Ni las críticas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres ni la impugnación del Comité de Femicidios sirvieron para que Ezequiel Molinatti finalmente se convierta en Fiscal pese a que posee denuncias por violencias de género.
Solo con buenas intenciones no se logra mucho. Es lo que demostró la existencia de estos dos organismos encargados de velar por las políticas públicas acordes a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en una provincia que todavía sigue mostrando sus raíces más patriarcales.
Ya hemos escuchado decir por parte de las directoras y del propio “equipo técnico” del Observatorio que la tarea se les dificulta porque así en palabras llanas, funcionarios de los distintos poderes se ven reticentes a aceptar que el organismo pueda capacitarlos. Ese es el argumento en el que se escudan para decir que sus “sugerencias”, rechazos, críticas y hasta impugnaciones no tienen ni el mínimo peso en decisiones, como en este caso en la justicia de Salta.
La semana pasada finalmente Ezequiel Molinati juró como fiscal. Le tomó juramento el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester ante la licencia por feria del Procurador Cornejo.
Eso pese a que el organismo ideado por el gobierno de Juan Manuel Urtubety le recordara su “Recomendación” Nº 2 que establece “como requisito para acceder y/o permanecer en cargos públicos en carácter de funcionario público, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades”.
Luego de que el exgobernador Urtubey enviara los pliegos de Molinati a la Legislatura para que fuera designado como fiscal, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género -que preside Abel Cornejo- también le solicitó que los retirara. Desde el organismo se argumentó que contra Molinati pesan dos denuncias de violencia de género que no se habían tenido en cuenta al evaluar sus antecedentes.
El órgano evaluador multisectorial objetó el pliego de Molinati ante el Senado por «los antecedentes fácticos del impugnado, su vinculación con hechos constitutivos de violencia de género, la violación de preceptos establecidos en el reglamento interno del Consejo de la Magistratura y las obligaciones del Estado argentino, en relación a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres». No importó, Molinatti ya está a cargo de la Fiscalía Penal 6, ubicada en el barrio Solidaridad.
