Eduardo Costello, ministro de Trabajo, dejó sin efecto las multas que se habían impuesto a ATE por $346 mil pesos. Es la primera medida luego de un decreto que habilitó a ese ministerio a hacer de juez en los casos de violación de leyes laborales que mayoritariamente violan empresarios acostumbrados al favor gubernamental.
Tal como adelantó este medio promediando el mes de julio, el decreto que facultaba al ministro Costello a resolver conflictos laborales se firmó en nombre de beneficiar a los trabajadores, pero servirá fundamentalmente para resolver la mayoría de los 11.000 expedientes que existen en esa área y que en su mayoría son por multas millonarias a empresarios que violan leyes laborales. Se trató del decreto 1979/14 que establece que antes de que la justicia resuelva si un empresario que infringe las leyes laborales debe cumplir con las sanciones que le impone el ministerio de Trabajo, será el propio Ministro quien podrá sentenciar “en primera instancia” lo que deberá tomarse como justo o injusto y como verdadero o falso.
Según empleados del propio ministerio, se tratan de cerca de 11.000 expedientes que en su conjunto incluyen multas millonarias y que mayoritariamente involucran a empresarios que violan leyes laborales. Cuarto Poder se había comunicado con el Secretario de Trabajo, Ramiro Chávez, para confirmar si la cantidad de expedientes denunciadas por las empleadas de su secretaría era correcta. El hombre evitó precisiones, aunque no desmintió la cifra ni el monto promedio que reuniría cada expediente que los empleados situaron en el orden de los $10.000 que multiplicados por los 11.000 expedientes, hacen un monto que ronda los 110 millones de pesos. Para dimensionar las posibilidades de irregularidades que todo ello supone, sólo hay que recordar que esa área de gobierno fue noticia cuando se descubrió que distintos empresarios adquirían a empleados de la Secretaría de Trabajo expedientes que al desaparecer, provocaban la desaparición de las denuncias y sanciones contra los empleadores en falta. El mismo Eduardo Costello había reconocido que las denuncias incluían a empleados y autoridades y que el delito perjudicaba no sólo al “Estado sino que también perjudican a los trabajadores”.
Tal como también lo adelantáramos, esa medida sería objeto de un gran lavado de cara con un justificativo clásico: permitiría al gobierno ser benevolente con los trabajadores salteños que poseían multas labradas por el Ministerio. La estrategia finalmente empieza a materializarse. El oficialista “diario chiquito” informó hoy que el Ministerio decidió devolver a ATE y APSADES el dinero que depositaron ambos gremios para realizar el recurso de apelación por haber violado una conciliación obligatoria en medio de un convulsionado mes de abril que estuvo atravesado por huelgas. Ese depósito era del 20% de la multa, cifra que antes del decreto en cuestión, era necesario depositar para apelar a la justicia y que, después de decreto, ya no hace falta ir a la justicia porque puede resolverlo el ministro. «Se decidió dejar la multa de lado entendiendo que los gremios no tenían antecedentes además de haberse generado en un momento muy confuso. Ante ello se entendió que resultaba excesiva la sanción mediante una multa, por lo que se decidió aplicar un apercibimiento», dijo el funcionario al hablar con el diario chiquito.
