En una conferencia de prensa realizada este lunes, Matías Posadas, ex interventor del Instituto Provincial de Vivienda, desmintió la información publicada en las últimas horas por el diario El Tribuno. Aseguró que Juan Carlos Romero miente sistemáticamente.

El ex interventor del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Matías Posadas, desmintió este lunes la información publicada por el diario El Tribuno en su última edición, que aseguraba que hubo repartos privilegiados de 150 viviendas.

Acompañado de Rubén Fortuny, representante de Procrear en Salta, Posadas presentó diversas documentaciones y resoluciones y aseguró que Juan Carlos Romero “miente sistemáticamente” durante todos los días a través de El Tribuno, propiedad de la familia del ex gobernador y ahora precandidato a un cuarto mandato.

La conferencia se realizó en un bar cercano al IPV, ubicado en la zona de Belgrano y Bolívar. Posadas dijo que la promesa de la fórmula Romero – Olmedo de construir 25 mil hogares en cuatro años para paliar el déficit de viviendas de la provincia es mentira. Agregó que en sus doce años de gestión entre 1995 y 2007 dio solamente veinte mil soluciones habitacionales.

Para contrastar la información del período romerista, Posadas aseguró que la gestión actual, de Juan Manuel Urtubey, dará treinta mil viviendas.

La denuncia de El Tribuno

Este lunes, el matutino salteño publicó un artículo donde asegura que la lista de beneficiarios para las 150 casas que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) acordó para trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) está plagada de privilegios e irregularidades que evocan al escandaloso caso del barrio Lomas de Medeiros.

“En la nómina que el exinterventor del IPV, Matías Posadas, remitió al área social del organismo para las preadjudicaciones que se pactaron el 22 de octubre de 2014, sin sorteo, hay exdirectivos del gremio con propiedades a su nombre, hijos, sobrinos y otros parientes, personas ajenas al sindicato de choferes y empleados de Saeta sin nombramientos publicados en el Boletín Oficial. La nómina discrecional de beneficiarios empezó a trascender arriba de los ómnibus y a llenar de indignación a los más de 2.000 trabajadores que agrupa la UTA en Salta”, agregó el periódico.