A la sombra de los despidos en Metalnor emerge un mapa de sociedades donde se mezclan contratistas del Estado, empresas mineras y desarrollos inmobiliarios. Detrás del apellido Yobi se teje un esquema que combina dinero, favores y silencio político. La sospecha: que los despidos encubren el traspaso de recursos a nuevas firmas del mismo grupo familiar.
El despido de 50 trabajadores de Metalnor —que este medio dio a conocer la semana pasada— podría ser apenas la superficie visible de un movimiento mucho más amplio. La versión que circula entre empleados y allegados no habla solo de crisis o ajuste, sino de algo más complejo: una maniobra de traspaso de capitales hacia nuevas sociedades creadas por los mismos dueños.
Los hermanos Simón Ezequiel, Jorge Aníbal y Diego Matías Yobi, actuales titulares de Metalnor, aprendieron el oficio familiar de su padre, Yobi Saman Jorge José, un comerciante de chatarra que desde un pequeño galpón en la calle Urquiza construyó el germen del grupo metalúrgico. Desde esos inicios precarios —todo prácticamente en negro— los Yobi ascendieron en el ecosistema empresario salteño.
Metalnor fue durante años la cara visible del grupo. Pero, como suele ocurrir en los negocios familiares que se profesionalizan al calor del poder político, con el tiempo aparecieron nuevas razones sociales, domicilios compartidos y objetos comerciales tan amplios que podrían abarcar desde la chatarra hasta el turismo. La herencia del patriarca se transformó, con la segunda generación, en un entramado de sociedades donde todo parece pertenecer al mismo grupo, aunque cada firma jure actuar por cuenta propia.
Muchas direcciones, los mismos apellidos
Los registros del Boletín Oficial permiten reconstruir, con precisión quirúrgica, el mapa de intereses del clan Yobi. Allí aparece una primera pieza: la Mina Valentina, en Chicoana, registrada en 2010 a nombre de Simón Ezequiel Yobi. El expediente, tramitado ante el Juzgado de Minas, reconoce el “descubrimiento” de un yacimiento de cobre de casi 3.000 hectáreas. Desde entonces, el apellido Yobi dejó de estar solo asociado a la chatarra: también al subsuelo.
A partir de allí, la multiplicación fue constante. En 2017 se constituyó Metalúrgica Integral S.A., con los tres hermanos como socios. Su objeto social abarca desde la compra y venta de metales hasta el transporte, la fabricación de aceros y la importación de maquinaria. Una descripción tan generosa que podría servir para casi cualquier negocio, desde la fundición hasta el comercio exterior.
Dos años después apareció Ecomet S.R.L., también de los tres hermanos, con domicilio en la ruta 26, camino a La Isla. Formalmente, Ecomet se dedica a la compra de metales y desechos metálicos y al transporte de cargas. De allí surgió luego, en 2022, una tercera sociedad: Argentina Recicla S.A., una fusión entre Ecomet y Metalúrgica Integral que colocó a Simón Yobi como presidente. El objeto es casi una copia textual del anterior: comercialización de metales, fundición, transporte y exportación.
Pero la expansión no se detuvo allí. En paralelo al negocio metalúrgico, los Yobi incursionaron en otros rubros. Nubes S.A., constituida en 2019, se presenta como empresa hotelera, gastronómica y turística, con domicilio en la calle Islas Malvinas N° 27. Allí mismo funcionan varias otras firmas del grupo, como si la dirección fuese más un punto de encuentro que una sede real de actividades.
Ese mismo año se registró Dolphin Andina S.A., dedicada al negocio inmobiliario. El imponente edificio de Jujuy y Caseros, en pleno centro salteño, pertenece a esta firma. La sociedad, constituida por los tres hermanos, contempla desde la compraventa hasta la administración de propiedades, lo que la convierte en una herramienta ideal para mover capital a través del ladrillo.
En 2020, con un capital de nueve millones de pesos, nació La Rosita S.A., también en ruta 26. El objeto social es similar al de Dolphin Andina, aunque amplía su alcance a fideicomisos privados, un instrumento que —por su bajo nivel de control— suele servir para canalizar inversiones con discreción.
Tres años más tarde, en noviembre de 2023, apareció Cocel S.A., dedicada a la logística, importación, exportación y almacenamiento de mercaderías. Otra vez, la dirección de ruta 26 y los mismos nombres en el acta constitutiva.
Y en abril de 2024, Jorge Aníbal Yobi fundó Metcons IDE S.A.S., con sede en Cerrillos. Su objeto es tan ambicioso como elástico: construcciones, desarrollos inmobiliarios, emprendimientos turísticos, fabricación metalúrgica, fideicomisos y hasta “gestionar o explotar concesiones otorgadas por gobiernos nacionales, provinciales o municipales”. Una frase que, leída con detenimiento, parece más una invitación a la obra pública que una simple declaración de intenciones.
Finalmente, la pieza más reciente y más política: Industrias Zapla S.A., publicada en el Boletín Oficial de Jujuy el 9 de abril de 2025. Aquí el entramado familiar se cruza con nombres conocidos del poder salteño: Fernando Yarade, exjefe de Gabinete de Juan Manuel Urtubey, figura como socio junto a los tres Yobi. El escribano autorizante es Víctor Manuel Brizuela, histórico colaborador del exgobernador Juan Carlos Romero, mientras que su hijo, Manuel Brizuela Quintana, abogado y escriba ocasional del diario familiar, integra el directorio.
El objeto social de Industrias Zapla es tan vasto como los intereses de sus fundadores: producción y transformación de materias primas, comercialización, transporte, inversiones y generación de energía. El capital inicial asciende a 90 millones de pesos. El tipo de cifra que, en un contexto de crisis industrial, hace ruido por sí sola.
El salto a la política y el humo que no era sólo de papeles
A la luz de estos datos, la historia de Metalnor parece menos un caso aislado que una pieza más dentro de una cadena cuidadosamente diseñada. La cronología de las sociedades muestra una secuencia precisa: mientras unas se consolidaban, otras nacían con objetos casi idénticos, compartiendo direcciones, socios y actividades.
En ese marco, el despido masivo y la quema de documentos en la planta de Metalnor adquieren otro sentido. No como el fin de un ciclo, sino como una operación de traspaso: liquidar una estructura para transferir activos, personal o contratos hacia otras firmas del mismo grupo. El manual clásico del vaciamiento empresarial.
El vínculo con figuras políticas agrega una capa más de sospecha. No se trata solo de empresarios que se diversifican, sino de un entramado que empieza a mezclarse con quienes deciden sobre concesiones, obras y exenciones impositivas. La presencia de apellidos conocidos en Industrias Zapla no parece casual: el cruce entre dinero privado y poder público suele anticipar negocios con más proyección que transparencia.
Nada de esto, claro, está probado judicialmente. Pero el patrón se repite: la multiplicación de sociedades, los domicilios comunes, los objetos sociales calcados, el silencio ante los despidos y la repentina capacidad para movilizar millones en nuevas inversiones.
La pregunta es si Metalnor fue el final de una etapa o el comienzo de otra. Si los 50 trabajadores despedidos fueron víctimas de una crisis o de una reestructuración planificada. Si el humo que se elevó sobre la planta aquel día provenía solo de los papeles quemados o si, en realidad, cubría la maniobra de un grupo que aprendió a reciclarlo todo: metales, empresas y hasta sus propias culpas.
