El concejal  macrista Juan Pablo Dávalos, presentó un ante-proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de esa localidad que prohíbe y limita la obra pública (entre otras cosas). Analizamos la situación de un municipio donde se pretende legislar para unos cuantos. (Juan Pablo Vazquez)

En el año 2006 era sancionada la ley 7418 de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta, la cual pretendía “constituir el marco legal, de aplicación en todo el territorio provincial, para la preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (en adelante PAUPS)”.

Bajo esta legislación fue que se dio lugar a la creación de la  Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (COPAUPS), la cual tiene como finalidad ser la autoridad de aplicación de dicha ley y entre sus atribuciones tiene la potestad de declarar las designaciones de los bienes que integran el PAUPS; y según el artículo 12  de la misma debe “Impedir la remodelación, ampliación, construcción y/o destrucción dentro de las áreas y/o bienes protegidos por esta Ley cuando dichas acciones degraden el PAUPS, pudiendo solicitar a la Autoridad de Aplicación disponga la paralización preventiva o definitiva de ellas”.

En el año 2014 bajo el decreto 1916/14 del gobernador Juan Manuel Urtubey,  se declaró como parte del PAUPS al área geográfica que integra el casco histórico de Villa San Lorenzo, en conjunto con lo que hoy es Castellanos.

Una ordenanza que vulnera

 La pasada sesión del Concejo Deliberante de San Lorenzo el concejal de Cambiemos,  Juan Pablo Dávalos, cercano hoy al espacio de Gustavo Sáenz y alineado en la estructura de Manuel Saravia (quien disputara la intendencia contra el oficialismo por este espacio), presentó un ante-proyecto de ordenanza que pretende declarar la “emergencia arquitectónica, ambiental, urbanística y paisajista” por un periodo de 360 días, amparándose en el proyecto de ley expuesto anteriormente.

Sin embargo la polémica llega en el artículo 2 de este proyecto en el que establece la prohibición de cualquier cambio o modificación del “uso del suelo, tala de árboles o desmontes por loteos, urbanizaciones, obras públicas o de infraestructura, prospecciones u obras energéticas, construcción y/o destrucción de obras particulares, lo mismo que su modificación, ampliación o remodelación”.

En términos reales esta medida estaría limitando el accionar de la municipalidad en cuanto a lo que es la implementación de la obra pública para cubrir las demandas de los vecinos, lo que presentaría un conflicto que afectaría a toda la comunidad de San Lorenzo, ya que ni siquiera se podría garantizar servicios básicos como el arreglo de calles, tuberías, etc.

Sin embargo pese a que esto forma parte de un aparente sabotaje de parte del presidente del concejo deliberante contra el oficialismo de Kila Gonza, en el medio se estaría afectando en gran parte a la población, ya que además de negar las obras que son necesarias para mejor la vida de los sanloreceños, en la ordenanza también queda prohibida toda modificación que se haga de manera privada. Esto quiere decir que si uno de los habitantes que reside dentro del casco histórico pretende  realizar una ampliación de su vivienda y/o alguna modificación edilicia estaría incumpliendo dicha ordenanza, por lo que le correspondería sanciones.

También se vería afectado el acceso a los servicios de luz y energía ya que las obras que impliquen la modificación del cableado energético están contempladas como prohibidas dentro del proyecto.

Desde el entorno de Dávalos aseguraron que dicho proyecto pretende terminar con el problema de las excepciones otorgadas por el concejo ante los casos de incumplimiento al código edilicio que rige en el municipio, y en el que muchos habitantes han caído en falta. Sin embargo previamente se había presentado el Proyecto Urbanístico Ambiental (PUA),  que regulaba esta problemática a través del ejecutivo municipal. Dicho proyecto tenía un plazo de tratamiento de 6 meses, periodo en el que todavía no ha sido tratado, incumpliendo incluso los plazos establecidos dentro de la Carta Orgánica Municipal (sancionada recientemente).

Este miércoles 26 de Junio se tratará el proyecto que presentó el presidente del concejo que para su aprobación necesita 4 de los 7 votos de los concejales. Se prevé que el  oficialismo representado por Aldo Gonza (hermano del intendente) y Agustina Rodríguez Laconi voten en contra ya que dicha medida limitaría el accionar de la Municipalidad. Virgilio Nuñez, concejal por el radicalismo y autor del PUA, también manifestó su oposición a dicho ante-proyecto, considerando el mismo como una “barbaridad jurídica”.

Las miradas del municipio estarán puestas sobre Gustavo Aguirre (PJ), Miguel Mercado (PRO) y “Pipo” Reynaga (Salta Somos Todos/Olmedo), quienes han mostrado tendencia a apoyar a Dávalos en sus proyectos, y quienes se han mostrado junto a Gustavo Sáenz, manifestando su apoyo a su pre-candidatura a Gobernador, y por ende a las aspiraciones a Intendente  Manuel Saravia, quien formo parte de una reunión en la que participaron los ediles junto al Intendente de la Ciudad de Salta. En el caso del empate, Juan Pablo Davalos definirá el futuro de su proyecto.

Sera cuestión de esperar que una pugna política electoral no vulnere los derechos ni los servicios de los habitantes de San Lorenzo, que no solo está compuesto por familias de alto capital adquisitivo, sino que  termina afectando a las familias de Barrios populares como La Montaña que espera solución a las problemáticas que afectan la zona, y que esta medida limitaría.