Por séptimo año consecutivo, el gobierno nacional incumplirá con la ley de Bosques y destinará menos recursos de los que corresponden para su cuidado.

La prensa especializada advirtió que el gobierno nacional violará por séptimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”. Según explicaron los portales web Valor Soja y Agronoa, la Ley 26.331 dispone “la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión”.

Dicho fondo, según lo que determina la Ley de Bosques, debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.

El 0,3% del Presupuesto Nacional 2016 que fue presentado ya por el ministro de Economía, Axel Kicillof, equivale a un monto de $4.708 millones, mientras que, en concepto de retenciones agroindustriales, deberían sumarse al menos otros $900 millones. Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser de al menos $5.600 millones. Sin embargo, el Presupuesto 2016 asigna una partida de apenas $246,5 millones.

“En los últimos 6 años (la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010) el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos $14.750 millones pero apenas desembolsó $1.239. Es decir: si se suman las asignaciones correspondientes a los años comprendidos entre 2010 y 2015, puede advertirse que en ese período el gobierno nacional se apropió de casi $13.510 millones pertenecientes a las provincias”, denunció Valor Soja. Por tener la mayor superficie de bosques nativos a conservar en el país, la provincia de Salta es la más perjudicada por la falta de cumplimiento del gobierno nacional.