las vías del ferrocarril ahora deglutidas por la vegetación, protagonizaron lo que los testigos creyeron era una discusión más de pareja.
No duro mucho. Beatriz asegura que su hermana se despidió de ella a las 22:50 y que a las 23:10 fueron a avisarle que Romelia estaba tirada sobre la calle. “Y yo dije: ¿Ya se ha machado? ¿Tan rápido se va a machar? Pero cuando llego allá estaba la policía y estaba tapada Romelia. Y yo le pregunto ¿por qué me la han tapado? Yo me la quiero llevar a mi casa a dormir, y ahí me dicen ‘lo lamento mucho’. Entonces ya me di cuenta y pregunté ¿Fue Fidel no? y ellos me dicen: ‘Sí, él la mató’.
La sospecha de Beatriz confirmada por la policía no era producto de un acierto azaroso. Todo el pueblo sabía de la violenta relación de pareja. La policía local también. El 18 de agosto del 2014 fue la propia Beatriz quien se presentó en la comisaría para informar que desde el paraje El Teniente, Romelia pedía auxilio por el maltrato que padecía. Diez días después, un nuevo pedido de auxilio por la misma vía y desde el mismo lugar donde la joven vivió un par de meses, en la casa de los padres de su pareja. La policía puso algunos reparos operativos y Beatriz ofreció nafta pero no hizo falta. El mismo Maza llevó a Romelia a Dragones y la dejó adormecida en la casa de la “comadre Arcelia”, una amiga de la familia. Fue entonces cuando la propia víctima se presentó en la comisaria. El cabo Julio Velarde y el suboficial Julio Segovia certificaron la denuncia de aquel 28 de agosto. Romelia confesó “querer mucho” a su pareja pero expuso que la relación estaba concluida, que el maltrato era verbal y físico, que Maza amenazaba con pegarle un tiro si ella osaba entablar otra relación, y que sus pocas pertenencias quedaron en lo de Maza que le prohibió llevárselas.
Traspapeleo letal
La causa terminó en el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal. La jueza a cargo, Ada Guillermina Zunino, citó para el 19 de septiembre a la denunciante y al denunciado. Éste negó las acusaciones; la primera amplió lo que ya había declarado en la comisaría de su pueblo: bofetadas en el rostro, patadas en el estómago, amenazas a sus hijos y una declaración final que en casos como este explica muchas cosas: “Ya estuvimos separados y yo de tonta volví, me dejó por otra, no tengo donde ir”. La jueza resolvió algunas cosas: Maza debía mantener una distancia de al menos 200 metros de Romelia; la policía estaba obligada a custodiar por 10 días el domicilio de la joven y tras ese tiempo realizar rondas periódicas. Romelia debía mantener una entrevista con la psicóloga del Poder Judicial. La profesional Laura Guerrero Palma hizo su evaluación ese mismo viernes 19 de septiembre y a las 11:40 horas del lunes 22, remitió por mesa de entrada su Informe Psicológico dirigido a la jueza.
Un informe que debería haber resguardado aún más la vida de Romelia si Zunino lo hubiese leído, cosa que aparentemente no ocurrió porque debajo del sello que certificó el ingreso, una anotación manuscrita redacto meses después: “Informo que el presente informe no fue agregado debido a que el Expte. se encontraba traspapelado”. La anotación es del 10 de diciembre del 2014. Cuatro días después de que en el viejo camping, Fidel Maza condujera a Romelia al fondo del predio y después de discutir unos minutos la abrazara y empezara a acuchillarla en la zona de la pelvis. Romelia logro librarse y trato de dejar atrás al viejo edificio de la estación de trenes, pero a los pocos metros sintió que el cuchillo tipo tramontina se introducía en su espalda. Beatriz relata cómo en ese lugar rodeado de asadores destruidos de los que cuelgan algunos hierros oxidados quedó una de las sandalias de Romelia que, sin embargo, siguió corriendo pero sólo para caer en la esquina arenosa de la calle principal del pueblo que concluye cuatro cuadras adelante, en la ruta 81.
El Informe que Ada Zunino no leyó a tiempo diagnosticaba que la víctima y el asesino tenían una relación “conflictiva” y sin canales de comunicación saludables; que en la misma primaba “la asimetría en la distribución de roles, ubicándose Romelia en lugar de sumisión y dependencia (…) no sólo desde lo emocional (…) sino también desde lo estructural ya que la joven no tiene un lugar en el cual vivir junto a sus hijos”; que si bien Romelia “desde lo manifiesto reconoce los actos de violencia hacia ella y sus hijos, desde lo latente, no logra percibir el riesgo en el cual se encuentra, tendiendo más bien a minimizar y naturalizar los actos de violencia”. La conclusión de la profesional era tajante: “Romelia y sus hijos se encuentra en un alto nivel de riego y vulnerabilidad ya que se encuentra en una situación de violencia extrema. Se considera que es alta la probabilidad de que surjan nuevas denuncias”. Finalmente, Laura Guerrero Palma sugirió “resguardar la integridad física y emocional de la Sra. y principalmente sus hijos menores de edad” y que se “mantengan las medidas de protección dispuestas por S.S.”.
Fuentes judiciales consultadas se mostraron sorprendidas ante tamaña negligencia. Admiten que es frecuente el traspapeleo de un expediente, pero aclaran que una situación de esa naturaleza es tan perjudicial para un magistrado o sus secretarios que las tareas de rastreo y reubicación del mismo son rápidas. De allí que califiquen de sospechosos los tres meses. Ello sólo requeriría un inicio de actuaciones que tiendan a dar con los responsables de la omisión cuyas consecuencias fatales debería agilizar aún más las pesquisas para determinar porqué ciertos burócratas que hacen del pegado de estampillas y los sellados toda una ceremonia, son capaces de perder por tres meses lo único que parecen amar en la vida: el trámite.
Nadie encaró aún esas actuaciones. Lo confirma la carrera judicial de la propia jueza Ada Guillermina Zunino. El 2 de febrero pasado dejó el caliente Distrito Judicial de Tartagal y juró como jueza de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro. Cuando lo hizo, ya cargaba con varias denuncias en su contra. Una de ellas está firmada por Beatriz Pistone, quien solicitó al Fiscal Penal de Tartagal, Pablo Cabot, se inicie una investigación penal que determine las responsabilidades de policías y jueces en la muerte de su hermana. La denuncia está fechada el 15 de diciembre de 2014 y de su lectura surgen dos elementos importantes: Beatriz denuncia la nula eficacia policial para resguardar la vida de su hermana tal como Ada Zunino había ordenado el 19 de septiembre y que la llevaron a presentar cuatro exposiciones policiales entre ese mes y la muerte de Romelia; pero ignoraba la existencia del Informe Psicológico al que Cuarto Poder accedió en Tartagal y un día después de visitar a los Pistone en Fortín Dragones.
Romelia y su padre
El viaje de las noticias
En la recién inaugurada Ciudad Judicial de Tartagal, en ese exquisito edificio de arquitectura prepotente y similar al de la ciudad de Salta; las malas noticias no tienen la velocidad que según el dicho popular es propia de un rayo. Allí fuimos al encuentro del Fiscal Pablo Cabot para saber cuál era el estado de la denuncia que Beatriz Pistone y otros nadies de Tartagal habían levantado contra a jueza Zunino. La respuesta fue propia de quien asegura andar corriendo de una audiencia a otra: “Esta en averiguación preliminar”. El tecnicismo puede traducirse fácilmente: a cinco meses de la denuncia, el fiscal mandó a pedir los expedientes del caso Pistone y otros (accedimos a algunos vinculados a adopciones de niños para empezar a estudiarlos) para recién empezar a leerlos.
No es este el único ejemplo del lento viaje de las malas noticias. Cuarto Poder estableció el pasado jueves un contacto telefónico con la psicóloga del Poder Judicial de Tartagal, Laura Guerrero Palma. Queríamos saber cuál era el sentir de una profesional que rubricó un informe que podría haber salvado la vida de una joven y que sin embargo quedó traspapelado. La profesional se declaró “consternada e impotente”. Ignoraba hasta esa comunicación que Romelia había sido brutalmente asesinada y también la suerte que había corrido su informe. Una conclusión se impone: algunas de las peores crueldades de nuestra Justicia son las crueldades impersonales de la decisión a distancia, del sistema o de la rutina; crueldades que siempre se justifican recurriendo a las deplorables condiciones operativas que padecen los hombres y mujeres de la justicia.
En contrapartida, para los seres queridos de una víctima, las malas noticias sí tienen la velocidad de un rayo. Beatriz, como vimos, se enteró del final de su hermana en minutos. Lo mismo ocurrió con su padre. Su nombre es Rolando, tiene el pelo revuelto y una edad que nos resulta indefinida. Cuando empezamos a dialogar se empeña en responder con caballerosos “sí señor” “no señor” hasta que finalmente decide dirigir la charla. Relata que estando en la finca donde trabajaba ese día, sintió que una camioneta ingresaba al puesto. En el vehículo venía uno de sus hijos que sin muchas sutilezas le dijo: “Papá, papá, papá…la han muerto a la Romelia”. Sobre el short que tenía puesto para dormir, el hombre se calzó un pantalón y se montó a la camioneta. Cuando llegó a Dragones el cuerpo de su hija seguía en la calle. Rolando, cada tanto, nos confiesa: “Mire señor, la intención mía no era buena. Cuando venía por allá, yo venía con malas intenciones”. Rolando no hizo justicia por mano propia porque el asesino ya se había entregado.
La madre, Esmeregilda Cisneros, no habla porque simplemente llora. Cuando puede controlar el llanto nos dice que a Romelia la recuerda “con sus 20 añitos, muy bonita con sus dos hijitos, un buen corazón, ha sido la mejorcita”. También reprocha: “Yo le decía siempre a ellos que éste [por Fidel Maza] me la va a matar” e insiste en recordarnos lo que Beatriz y Rómulo ya nos habían mencionado: un hermano de Fidel Maza también está encarcelado por matar a una mujer en Embarcación. La certeza de la madre era tal, que en los últimos meses solía discutir con Romelia porque cuando ella dejaba la casa, Esmeregilda la seguía con un cuchillo y un fierro por si aparecía Fidel, o por si la misma Romelia iba a verlo a escondidas.
El sábado 6 de diciembre no lo hizo. Estaba en la casa de un familiar en Tartagal a donde iba una vez por mes a tratar su diabetes y los problemas de hueso. “Yo estaba descansado esa noche, eran como la diez de la noche. Y hacía un calor y como es tapiado su casa no entra viento por ningún lado y entonces salí afuerita. Al rato suena el teléfono, como a las once y media o doce menos diez. Y cuando sentí la voz de mi hija dije ‘algo ha pasado’. Pero en ese momento pensé que los chiquitos se me han quebrado o algo, porque usted ve como son los chicos. O bien es él [señalando a su esposo Rómulo] porque yo sabía que estaba en el monte. Y no me querían contar y después al rato me llama mi sobrina para afuera y después me dice otra sobrina ‘Tía…yo no quiero que usted se ponga mal. Pasó esto, la mataron a su hija’. ¿A cuál de mis hijas? pregunte yo. No me digas que es a Romelita. ‘A ella tía’, me dice”.
La pregunta sobre a cuál de sus hijas habían matado, se entiende. Beatriz Pistone también sabe de maltratos. Quien era su pareja, actualmente se encuentra encarcelado por maltratarla y violarla. Y mientras Esmeregilda relata lo imposible que era conseguir transporte que le permitiera recorrer el centenar de kilómetros que separan a Tartagal de Fortín Dragones; cómo finalmente logró llegar a su pueblo cuando ya clareaba el sol, y cómo su familia no la dejó ver el cuerpo de su Romelita; Rómulo y Beatriz tratan de controlar a los cuatro niños que con la curiosidad y las ansiedades propias de los niños de todas las geografías entorpecen el trabajo del grabador. Entre ellos disparan Celene de tres años y Joel de cinco. Son los hijos de Romelia. Ahora han quedado al cuidado de la familia y habitan esa casa donde también crecen los hijos de Beatriz. Se parecen bastante unos a los otros, aunque lo que más los iguala son sus piececitos que grafican bien el lugar y la pobreza en donde crecen: el talón endurecido y tajeado, el empeine y los deditos fuertes y cubiertos de tierra, las uñas gruesas y ennegrecidas.
Un tipo de piececitos, a fin de cuentas, muy distintos al de los jueces y secretarios judiciales que tuvieron en sus manos el caso de Romelia Milagro Pistone. Hombres o mujeres de la justicia cuyos ingresos les permiten no sólo satisfacer necesidades, sino también ir en busca del goce de muchos lujos. Tal como debe ocurrir con la que era responsable del expediente traspapelado, la jueza Ada Zunino. Más aún si ella es la misma Ada Guillermina Zunino que el 4 de marzo del 2015 publicó un edicto en el diario El Tribuno. Allí solicitaba junto a otra persona de igual apellido y en carácter de propietarios de un inmueble de Metán, una concesión de 350 metros cúbicos de agua pública por día “para uso pecuario, para 5.000 cabezas de ganado bovino”.
Algo bastante impresionante en lo que a riqueza se refiere pero que, además y dicho sea de paso, contradice el artículo 155 de la Constitución Provincial que establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.
