El verdadero rol del estado vuelve a ser materia de discusión a días de las elecciones legislativas nacionales. Un principio de explicación a la baja expectativa ciudadana puede encontrarse en la ausencia de las instituciones públicas a la hora de resolver las demandas más elementales del electorado.
A días de las primarias nacionales que definirán el curso de la acción política en los próximos dos años, las plataformas políticas se encaman en debates completamente escindidos de las necesidades inmediatas del electorado. Mientras el peronismo porteño pretende politizar forzosamente la reivindicación del «garche», desde Juntos por el Cambio se empeñan en explicar por qué es distinto fumar porro en Palermo que hacerlo en las villas. En Salta mientras tanto, asistimos a la curiosa transición entre una elección «sin grietas» (tal como quisieron presentarla quienes se proclamaron ganadores) a la participación explícita del oficialismo provincial en el armado nacional.
Las preocupaciones y demandas que se vieron agravadas durante la pandemia, permanecen aún irresueltas y socavan poco a poco las expectativas de la población en la resolución política de los conflictos.
La consultora Oh! Panel llevó a cabo una investigación respecto de las principales preocupaciones de la ciudadanía argentina previo a las elecciones legislativas y generales, que tendrán lugar el 12 de septiembre y 14 de noviembre respectivamente.
Frente a la interrogante «¿Cuáles son en tu opinión los problemas más importantes que debe resolver el país actualmente?», los entrevistados eligieron a la inflación (65%), desocupación/desempleo (64%), pobreza (61%) e inseguridad (59%).
Le siguen el impacto del Covid-19 sobre la economía (44%), estado de la educación (44%), corrupción pública (39%), el impacto del Covid-19 sobre la salud (39%), el estado de las jubilaciones y pensiones (35%) y los bajos salarios (35%).
En las últimas posiciones, se encuentran el estado de salud (33%), la presión impositiva/impuestos (31%), gestionar la cuarentena de Covid-19 (23%), distribución del ingreso (22%), impuesto a las ganancias (16%) y negociación de paritarias (11%).
La consultora agrega que el motivo por el cual ciertas variables obtuvieron mayor relevancia durante la encuesta, como por ejemplo la inseguridad y el desempleo, se debe a «a la relajación del aislamiento» para combatir la enfermedad infecciosa en el país.
Los estudios además confirman que las problemáticas vinculadas al espectro económico son notoriamente más atribuibles a la administración nacional, mientras que los gobiernos provinciales corren con los costos políticos asociados a los conflictos de salud o de seguridad. En cualquier caso, este tipo de crisis pone de manifiesto la eterna tensión entre la presencia/ausencia del estado.
Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un consorcio en el que participan la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y la Universidad Nacional de Hurlingham, da cuenta que la ciudadanía mantiene la visión Estado-céntrica post 2001. Es el Estado, y no el mercado, el depositario de las expectativas de mejora de la situación económica y social.
Cuando a la gente se le pregunta quién tiene el papel principal para reducir la pobreza, casi el 64 por ciento contesta que es el Estado, frente a un 16 por ciento que señala a las empresas y porcentajes mucho menores para la iglesia y las organizaciones no-gubernamentales (ONG).
Esto permite ver que no se espera nada de los empresarios y, aunque se pueden apreciar las obras de solidaridad de la iglesia y las ONG, el concepto central es que sólo el Estado y la política pueden equilibrar, aunque sea en parte los desequilibrios entre ricos y pobres.
Sin embargo, asignar al estado un carácter resolutivo no siempre redunda en mayor representatividad y expectativas por parte de la ciudadanía. En condiciones como las anteriormente descriptas, el estado también aparece distante en términos de confianza.
Pandemia, estado y salud
Lo imprescindible del rol estatal quedó en evidencia como nunca durante la etapa más dura de la pandemia. En la actualidad, los desajustes entre las necesidades colectivas y las respuestas del estado se manifiestan con más o menos tenor en el despliegue de las campañas de vacunación. Argentina tiene cada vez más vacunas, pero el ritmo de inmunización de la población no aumenta en la medida que podría hacerlo para aprovechar este nuevo escenario de “abundancia” luego del padecimiento de un primer semestre de escasez. En el país hay 6,1 millones de dosis sin aplicar al día de hoy. Esa disponibilidad por ahora no se traduce en un incremento de las inoculaciones en general, ni de las segundas dosis en particular.
Pero la situación en Salta es todavía peor si se analiza de manera particular. Según el monitor público de vacunación, en el territorio provincial hay alrededor de 370 mil vacunas en cámaras de almacenamiento que aún no fueron aplicadas. La cifra ubica a Salta en el segundo peor lugar en porcentaje de población vacunada con una y dos dosis. En el primer caso, la cobertura provincial llega al 53% mientras que el promedio nacional es del 65%; en cuanto al esquema completo de vacunación, sólo se alcanzó al 23% en Salta, mientras que el promedio nacional es de 32,9%.
Pese a haber sido declarados esenciales desde el minuto uno de la pandemia, los trabajadores y profesionales de la salud manifestaron en reiteradas oportunidades sentirse descartables para el estado. Al amague de no renovación de contratos en el Hospital San Bernardo se sumaron otras situaciones críticas como el colapso del sistema en el norte provincial. Durante la etapa más cruda de la emergencia sanitaria, desde el gobierno insistieron en que la ocupación de camas UTI no era tan grave como la escasez de recursos humanos, particularmente de terapistas. El representante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en la provincia, Oscar Muñoz, llegó a afirmar que los intensivistas en toda la provincia eran aproximadamente 40 en total, situación que aún no logró subsanarse.
La política del aplazo
No es menos grave la situación educativa de la provincia. La enorme mayoría de los representantes de la clase política egresó de colegios privados y tradicionales de Salta y, haciendo un repaso de los gabinetes provincial y municipal, ese porcentaje llega casi al 100%. Prácticamente ninguno de ellos confía en los establecimientos públicos para la formación y enseñanza de sus hijos, lo que indudablemente se traduce en un desentendimiento profundo de las necesidades de docentes y alumnos.
Las cinco semanas de conflicto salarial docente evidenciaron, además de la fractura entre las bases trabajadoras y la burocracia sindical, el fracaso de la política en la resolución de conflictos. Los contubernios celebrados entre la denominada intergremial docente y los gobiernos provinciales de los últimos años, sólo sirvieron para impulsar la organización de la docencia por fuera de la tutela y del amparo sindical. Una dispersión que se materializa a su vez en las múltiples facciones hacia adentro del movimiento autoconvocado.
A mediados del año pasado, el 80% de los docentes autoconvocados (según una encuesta realizada por esta organización) consideraba que las condiciones no estaban dadas para retomar las clases presenciales. El motivo tenía que ver con que, a pesar del tiempo transcurrido, no se había fortalecido la infraestructura en los establecimientos para el cumplimiento de los protocolos. En tal sentido, un 70,2% respondió que la institución en la que trabaja está en situación «regular» o «mala»; en tanto que, el 80,5% consideró que su lugar de trabajo no está adecuado para las exigencias de un protocolo Covid.
Gestión con sabor a negocios
El municipio tampoco está exento de señalamientos propios del abandono estatal y la falta de expectativas en la resolución de problemas. Mientras los sondeos barriales apuntan a que el estado de las calles, el desmalezados y el mantenimiento de espacios verdes son los pedidos más urgentes de los vecinos; la administración municipal insiste en la consolidación del negocio de las fotomultas.
Empecinados en cubrir de billetes a la cámara empresaria CECAITRA, los funcionarios municipales recibieron una vez más el cuestionamiento de los concejales. Romina Arroyo fue lapidaria al denunciar que “nos mintieron en la cara, el procedimiento fue tramposo” e interpeló a Daniel Nallar diciéndole: “No sé qué título tiene, pero debería devolverlo, se llevó administración pública a marzo”. Por su parte, Ángel Causarano, señaló que “la intendenta tiene la oportunidad de sacar a los funcionarios que le hicieron firmar el convenio” y exigió que los miembros del Gabinete “pongan la cara y digan que se equivocaron”. Por su parte, José García subrayó que “en la vida se puede hacer de todo, menos, no pagar las consecuencias” y le solicitó “un poco más de humildad al Ejecutivo municipal”.
Posiblemente el entrevero de intereses privados con la función pública sea uno de los elementos de mayor desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones del estado. El cuestionado convenio entre el municipio y la CECAITRA reúne incuestionablemente esa condición. Los servicios de alumbrado en manos privadas y las licitaciones para trabajos de bacheo, entre otras funciones, también ponen un signo de interrogación al verdadero papel del estado municipal.
