Una investigación realizada por la Fundación OCLADE (Obra Claretiana para el Desarrollo) sobre la implementación de la Asignación Universal por Hijo en la Puna Jujeña y Salteña, denunció que cuatro de cada diez niños de esos lugares carece de protección social estatal.
El relevamiento se realizó sobre 5.048 niños, niñas y adolescentes indígenas de los departamentos de Humahuaca, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Susques de la Provincia de Jujuy y de los territorios correspondientes a los municipios de Santa Victoria Oeste, Nazareno e Iruya, de la Provincia de Salta.
Cuatro de cada diez niños, niñas o adolescentes están fuera de los sistemas particulares y por tanto sin medidas de protección social estatal, redactó el portal Copenoa a partir del mencionado estudio. A ellos se les suma el caso de niños a quienes no se transfieren beneficios al ser recibidos por padres que no conviven con él y que no transfieren el subsidio. Bajo estas condiciones se identificaron en el informe a 367 niños y niñas. También se reveló una significativa cantidad de niños y niñas que debieran ser beneficiarios de la asignación universal pero no están incluidos por razones administrativas, ya sea por tramitaciones prolongadas, falta de gestión por desconocimiento o inaccesibilidad y por errores del sistema relacionados con registros equivocados. Un total de 437 niños/as excluidos por cuestiones burocráticas.
Algunos de los párrafos del informe son elocuentes en torno a procesos de inequidad aun existentes: “En la práctica se aprecia que ciertos requisitos, exclusiones, diferentes formas de cobertura y sobre todo la falta de adecuación a contextos específicos (en los que las inaccesibilidades u obstáculos para el ejercicio de derechos se suman y potencian) generan situaciones de inequidad y desmienten la pretendida “universalidad”. Como elemento transversal se encuentra la relación entre Estado y pueblos originarios”.
“En términos generales es indudable el efecto positivo de la Asignación Universal por Hijo a escala nacional y es fuerte su impacto en lo atinente a reducción de la pobreza e indigencia. Aún así resulta necesario remarcar las contradicciones del sistema, el sostenimiento de categorías que reproducen desigualdades permanentes y su desigual implementación en la Puna jujeña y Valles salteños”.
“Si bien el fundamento principal para la creación de la Asignación Universal es la condición de vulnerabilidad de la niñez y se constituye como un mecanismo de protección para favorecer su desarrollo integral, en el camino constatamos que para el sistema no todos los niños son iguales ni valen lo mismo”. “La concepción del sistema reproduce categorías o nominaciones que clasifican y reproducen las desigualdades persistentes. Al exigir controles sanitarios y educativos como requisitos obligatorios de permanencia estigmatiza la pobreza. Tal exigencia, pareciera desconocer que, las condiciones de pobreza de los niños, está atada a las condiciones de pobreza de los padres, consecuencia a su vez de una sumatoria de inaccesibilidades y vulneraciones de derechos.
Tampoco reconoce a los pueblos indígenas como sujeto particular y diferenciado de políticas públicas, desconociendo la variable específica en función de las barreras culturales, lingüísticas, sociales, geográficas, etc”. Dicen desde OCLADE.
