El PAMI cambió de gestión y dejó atrás una lista de situaciones escandalosas que terminaron con la ex directora Verónica Molina dejando su puesto en Salta para caer en paracaídas con un cargo en Nación a pesar de estar imputada.
Gabriela Hernández
En estos días el PAMI volvió a ser noticia en Salta tras el reciente cambio de dirección, un cambio muy esperado después de todas las irregularidades que presentó la gestión de Verónica Molina.
El nuevo director del PAMI Salta es Ignacio Gonzales, ya formaba parte del organismo como coordinador ejecutivo, es señalado como saencista, fue concejal en la Ciudad de Salta entre 2015 y 2017, luego pasó a ser subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Salta entre 2018 y 2019 y luego fue el de coordinador General del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para al fin pasar y ascender en el PAMI.
Una tras otra
Veronica Molina, abogada y referente de la Cámpora fue designada directora ejecutiva del PAMI en enero del 2020 de la mano de Luana Vilnovich quien la hizo firmar contrato en Bs As, acompañada también por Diego Albornoz el cual asumió a la par como Coordinador Ejecutivo. A Molina se le encargó «contribuir al mejoramiento del sistema previsional y la recuperación del rol social del organismo nacional» algo que a simple vista no sucedió.
Por otro lado desde la Cámpora la mostraban como una persona de muchísima capacidad, que estuvo acompañando los juicios de lesa humanidad, experta en temas de comunidades originarias por lo que había que darle oportunidades porque había llevado a cabo mucha luchas.
Tiempo después y como lo había previsto la Cámpora asumiría el militante Marcos Vera en la dirección de ANSES, retirado este año tras imputársele varios delitos.
Denuncia e imputación
La gestión de Molina al frente del PAMI tuvo varias irregularidades en la atención y en el manejo de recursos, siendo lo más fuerte una imputación en torno al supuesto pago compulsivo que ex gerentes de uno de los organismos hicieron en favor de una organización política (La Cámpora).
El año pasado en notas de Cuarto Poder tomamos testimonios y pruebas de las ex gerentes que denunciaban esto.
Las investigaciones fiscales informaban que “Durante una audiencia multipropósito ante la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, la fiscalía amplió la acusación penal en contra de la directora de la filial local del PAMI, Angelica Verónica Molina, y el asesor de la ANSeS Salta, Marcos Vera Ramírez, contra quienes ya se abrió una investigación penal por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado”.
En este caso, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, sumó nuevos hechos a ambos funcionarios respecto al delito de peculado. En el caso de Vera, solicitó la acumulación de otra investigación seguida en su contra por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), formalizada el 22 de abril del año pasado.
Por otra parte, imputó por el mismo delito y en calidad de partícipe necesario a otros dos funcionarios del PAMI y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y Fernando Andrés Ruarte, quien era concejal capitalino al momento de los hechos.
Al fundar esta ampliación de la acusación, el fiscal recordó detalles del inicio de la investigación, formalizada el 22 de octubre pasado. Explicó que el caso surgió a partir de la información aportada por un testigo que pidió reserva de su identidad.
En su relato, dijo que Vera y Molina obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta a entregar el 20 por ciento de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política “La Cámpora”, tal como surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido por el cobro irregular del IFE a tres ex gerentes del PAMI.
También hizo referencia a una serie de evidencias ya colectadas, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado, maniobra que fue ratificada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Toranzos fundó esta convicción en nuevas evidencias, como el informe técnico realizado al teléfono de Fabiana Juárez, una de las ex gerentes juzgada, quien sacó a luz en el juicio la exigencia del pago del 20 por ciento. Al cotejar los números, se precisó que los mensajes, en los que se pedía el pago de ese aporte, pertenecían a Vera y Molina.
La fiscalía reveló que, en la cuenta bancaria de Vera se detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos, con la discriminación del caso, lo cual permitió confirmar no sólo los nuevos hechos, sino la participación de Gerónimo y Albornoz en la maniobra de peculado.
Además de los pagos mediante transferencia, la fiscalía indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de bolsín del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes.
Conflicto en Orán
Otros de los casos fuertes que desembarcaron en que Molina deje su cargo tiene que ver con que en diciembre del 2021 la Justicia Federal ordenó que se le dé solución a la situación de jubilados de Hipólito Yrigoyen los cuales quedaron sin poder elegir médicos y con la obligación de asistir a otra ciudad para atenderse.
En junio de este año al no cumplirse lo solicitado afiliados del PAMI tomaron una medida extrema: cortaron la ruta 50 de Orán, exigieron una reunión urgente con las autoridades nacionales: «Nunca nos habilitaron las clínicas en estos cuatro años y hay una sola farmacia para los 15 mil afiliados” de Orán comentó a los medios Josè Guerrero representante del grupo.
Premio al mal funcionamiento
Si bien son muchos los factores que desencadenaron en la retirada de Molina esta fue sostenida mucho tiempo por las autoridades nacionales, algo que solo complicó las cosas ya que al creerse intocable por la capa protectora porteña la mujer empeoró sus acciones.
Si bien fue expulsada del PAMI por casos a cara descubierta de corrupción su funcionamiento tiene premio y es que saltó a la luz que no le soltaron la mano sino que la ascendieron a un puesto en Nación, una resolución detalla que «la directora ejecutiva del PAMI firmó una resolución con la que destacó a Molina en comisión de servicio a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde mantendrá «idéntica situación de revista en lo que respecta al agrupamiento, tramo, carga horaria y adicional por función jerárquica que percibe actualmente»». Estas acciones hablan de un pase libre para los funcionarios corruptos siempre y cuando tengan bancada nacional, así que no sorprenda que volvamos a tener noticias malas.
Trabajadores del PAMI celebraron la expulsión de Molina del PAMI, ya que habían denunciado maltratos varios por parte de la ex directora hoy reciclada.
