Luego de las declaraciones del titular del Sedronar, padre Juan Carlos Molina, en contra de criminalizar al consumidor de estupefacientes, se avizora un nuevo escenario de abordar esta problemática más desde una óptica humanizadora que represiva, tanto a nivel nacional como provincial. (Garrik)
No por nada el mandatario salteño nombró recientemente al experimentado psicólogo, Lic. Martin Teruel, al frente de la Secretaría para el Abordaje Integral de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, para que la lucha contra las adicciones se enfoque de manera integral y fundada en un modelo social y de derechos humanos en su prevención y tratamiento.
Este criterio va en línea con lo manifestado por el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el cura Juan Carlos Molina, quien sostuvo que se debe dejar de criminalizar al consumidor de estupefacientes, y que está trabajando con legisladores nacionales para que se que transparente y haga legal lo que ya existe de hecho después del fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la nación.
Sin ir más lejos, en la provincia de Mendoza, ya no hay presos por tenencia de drogas para consumo personal, y las causas contra los ciudadanos que son sorprendidos con marihuana, cocaína, LSD, éxtasis o cualquier otro tipo de sustancia que la Justicia federal compruebe que es para uso propio, pasan al archivo como consecuencia de la aplicación del fallo “Arriola”, que despenalizó esa conducta en 2009.
Leading case
Es decir que a partir del fallo “Arriola” en el año 2009, el máximo tribunal del país instauró un nuevo paradigma en lo que hace a los derechos individuales de los consumidores de estupefacientes, dejando en claro que penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal ha venido a ser, por un lado ilegal, por el otro ineficaz como un medio para disuadir el consumo, y finalmente significa un derroche enorme de recursos públicos que deberían redireccionarse para combatir el tráfico de tóxicos.
Es ilegal porque vulnera el ámbito de autonomía privada que protege el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este ámbito privado no se refiere a un lugar físico, el concepto es mucho más amplio, y significa que el hombre es dueño y libre de elegir el estilo de vida que su conciencia le dicte, aunque esa forma de vivir le sea perjudicial o contrario al que siga la mayoría, todo esto en la medida que no genere un daño a terceros.
Es un medio ineficaz para disuadir el consumo y luchar contra el tráfico porque desde que la ley penaliza la tenencia de drogas para consumo y la Corte legalizara esta situación, allá por el año 90, en el caso Montalvo, se creyó que persiguiendo penalmente a los consumidores se disuadiría el consumo y se combatiría exitosamente el narcotráfico, pero tanto el consumo como el tráfico han aumentado considerablemente. Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Argentina se ha convertido en un país de tránsito y de elaboración de ciertas sustancias, y ha aumentado el consumo de muchas drogas, como ser: cocaína, paco, opio, anfetaminas, éxtasis, psicofármacos sin prescripción médica e inhalante.
No hay pena que disuada a quien tiene una adicción psicológica o física. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías con sede en Lisboa, en el Informe Anual del 2004 había concluido que “no existen indicios de que la criminalización del consumo de drogas tenga efecto disuasorio para los jóvenes”. Las tendencias de consumo se corresponden más con factores culturales, económicos y sociales, y no con la intimidación penal.
Finalmente es un dispendio de los recursos públicos, principalmente policial como judicial, ya que importa un enorme derroche de esfuerzo, dinero y tiempo de la policía y de la justicia en procedimientos inútiles desde el punto de vista político criminal, como lo demuestran los más de veinte años transcurridos.
El gobierno uruguayo, luego de legalizar el consumo de cannabis, argumentó que su prohibición no significó más que criminalizar y perseguir al consumidor y un dispendio de recursos públicos, pero en modo alguno se logró combatir al tráfico ilegal. Recordemos que Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, y el primero en el mundo en poner en manos del Estado el control total de esta sustancia.
De hecho, en la mayoría de los países de la región ya se ha despenalizado la tenencia para consumo personal, y además dedican los recursos disponibles a la persecución del tráfico de estupefacientes.
El turno del Congreso
En el Congreso Nacional, ya se iniciaron debates en comisiones en vistas a modificar la ley de drogas 23.737 que rige actualmente, y que en su artículo 14 párrafo segundo se sanciona con pena de prisión de hasta dos años a quien tenga estupefacientes para consumo personal. El proyecto con mayor consenso, que nuclea al oficialismo, a la UCR y al Frente Amplio Progresista, brega por un paradigma alternativo al prohibicionista, que involucra cambios en la persecución del crimen organizado dedicado a las drogas y en la atención de los usuarios (aún espera ser tratada en el recinto).
La sanción de la ley actual, según enseña el magistrado Eugenio Zaffaroni, fue impulsada por la administración de Richard Nixon en Estados Unidos e implica “una política criminal absurda y suicida”. “El consumo es un problema de salud, que tiene su propia naturaleza. Si se lo saca de ahí y se lo lleva a una naturaleza que le es artificial, como la esfera penal, no se resuelve el problema”. Zaffaroni recordó “sentencias aberrantes”, como la de un consumidor a quien la policía le encontró “restos de marihuana en el bolsillo” y fue arrestado “por hacer peligrar la seguridad nacional”.
No se deben buscar soluciones donde el problema no existe, reza un dicho popular. Y esa es la política en Corea del Norte respecto de la marihuana. Al contrario de lo establecido por la ley internacional, Corea del Norte no considera a la marihuana y el opio como drogas. Entonces, su cultivo, venta y consumo no están penalizados. Una solución sencilla para problemas tan grandes.
