La Corte de Salta detuvo la destitución de un concejal denunciado por abusos.
Hector Ramón Barraza era un concejal de Oran. Fue electo por el partido Ahora Patria. El propietario de una colchonera en Pichanal es activista «Provida», miembro de la Iglesia Evangelista y fue denunciado por el padre de una adolescente que buscaba trabajo en su local comercial por abuso sexual simple.Quedó detenido y fue destituido como concejal.
Ese Barraza fue quien presentó un proyecto en julio del año pasado para declarar a Orán como municipio “pro vida” y “pro familia”, propuesta que fue aprobada. «El objetivo fundamental del proyecto es la defensa y protección del derecho a la vida en todos los ámbitos de la ciudad”, decía el hasta ese momento concejal. Y quería que el Ejecutivo incorpore la leyenda “Orán ciudad pro vida” en toda la documentación y papelería oficial.
Barraza interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la resolución que dispuso su destitución.
La Corte de Justicia de Salta determinó que la decisión por la que el Concejo Deliberante sanciona a uno de sus miembros constituye una cuestión justiciable. Al respecto el artículo 297 del Código Procesal Civil y Comercial dice que “la vía idónea para demandar el control del Tribunal sobre actos de esa naturaleza», es la Justicia. Y hace lugar al recurso planteado por el concejal destituido, «con efecto suspensivo, en tanto fue interpuesto dentro del plazo de cinco días establecido por el artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial”, señalaron los jueces del Alto Tribunal, advirtiendo que Barraza “continúa en sus funciones de concejal hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”.
Entonces es posible que hoy, Hector Barraza regrese a su puesto de concejal en Orán. Echando por tierra la decisión del cuerpo deliberativo que representa la voluntad de su pueblo.
