El ex concejal del Pj, Ramón Rodríguez, procesado por violación a una joven de 22 años y el gendarme Claudio Sanchez acusado de complicidad, irán a juicio. (Claudia Álvarez Ferreyra)
La fiscal María Soledad Oyarzú requirió la elevación a juicio luego de que cobrara estado público la decisión del juez Francisco Oyarzú de otorgarle el arresto domiciliario al ex concejal Rodríguez. También este medio, al consultar por la situación del procesamiento del gendarme Claudio Sánchez, obtuvo información de que estaba con prisión domiciliaria. La causa es por abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes.
El abogado querellante Pablo Cardozo Cisneros al ser consultado explicó que “el juzgado de garantías de nominación 1, a cargo de Francisco José Oyarzú, argumentó el arresto domiciliario basándose en que la fiscal omitió actualizar los fundamentos por los cuales considera necesaria la privación de la libertad del imputado sin valorar los elementos de convicción incorporados a la causa”. También el juez denegó el pedido de prórroga de la investigación penal preparatoria que realizó la fiscalía “porque se presentó de forma extemporánea”.
Cardozo adelantó que apelará la decisión de Oyarzú de otorgarle el arresto domicilario a Rodríguez. Sostuvo: “el juez que no valoró que Rodríguez estuvo fugado en los primeros días y le da un beneficio procesal. Esto es totalmente incompatible no solamente con la ley sino con la racionalidad”. Además existe otra denuncia contra el ex concejal por amenazas a la víctima que no prosperó en la justicia. Al respecto el abogado señaló que “éstas serían sólo noticias procesales o judiciales si no hubiera un marcado tinte político”. Enfatizó que después de salir de prisión, Rodríguez publicó una foto en facebook “vistiendo la camiseta del sector político al que pertenece (Consenso Federal, brindando su apoyo al intendente Marcelo Lara Gross candidato a senador nacional y al Urtubey como vicepresidente)”.
El periodista oranense Samuel Huerga, expresó que el arresto domiciliario refleja una situación de impunidad. Sostuvo que la joven viene siendo revictimizada y que no se está comprendiendo la gravedad del caso en el que enfrenta a un entramado “judicial y político». Dijo que la joven “tuvo que declarar cinco veces, le hicieron 3 pericias y 2 exámenes médicos. Se encuentra golpeada emocionalmente, siente que no le creen. Es de una familia humilde, le apedrearon la casa, le ofrecieron dinero, sufrió extorsiones. Nadie cobra dimensión de lo que le está pasando a esta chica”.
Información oficial
En el parte de prensa de la elevación a juicio que se dio a conocer este viernes, se evidencia el paso de la pelota entre las responsabilidades de que los ex funcionarios- Rodríguez y Sánchez- imputados por violación estén en su casa. La información oficial del Ministerio Público Fiscal menciona como “antojadizo” el fundamento del juez interviniente para no otorgar una prórroga del plazo de investigación preliminar solicitado por la fiscalía que aseguran se hizo en tiempo y forma, el 12 de junio pasado y Oyarzú se pronunció el 30 de julio siguiente».
También el parte oficial dice que «la Fiscal adelantó opinión con mérito incriminador hacia Ramón Isauro Rodríguez y Claudio Alberto Sánchez, ambos de 29 años, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes»
Según el testimonio de la víctima, Rodríguez cometió la violación el 2 de febrero pasado, cuando a la salida del boliche se ofreció a llevarla a su casa junto a Sánchez. La mujer se defendió, pudo abrir la puerta del vehículo y salió corriendo. Fue auxiliada por otras mujeres que se trasladaban en auto y llamaron a la policía. La fiscalía detalla «el amigo del acusado- Claudio Sánchez- presenció el hecho (la violación), pero no hizo nada para repeler la acción”, sostiene el escrito.
En el extenso pedido de elevación a juicio, constan la primera denuncia realizada por la madre de la víctima, la denuncia de la propia víctima y su testimonio, las declaraciones testimoniales de testigos, las pericias e informes policiales sobre cámaras de seguridad, inspecciones oculares y recorrido realizado por especialistas de la División Criminalística, el informe médico del CIF sobre el examen realizado a la víctima y los informes psicológicos de los acusados y la víctima. Sobre el último informe, las responsables señalaron que “no advirtieron indicadores de fabulación o mendacidad, no se observan indicadores psicopatológicos que impidan comprender el proceso que se lleva a cabo y sí indicadores de posible abuso sexual padecido”.
En el mismo pedido, la Fiscal recordó que “solicitó autorización al Juzgado de Garantías a fin de no afectar el derecho de intimidad que pudiera implicar la medida (pericias sobre el teléfono celular), encontrándose ello en trámite, siendo este el motivo de solicitud de prórroga de la Investigación Preliminar a la que el juez no hizo lugar”.
También agregó que “la conducta enrostrada merece mayor reproche penal porque en el hecho intervinieron dos personas, lo cual acrecienta el estado de vulnerabilidad e indefensión en el que se encontraba la víctima al verse superada en número y como se dijo tener que duplicar los esfuerzos para esgrimir una defensa en un lugar desprovisto de gente en horario de descanso”.
