Tras casi dos meses de detención por la causa de los terrenos de Parque La Vega, Nelson Salazar se considera un preso político. Anticipa que la lucha por vivienda sigue y advierte que el gobierno pretende desarticular las cooperativas. (Federico Anzardi)
Nelson Horacio “Manguera” Salazar recuperó la libertad el pasado lunes 2 de mayo. Por orden de la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, desde el 8 de marzo estuvo detenido de manera preventiva en la Alcaidía, acusado de asociación ilícita y exacciones en la causa por irregularidades en los loteos de Parque La Vega, un caso que reveló manejos turbios sobre tierras fiscales. Tras cincuenta días, y gracias a las apelaciones presentadas por el abogado Omar Torres, el juez de Garantías 5, Héctor Martínez, lo dejó libre al considerar que las acusaciones que recaen sobre Salazar son excarcelables.
Salazar está acusado junto a Esteban Clemente, Diego Barreto y Roberto Nellessen. Rodrigo Diez Tizón y María Cynthia Martínez también están imputados aunque mantienen el beneficio de la libertad.
Hace dos semanas, este semanario informaba que Barreto y Díez Tizón fueron subsecretarios de Tierra y Hábitat, Roberto Nellessen es empleado de tal repartición, Esteban Clemente está signado como puntero político del partido MILES, del que Barreto es dirigente, y Martínez cercano a su entorno. Nelson Zalazar, no obstante, es un referente de la Corriente Clasista y Combativa que desde hace años trabaja con los sectores más empobrecidos de la ciudad.
Salazar, ya en libertad, toma la palabra. Quiere denunciar lo que vivió en sus días en la Alcaidía y dejar claro que su detención no frenará los reclamos. Agrega que la acusación que pesa sobre él es parte de una operación política para tapar la emergencia habitacional. Y considera que el gobierno de la provincia quiere acabar con las cooperativas de trabajadores.
Además comenta: “Me llega un allanamiento un día. Ahí decía que si me encontraban iba a quedar detenido. Me fui a presentar espontáneamente a la Justicia. Nosotros como movimiento habíamos decidido que nos íbamos a poner a disposición, porque se hablaba de venta, de irregularidades. Fuimos y la fiscal decidió en el momento que quede detenido. Me hacen una causa donde no tengo nada que ver: asociación ilícita y exacciones. Y los denunciantes en ningún momento nombran que yo recibí algo de dinero. Me asocian a los otros muchachos que todavía están detenidos”.
“La fiscal está equivocada y me pone como puntero político de MILES. Yo lo aclaré y ella sigue insistiendo. Yo soy de la Corriente Clasista y Combativa. Barreto es de MILES. Yo fui como candidato del Partido de Trabajo y del Pueblo, que es opositor a nivel nacional y provincial. Fuimos con De Gennaro a presidente. Barreto, con MILES, estuvo con Cristina. En la calle, si nos cruzamos, capaz que nos agarramos a piñas porque somos opositores y nos quieren asociar a ese sector”, asegura.
“Nosotros estamos en contra de la corrupción, en contra de la venta de terrenos, en contra de todo lo que venía haciendo el kirchnerismo. Ahora el macrismo me había puesto en el blanco, hoy está tocando a los dirigentes de la Corriente. Tenemos una compañera que le dieron ocho años en Tucumán. Vienen por los movimientos sociales. Me parece que los movimientos sociales vamos a tener más detenidos porque ellos decidieron que la crisis la tenemos que pagar nosotros”, advierte.
Salazar cree que su caso es sólo uno de tantos similares: “Yo sigo insistiendo que fui un preso político de Urtubey y de Macri. Planificaron e hicieron todo para golpear a la CCC acá en Salta”. Considera que la Justicia salteña funciona con la máxima “te meto preso y después investigo si sos culpable”. “¿Quién me paga esos días que estuve preso? Los que más sufrieron fueron mis familiares. Quieren tocar a los movimientos sociales como el nuestro. Nos quieren quebrar, nos quieren hacer que dejemos las calles. Sin embargo vamos a salir con más fuerza para seguir luchando por lo que necesitamos. No nos van a callar porque nos metan presos, porque la necesidad de los salteños sigue en pie. Los precios siguen subiendo, el gobernador ya ni para en la provincia, anda de novio y todo eso. Y acá la necesidad sigue. Los sueldos son los más bajos de todo el país. La desocupación, el hambre, el dengue con los muertos en el norte. Son varias cosas. El gobernador pensó en lo nacional pero todavía no solucionó lo de la provincia”, agrega.
Ahora, Salazar no puede acercarse ni tener diálogo con ninguna persona adjudicataria o postulante a tierras y debe firmar en la Fiscalía todos los lunes.
“Yo tengo que esperar el juicio. Uno o dos años en los que tengo que seguir firmando. Si no firmo vuelvo a estar preso. Si desobedezco por cualquier problema que tenga o surja, inmediatamente me llevan preso. Te quieren cortar los pies: no podés decir y denunciar que hay más de 17 mil que necesitan un lote en la provincia. Y vos tenés el Pereyra Rozas acá, que hace años que está y todavía no pueden decidir qué van hacer. Me parece que quieren hacer una inmobiliaria ahí en vez de darle solución al problema habitacional de la gente”, expresa.
Los cincuenta días
“Nadie habla de lo que pasa en las cárceles”, expresa Salazar, y describe sus cincuenta días en la Alcaidía: “Hay un lugar que le dicen ‘El Chancho’, que es el Pabellón C. Es inhumano. Te encierran dentro del baño. Tenés el inodoro en el medio y meten como a quince en la misma celda, durmiendo en un pedazo de colchón. ¿Cómo quieren que la gente se rehabilite así? Salen peor de lo que entraron. Hay gente que hacen que se declaren culpables para darles las penas más bajas. Gente inocente adentro. Esta es la Justicia de Urtubey. El gobierno de Urtubey mete preso porque tiene que tapar las injusticias que hay acá, porque tienen que tapar todas las porquerías que tienen ellos escondidas. Y hay gente presa injustamente. Un inocente tiene que ir preso para cubrirse ellos y poder hacer su proyecto nacional”.
“Fue muy dura la estadía en la Alcaidía. En mi caso me trataron bien. No tengo que decir que estuve mal porque no fue malo el trato conmigo. Pero hay cosas que habría que revisar: no hay insumos, no hay remedios, no hay nada. Está el caso de uno que está ahí, que le metieron un tiro y tiene una bolsa para que le salga ahí (se señala el costado izquierdo del abdomen) y hay que cambiar todos los días y nunca se la cambian. Tiene que ir al baño, tirar, lavar y volversela a poner. Eso es inhumano. Esas cosas están pasando ahí adentro y no se habla”, expresa.
La causa
“Me acusan de asociación ilícita y exacciones, o sea, estafa. Lo que me denuncian estaba todo armado. Me preguntaban con quién me senté para presentar el padrón (de postulantes para los terrenos). Con (el excoordinador de Tierra y Hábitat, Sergio) Usandivaras. Los que eligieron quién entra, quién sale, quiénes son los adjudicatarios, fueron Usandivaras y Rodrigo Diez. Yo no tengo poder para decidir. Los que tenían la lapicera eran Usandivaras y Rodrigo Diez. Son ellos los que tienen que dar cuentas a la Justicia, no nosotros. Ellos fueron funcionarios, firmaron las carpetas que entregaban los terrenos”.
Cómo sigue
Salazar, de cuarenta años, milita en la CCC desde 2002. “Hace catorce años que vengo denunciando la injusticia social que hay. No es un delito denunciar que un vecino no tenga qué comer. Esto venimos haciendo hace años. No es que somos unos vagos como nos quieren pintar. Armamos cooperativas, hicimos 76 casas, 300 casas en Valdivia con otros compañeros de otras cooperativas. Les dimos viviendas a algunos compañeros. Conseguimos que compañeros tengan su loteo en Parque La Vega. Pintamos escuelas, hicimos veredas. Cobramos el plan Argentina Trabaja. Trabajamos en la construcción. El sueldo que tengo es de tres mil pesos. No tengo más nada. Yo quisiera que vean la casa de mis hijos en el 15 de septiembre. No nos alcanza y me dicen que estoy lleno de plata”, relata.
Respecto al juicio, Salazar cuenta que no hay ninguna prueba concreta en su contra. Asegura que las denuncias presentadas fueron parte de la operación política que señala. “Ellos armaron una causa que les salió bien en cincuenta días, pero no la pudieron sostener más. Por eso estoy libre”.
Además, denuncia que tras su detención, más de siete cooperativas que nuclean a 150 personas fueron perjudicadas.
“Eso es persecución. Y dicen que vienen por más”, anticipa, antes de pedir que se publique un agradecimiento a las distintas organizaciones (CTA, MST, Multisectorial) que apoyan su causa.
