Fuentes internas de la compañía revelaron a Cuarto Poder el mecanismo sistemático con el que se contrabandeaba cobre hacia Bolivia y Paraguay. Despidos masivos, cifras millonarias, maniobras documentadas y una flota de 70 camiones totalmente paralizada. La causa que podría estallar en cualquier momento y la sombra del poder político sobre un negocio multimillonario.
Las piezas empezaron a encajar recién ahora. Lo que hasta hace meses parecían ser rumores dispersos dentro de la planta de Metalnor —comentarios de pasillo, silencios forzados, órdenes transmitidas en voz baja— empezó a tomar forma de testimonio sólido, verificable y sostenido. Fuentes internas de la compañía detallaron con precisión cómo operaba el contrabando de metales estratégicos, especialmente cobre, hacia Bolivia y Paraguay.
Según revelaron a este medio, la operatoria no era esporádica ni fruto de la improvisación, sino un sistema cuidadosamente aceitado en el que confluyen intereses económicos colosales, complicidades institucionales y una lógica empresarial que, aun en crisis, parece haber encontrado en la ilegalidad su mayor fuente de recursos.
Detrás de todo, una cifra que dimensiona la escala del negocio: cada camión podía transportar hasta 12 toneladas de cobre oculto, a un valor interno de 10 mil pesos por kilo y una reventa en dólares muy superior. Multiplique ese número por varias unidades saliendo semanalmente hacia la frontera y entenderá por qué hoy en Metalnor reina el pánico y la parálisis.
Mucho más que 50 despidos
La crisis que estalló hacia afuera con la noticia de 50 despidos reflejada por este medio, pero esa cifra fue apenas un espejismo. Metalnor —bajo la razón social INDOPLER S.A.— habría echado al menos 120 empleados, a quienes ofreció una “indemnización” equivalente a dos sueldos. Y esos sueldos ya venían reducidos por un artificio administrativo: aunque el convenio decía que debían cobrar 1,2 millones por ocho horas de trabajo, los operarios percibían alrededor de 800 mil pesos.
El recorte de personal vino acompañado de una exigencia brutal: absorber las tareas de los compañeros despedidos sin actualización salarial. En las líneas de separación manual, por ejemplo, donde trabajaban seis personas por turno, quedaron cuatro, y en muchas ocasiones solo tres.
Todo eso derivó en una denuncia judicial por coacción y extorsión. Pero esa causa, aunque grave, era apenas la superficie. Lo verdaderamente explosivo estaba debajo, mucho más cerca de los silos de metal que de las oficinas de Recursos Humanos.
La punta del ovillo
Entre los despedidos aparecía un dato que llamó la atención: un número considerable de ellos eran camioneros. Conductores con años de experiencia que de pronto quedaron fuera del esquema. La razón de fondo empezó a asomar enseguida.
Las 70 unidades de la flota de la empresa están hoy completamente paralizadas. Sin actividad. Bajo techo, en galpones de 10 mil metros cuadrados que se parecen más a hangares que a depósitos metalúrgicos.
¿La explicación? Según confirmaron a Cuarto Poder, los movimientos de la empresa están siendo seguido de cerca por fuerzas federales, después de una serie de episodios de contrabando de metales en los últimos meses. Uno de ellos involucró directamente a un camión de Metalnor en el sur del país.
La escena fue reveladora. El conductor detenido en aquel operativo llevaba remitos adulterados: declaraban chatarra, pero el cargamento real era cobre. Un claro caso de contrabando de metales estratégicos. Siete meses después, ese transportista sigue preso y enfrenta una fianza cercana a los 40 millones de pesos.
Ese episodio, que entonces se intentó minimizar como un “error administrativo”, resultó ser apenas la puerta de entrada a un sistema con rutinas claras, roles definidos y una logística tan rústica como eficaz.
La maniobra
La confirmación de que no se trataba de un hecho aislado llegó desde el interior de la propia empresa. Lo dijeron sin rodeos: el contrabando era una práctica sistemática.
“Se iban tapados. Abajo iba el cobre y arriba el acero. Los gendarmes no levantaban el acero porque es pesado”, detalló una de las fuentes.
Otra fue más precisa: “Al acero lo tiraban a granel en bolsones. Se ponía el cobre abajo y se tapaba con restos de metales. A veces también se escondía bronce”.
El itinerario era siempre el mismo: los camiones salían de la planta con destino a Bolivia o Paraguay. Cada uno con capacidad para transportar 24 toneladas. La mitad —o más— era cobre.
Las órdenes bajaban desde arriba sin disimulo. Un operario al que obligaron a “esconder” el cobre bajo chatarra relató:
“Nosotros recibíamos la orden de nuestro jefe. A eso lo siguieron haciendo incluso después de los despidos”.
Lo más inquietante es que todo eso habría quedado documentado: cargas, remitos, videos internos, modificaciones de registro, pero también material fotográfico. Una mina de información que, si se judicializa, puede comprometer a mandos medios y altos por igual.
70 camiones parados
En los últimos días, las maniobras cambiaron. De manera abrupta y delatora. La flota de 70 camiones permanece inmóvil, pero no porque la empresa haya dejado de mover metal. Según una fuente consultada: “Ahora empezaron a usar camiones fleteros comunes para sacar el metal, porque a los camiones los vienen siguiendo bastante”.
La frase alude a la presencia constante de fuerzas federales en los accesos, los caminos rurales y los galpones externos. La empresa habría optado por no exponer su flota identificable y tercerizar traslados urgentes por fuera de los registros habituales.
Pero nada se compara con una revelación que, de confirmarse, derivaría en una causa judicial mayor:
“Los camiones a veces salían en grupos de 15, de los cuales uno iba siempre cargado de efectivo, como si fuera un camión de caudales”.
El nivel de crudeza de la frase va acompañado de otro dato: para que la caravana pudiera circular sin controles, muchas veces contaba con la anuencia de personal de Gendarmería, Policía Federal y otras autoridades. La descripción recuerda más al universo del crimen organizado que a la actividad normal de una recicladora de metales en Salta.
Material estratégico en manos equivocadas
El cobre no es un metal cualquiera. Es estratégico para la industria y por eso su manejo está estrictamente regulado. La Ley de Aduanas (22.415) sanciona con 2 a 8 años de prisión a quienes adulteren información, obstaculicen controles o participen de maniobras de contrabando.
En los últimos años, el Estado argentino emitió incluso prohibiciones temporales de exportación de cobre y aluminio ante el riesgo de desabastecimiento interno. La normativa se complementa con regulaciones provinciales sobre el acopio y comercialización de metales no ferrosos.
El contrabando sostenido de toneladas de cobre no solo implica un perjuicio multimillonario para el fisco, sino también un daño directo a la industria nacional, que depende de esos insumos para sectores tan diversos como la electrónica, la construcción, la energía y las telecomunicaciones.
El rostro de la insensibilidad
Mientras la empresa movía toneladas de cobre disimulado entre chatarra, los trabajadores despedidos fueron sometidos a un protocolo humillante. Los llamaron uno por uno para que aceptaran una salida “elegante”, aunque miserable: dos sueldos mal calculados, sin reconocer la insalubridad de la tarea ni su encuadramiento real —debieron estar bajo la Unión Obrera Metalúrgica, pero figuraban como empleados de comercio.
Como si fuera poco, fueron cargados en vehículos de la empresa y trasladados hasta una oficina de correo para pedir ellos mismos sus telegramas de renuncia. Una puesta en escena que buscó blindar a la empresa, aunque terminó revelando, por contraste, la lógica de sometimiento que impera puertas adentro.
Una causa que está por estallar
Las fuentes consultadas coinciden en algo: hay miedo. Miedo a que la causa avance, a que aparezcan pruebas que ya nadie podrá negar, a que las fuerzas federales actúen con más contundencia. Miedo también a que los documentos internos, los videos y las órdenes registradas en los sistemas de despacho salgan a la luz.
La combinación de contrabando sistemático, complicidad institucional, maniobras documentadas, fortunas en efectivo circulando y una flota inmóvil por temor a controles configura un escenario que difícilmente pueda sostenerse mucho tiempo más en silencio.
Y cuando eso ocurre, lo que queda al descubierto no es solo un delito, sino la arquitectura completa de un sistema que operó a la sombra del poder político y económico de Salta.
