Sergio Leavy fue agraciado esta semana por el Poder Ejecutivo provincial: se le asignó una asesora que es planta permanente del Ministerio de Primera Infancia, es decir, que percibe un salario como trabajadora del estado. Alfio Bustos
Octubre de 2017, domingo de elecciones por la noche, ya con los primeros resultados en el búnker hay exaltación y el principal referente del espacio expresa: “Lo primero que quiero decir es que nos enfrentamos a dos aparatos muy poderosos, como son la Nación y la Provincia, y los vencimos. Digo que los vencimos porque logramos un diputado nacional cuando creían que lo nuestro era una utopía”, luego añade que “esto se logró con mucha coherencia”. El que hablaba era Sergio “Oso” Leavy, referente del kirchnerismo en Salta. Repasemos un hecho reciente y reconsideremos la lucha de Leavy contra el aparato provincial y su vidriosa idea de “coherencia”.
Para hacerlo no vamos a hablar de la confesional posición de Leavy contra el derecho al aborto ni de sus reuniones con operadores del Grand Bourg, vamos a tomar un acto de gobierno puntual: la cesión que hace la Provincia de una persona de planta permanente del estado para que trabaje en el despacho del diputado nacional. El dinero del salario de la nueva asesora saldrá del erario público. Asesora, entonces, es un eufemismo para referir a una ñoqui.
Hace unos días se conoció que Sandra Mabel Frías, trabajadora de planta permanente del Ministerio de Primera Infancia, trabajará para Leavy hasta el año próximo o hasta que éste lo determine. “Autorízase la afectación de la Sra. Sandra Mabel Frías (…), personal de planta permanente del Ministerio de Primera Infancia, para cumplir tareas en el Despacho del Diputado Nacional, Sr. Sergio Leavy, a partir de la fecha del presente y mientras duren las necesidades de servicio, o hasta el 28 de febrero de 2019, lo que ocurra primero”, subraya la designación realizada el 18 de mayo último, que lleva la firma del gobernador, Juan Manuel Urtubey, del jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y del titular de la cartera nombrada, Carlos Abeleira.
Este semanario publicó hace un par de semanas (edición 1166) un artículo que ilustró la tapa y que se tituló “Para Andrés no hay ajuste”. Se abordaba el caso de catorce trabajadores del Ejecutivo que eran asignados como asesores en el despacho del diputado nacional, erogación que debería corresponderle a la fuerza política que éste representa y no a la contabilidad pública del estado. Como agravante, se hacía ostensible que el ajuste determinado por el Gobierno de la Provincia luego del “pacto fiscal” con la Casa Rosada tenía criterios dispares: para cualquier derecho laboral de las y los trabajadores estatales sirvió como argumento de dilación, pero para un diputado nacional oficialista no tuvo ninguna relevancia la intención de disminuir el déficit fiscal “modernizando y eficientizando los recursos” del estado. En este caso, si bien el número de asesores es menor, sólo una, hay un trasfondo político de incoherencia además del factor económico y de ética política.
En última instancia, Zottos es oficialista y, para quienes cultivan la ética política que estando en el poder público todos/as haríamos usufructo faccional del patrimonio colectivo, no es tan grave que se lo beneficie desde el Gobierno. No está del todo bien, creen aquellos, pero cualquier gobierno haría lo mismo. “Mal de muchos, consuelo de tontos”, arrima la sabiduría popular. En cambio, lo de Leavy ni siquiera puede explicarse con esa laxitud ética, su base política se suponía que era de oposición tanto a Mauricio Macri y Cambiemos como a Urtubey y su proyecto presidencial.
Para algunas/os esto podrá ser novedad pero Cuarto Poder ya había advertido sobre la especial cercanía de Leavy y el Partido de la Victoria (PV) con el oficialismo provincial en los últimos tiempos: en la edición 1165 del 21 de abril de este año, el periodista Aníbal Roldán publicaba una crónica de la sesión de diputados de esa semana, “Licencia para encubrir”, donde delataba que Isabel De Vita, legisladora provincial del PV acababa de ser beneficiada con una licencia en un cargo político que ocupaba dentro del Ejecutivo, fuerza gobernante a la que dice oponerse en el parlamento.
Por otra parte, en el pirulo de tapa de la edición 1167 del 5 de mayo, se apuntaba textualmente: “Párrafo aparte para el exjefe comunal de Tartagal, crédito kirchnerista, quien esta semana también mantuvo un encuentro a solas con Yarade, el jefe de Gabinete. Aunque hace algunas semanas estuvo presuroso en delimitarse de (Gustavo) Sáenz diciendo que en Salta éste encarna a Macri, tuvo pocos reparos en compartir sillón con los dos hombres que gobernaron la provincia en los últimos 23 años”. En el mismo día, aquel viernes 4 de mayo, Leavy asistió a la reunión que Juan Carlos Romero y Ricardo Gómez Díez gestionaron ante Urtubey para tratar impulsar una reforma constitucional, y fue recibido en su despacho por el jefe de Gabinete, línea directa con Urtubey.
Sobre el Grand Bourg cabe mencionar que continúa su arbitrariedad de disponer recursos para cargos políticos que deben ser cubiertos con fondos partidarios, no públicos. Téngase en cuenta que los diputados ya reciben un monto fijo para guarecerse de asesores, independiente de su remuneración y dietas y establecido de modo reglamentario. En cuanto a Leavy y al PV, aunque sigan sumándose actos proselitistas como el del club Libertad donde se declame apoyo al progresismo kirchnerista, los entrelazamientos con el oficialismo provincial del gobernador Urtubey son evidentes. Las ínfulas opositoras que tanto se bramaron en la campaña electoral del año pasado tuvieron un alcance sólo de ese tipo, comicial.
Ante estas genuflexiones, anticipemos otra de las respuestas que puedan surgir de quienes cultivan la ética política de asumir la disputa por el poder con una dinámica inevitablemente inescrupulosa: Leavy o cualquiera que no haga lo que dijo en campaña, por ejemplo también Isabel De Vita, son unos “traidores”. Eran “sapos” que había que comerse para ganarle a Cambiemos y al colaboracionismo de Urtubey, cuestión que finalmente no se logró, pero que, se prometía, iban a estar condicionados por el “movimiento”. La realidad es que se ven pocos reparos de estos “sapos” en trabajar con quienes iba a combatir, según confiaba el movimiento. A los que ahora tratan como traidores, aun a sabiendas que eran “sapos” y que podían hacer este tipo de cosas, son sospechosamente ingenuos o intencionadamente advenedizos, a estas alturas del desarrollo de la historia nacional queda poco lugar para confiar en dirigentes de la casta. Reseñemos: en sus años mozos el propio general Juan Domingo Perón definió como “excrecencia y traidorzuelo” a Manuel de Anchorena. Una canturía repetida hasta el hartazgo desde entonces para evitar reconocer que la ética política de esa corriente histórica ya no tiene nada que ver con la independencia política, la justicia social y la soberanía económica.
La asesora
Frías, que viene de ocupar funciones en el Ministerio de Primera Infancia de Abeleira, hombre de Carlos Teófilo Parodi, hace varios años que recorre la administración pública de Urtubey, siempre como agrupamiento político. En enero de 2008, a poco de que había asumido el nuevo gobierno, fue designada como administrativa intermedia en la Secretaría de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Humano, por entonces a cargo de Silvia Miranda, que un mes después, en febrero de aquel año, sería reemplazada por quien hoy titulariza la sociedad del estado Saeta, Claudio Mastrandrea.
Recuperemos ahora dichos en los que la coherencia de Leavy, independientemente del machismo que denotan, sea más aceptable que cuando se dice combatiente de los aparatos nacional y provincial: “El Partido de la Victoria siempre fue la amante de Urtubey”, subrayó en un programa radial salteño en abril de 2017, preludiando el desplante electoral, y sólo electoral, que el PV hizo unos meses después. Miranda, depuesta a 60 días de haber asumido Urtubey la gobernación, fue la primera ministra removida de su cargo y pertenecía, justamente, al PV.
Frías, que ahora trabajará en el despacho de Leavy, pasó luego al Ministerio de Derechos Humanos, en particular a la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, desde donde tuvo un intento frustrado de traslado al Instituto Provincial de la Salud. Regresó a Derechos Humanos nuevamente como “agrupamiento administrativo”. En julio de 2016, cuando ya era planta permanente en Primera Infancia, fue asignada en la Casa de Salta de la Capital Federal. En noviembre del año pasado, cuando la oposición entre Leavy y el PV contra Urtubey estaba en su punto más alto, Frías era reasignada dentro del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, específicamente en la Subsecretaría de Políticas Sociales.
Con los nuevos fisgoneos entre unos/as y otros/as de los peronistas que dicen oponerse a Macri, superadas las diferencias que se prolongaron durante la campaña electoral, el Ejecutivo le concede a Leavy que una trabajadora de planta permanente del estado, ciertamente con afinidad partidaria con el diputado, trabaje en su despacho de legislador nacional. ¿El estado somos todos?
