El auto-empleo es legítimo por el contexto en que surgen, pero objeto de persecución por la fuerza pública. Es el caso de los remises que hacen el tramo Orán-Salta y que denuncian of de record los chanchullos que practica la intendencia de Marcelo Lara Gros en Orán con ellos. (Franco Hessling)
Esta condición de servicio legítimo pero no legal se prestaría para muchos chanchullos, ya que en la interminable promesa de conceder los permisos y habilitaciones correspondientes van y vienen coimas, extorsiones, aprietes, amenazas y amiguismos, según denuncian los miembros de la cooperativa de transporte “San Ramón de la Nueva Orán”, la cual cuenta con 26 integrantes, algunos de los cuales trabajan en el rubro desde hace 14 años.
La cooperativa empezó a conformarse hace un año, en aquella oportunidad iniciaron la cadenciosa tarea de ir cumpliendo todos los requisitos que se fijaban en la jurisdicción nacional, incluso ya cuentan con un local propio desde hace cuatro meses que está situado en la avenida Nogel, entre ruta 50 y calle San Martín, en la cálida tierra del norte provincial. Sin embargo aún no consiguen la tan ansiada habilitación municipal para poder realizar sus viajes sosegadamente; en cuenta de eso habrían sido sistemáticamente ignorados y hasta estafados, lo cual hace que su trabajo sea un permanente foco de enfrentamiento con la Seguridad Vial.
Según declaran algunos cooperativistas hace dos años recibieron una oferta perentoria para consumar finalmente su habilitación municipal. El ofrecimiento habría estado a cargo de intermediarios de la intendencia, entre los que mencionaron a Marcelo González, Oscar Román y Manuel Barrios, quienes habrían solicitado un aporte de aproximadamente 1.000 pesos a cada chofer con el fin de solventar los fastuosos gastos que representan movilizar la voluntad del Intendente Lara Gros para aplicar el sello municipal en los cuadernos de circulación de ruta; lo que legalmente se conformaría como su habilitación para efectuar los viajes.
La penosa noticia fue que aquel dinero no pudo vehiculizar la abulia gubernamental del municipio, pudiéndose considerar aquel hecho, de ser cierto, como una denodada estafa. Luego de ello, al no ver los resultados esperados, los remiseros relatan sus innumerables idas a la casa de Gobierno de Orán, rememorando que “nunca fuimos atendidos por Lara Gros, aunque sí por su Secretario”. Sobre los intermediarios primigenios en la negociación apuntan que “jamás volvimos a tener contacto con ellos, fue como si desaparecieran”.
Entonces a pesar que los remiseros nucleados en la cooperativa tiene el aval de funcionamiento nacional, según comentan, aún no pueden legalizar su situación en la provincia. Esto hace que reciban un severo hostigamiento por parte de Seguridad Vial, cuyo personal, por ejemplo, en las adyacencias de la Terminal de la Ciudad Capital tomaba fotografías, hacía anotaciones e incluso estaba alerta a emprender su marcha detrás de cualquier coche que salía de allí.
“Estamos cansados de los abusos de autoridad de la Vial, te obligan a bajar del auto y presionan a los pasajeros para que testifiquen en tu contra”, comentaban algunos o sentenciaban invitando a la reflexión: “nosotros no somos ladrones, trabajamos, queremos tributar pero la municipalidad no nos deja, estamos cansados que nos persigan como a delincuentes”.
Todos los choferes tienen el carnet correspondiente al transporte de pasajeros -D1-, sin embargo eso no es suficiente si no reciben la habilitación municipal y a partir de ello la tramitación de su permiso en la Comisión Provincial de Regulación de Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Economía. Más allá de sus demandas en esa oficina provincial tampoco han recibido respuestas, no obstante mencionan los casos de “amigos del poder” que fugazmente se transformaron en beneficiaros de licencias.
Los cooperativistas acusan a Manolo Manzano, Ricardo López y José Pons, latifundistas o acaudalados de Orán respectivamente, de haber sido beneficiaros expeditivamente gracias a su estrecho vínculo con el Intendente Lara Gros. “Ellos no necesitan las licencias, las reciben y las alquilan para otros laburantes, en cambio para nosotros es nuestra fuente única de ingresos”, indican los denunciantes.
La campaña oficial
Nos acercamos a las inmediaciones de la División Judicial de Seguridad Vial, en las proximidades del Parque San Martín sobre calle San Juan. Consultamos a un oficial sobre los puntos a tener en cuenta a la hora de hacer impartir la ley para los remises inter-municipales, a lo que respondió con concienzuda evasiva: “eso lo tenés que averiguar en AMT o en la Comisión de Transporte de la Provincia, ellos nos dicen qué tenemos que hacer”.
Ya en las oficinas de AMT, Horacio García de la Gerencia de Usuarios, explicó que el caso de los trabajadores de Orán no es de su competencia ya que esa jurisdicción del norte provincial no está comprendida en el área Metropolitana. De todos modos indicó que tenía entendido que los permisos se otorgan “para traer pasajeros acá, pero no pueden llevarse pasajeros de acá para allá”. Además remarcó que esa área estaba regulada directamente por la ya citada Comisión Provincial de Regulación de Transporte.
En esa dependencia se explayaron argumentando que sus enfoques están directamente comprendidos en la Ley Nacional de tránsito 24.449 y en su concomitante Ley provincial 7.126. Apuntaron que el sistema de funcionamiento para el caso de remises es de cupos individuales según cada municipio, debido a que tal servicio es considerado un “diferencial” en relación al servicio público de pasajeros que ofrecen los colectivos. “El 90% de los municipios tiene servicio público de pasajeros por ello se dosifican los cupos para los remises”, expresó el encargado de la dependencia quien además agregó que “hay un estudio previo para asignar los cupos para cada municipio, el mismo está sujeto a varias cuestiones, entre ellas la eficiencia del servicio de transporte público”.
Con esto dejó claro que la última palabra sobre habilitaciones la tiene la Comisión a su cargo, por lo que cuando un municipio administra o sede más licencias de las que debería, éstas no tienen validez. Es decir, para ser legal no sólo hace falta el carnet D1 y la habilitación municipal sino también la autorización de la Comisión provincial. Ésta le transfiere a las fuerzas públicas competentes, la Seguridad Vial principalmente, un listado de los vehículos que cumplen con toda esa gama de requisitos, y es a través de ese documento que la Seguridad Vial realiza sus relevamientos en la ruta.
El titular del área continuó explicando que a pesar de ellos dar el último visto de aceptación a los inscriptos, su competencia en los municipios termina en el número de licencias cedidas. Cada comuna a su vez, a través de sus representantes, selecciona con sus propios criterios a los beneficiarios de las licencias; los cupos para Orán son 15, están todos cubiertos aunque los remiseros denuncian poca claridad en los criterios de asignación.
Consultado sobre el funcionamiento de las cooperativas, y si hay algún resquicio regulatorio que las ampare, el referente de la Comisión Provincial de Transporte las definió como una estrategia “parasitaria” que ataca directamente el sano fin de lucro que tienen las empresas de transporte público de pasajeros, a las que dicha Comisión “debe proteger”.
Sanciones
Los afectados comentan que han padecido pagos enormes por sus infracciones; los montos oscilan entre los $8.000 y los $12.000. Al respecto uno de los denunciantes manifestó que “a veces se te hace imposible pagar semejante multa, encima si no pagás no te devuelven el auto y no podes trabajar”, por ello las penalizaciones significan un golpe enorme para sus bolsillos pero también para su fuente laboral.
Por otra parte cuando son interceptados por la Seguridad Vial, señalan, reciben vilipendios y vejaciones que no sólo van en la línea de lo verbal-simbólico, sino que en muchas ocasiones “te abren el auto y te bajan de un topetazo, te tratan como si estarías robando”. Los autos son incautados por 90 días, pero comentan que deben apurarse a recuperarlos porque si se retrasan el móvil que se les devuelve no está en las mismas condiciones que cuando la Fuerza Pública lo secuestra.
