Una encuesta muestra el deterioro de la calidad de vida en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. La mitad de la población dice que está peor o mucho peor. En un año disminuyó la compra de medicamentos y alimentos.
La mitad de los ciudadanos de Capital Federal y Gran Buenos Aires dice que su situación económica está peor o mucho peor que hace un año. Siete de cada diez afirman que tuvieron que cambiar de marcas de los alimentos porque tienen dificultades económicas. Hay una mitad que compró menos medicamentos de los que correspondía y que, además, disminuyó la cantidad de comida en el hogar. Buena parte de los consultados (38 por ciento) dijeron que alguien de su familia perdió el trabajo en el último año y un altísimo porcentaje teme perder su empleo en el próximo período. Todos estos datos muestran un enorme deterioro social en la Ciudad de Buenos Aires pero todavía muchísimo más en el segundo cordón del conurbano. El deterioro aumentó en unos diez puntos desde diciembre, o sea en menos de cuatro meses.
Las conclusiones surgen de una amplísima encuesta realizada por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) que entrevistó a 1738 habitantes de la Capital y el Gran Buenos Aires. Las entrevistas fueron telefónicas, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. La dirección estuvo a cargo de Matías Barroetaveña y el objetivo fue comparar los resultados del primer Monitor de Clima Social (MCS), realizado en diciembre de 2016, con los que se obtuvieron ahora en este segundo MCS, cuatro meses más tarde. El Centro de Estudios Metropolitanos es un centro interuniversitario producto de un acuerdo entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham.
El Monitor construye tres índices de seguridad social: el índice de seguridad económica, el de seguridad laboral y el de seguridad alimenticia. En base a una serie de preguntas se fija el valor de los índices, donde cero es la inseguridad total y 100 la seguridad completa. El deterioro mayor de estos últimos cuatro meses se dió en la seguridad económica y en la seguridad laboral, mientras que hay cierta estabilidad en lo alimentario. Las preguntas que se hacen son siempre las mismas, de manera de poder concretar la comparación de un Monitor a otro.
El resultado de esta primera comparación exhibe un deterioro muy serio desde diciembre hasta abril. La seguridad laboral pasó de 57 puntos a 50; la seguridad económica de 46 a 40 y se mantuvo estable la seguridad alimentaria que pasó de 72 a 71.
“Nuestros números reflejan lo que estamos viendo en la realidad –señala Barroetaveña–. En nuestras recorridas por el Gran Buenos Aires percibimos lo que sucede con los comedores. De un año al otro supuestamente les aumentaron el presupuesto al doble, pero la cantidad de comida que llega es la misma. Y la cantidad de gente que va a los comedores trepó en forma notoria. De manera que la situación empeora, creció la desocupación y entonces los despedidos salen a buscar trabajo y sólo consiguen changas. También vemos en los datos que más integrantes de la familia tienen que salir a buscar trabajo porque el dinero no alcanza. Tomando todas las respuestas, diría que los índices de seguridad social bajaron diez puntos”.
Para constituir el índice de seguridad económica, el CEM le formula a los encuestados varias preguntas.
El 51 por ciento consideró que la situación económica del país es mala o muy mala; el 36 por ciento dice que es regular y apenas el 13 por ciento afirma que es buena.
En comparación con el año pasado, el 51 por ciento dice que su situación personal empeoró.
Respecto de esa situación personal, el 34 por ciento sostuvo que es mala o muy mala. Hace cuatro meses, en diciembre, los que dijeron que estaban en esa situación mala fueron el 25 por ciento. Eso muestra el deterioro.
El 70 por ciento reveló que compra menos alimentos que antes.
El 74 por ciento cambió las marcas de los productos que consume.
El 35 por ciento dice que dejó de comprar carne con frecuencia. En el segundo cordón del Gran Buenos Aires ese porcentaje sube al 50 por ciento.
En Capital –el distrito de mejor situación económica–, hay un 26 por ciento que dejó de comprar con frecuencia vestimenta y zapatos.
Con todos esos elementos es que se conforma el índice de seguridad económica, el que cayó de 46 puntos a 40.
El índice de seguridad laboral también bajó en forma notoria.
Parte de las preguntas y las respuestas fueron las siguientes:
El 38 por ciento de los entrevistados sostuvo que él o alguien de su familia perdió el trabajo en el último año.
En el segundo cordón del Gran Buenos Aires, los que dicen que alguien de su familia perdió el trabajo llegan al 47 por ciento.
El 57 por ciento afirma que un nuevo integrante de su familia tuvo que salir a buscar trabajo porque el ingreso ya no les alcanza.
También el 57 por ciento sostiene que con el sueldo no se llega a fin de mes. En diciembre ese porcentaje era el 45 por ciento.
El 38 por ciento dice que está en peligro de perder su trabajo en los próximos meses.
En base a estas respuestas es que el CEM determina el índice de seguridad laboral. La caída en ese índice es de 57 a 50.
Alimentación: es el tercer índice en el que se basa el CEM en su Monitor de Clima Social. En éste último es que se registra más estabilidad, en parte por el refuerzo en escuelas y comedores.
La evaluación de la seguridad alimentaria proviene de las siguientes preguntas y respuestas:
El 43 por ciento dijo haber reducido las raciones de comida por motivos económicos.
Hace cuatro meses ese porcentaje era el 38 por ciento, o sea hubo un deterioro de cinco puntos en un tercio de año.
El 22 por ciento dijo haber tenido hambre en algún momento del último año debido a que no tenía plata para comprar comida.
En la zona Sur del Gran Buenos Aires ese porcentaje sube al 30 por ciento, es decir que casi un tercio de los habitantes de esa zona tuvo hambre en algún momento del último año.
También forma parte de éste índice la pregunta sobre el consumo de carne: el 35 por ciento dejó de comprar carne de manera frecuente y ese porcentaje sube al 50 por ciento en el segundo cordón del conurbano.
También se incluye en éste índice el vuelco a las segundas marcas: ya el 74 por ciento dice que cambió lo que compraba por motivos económicos.
Barroetaveña remarca que todos los índices se deterioraron. “Hay reducción en la cantidad de comida, la inflación juega su papel, las paritarias se negociaron por debajo de la inflación y hasta se resignaron compras de medicamentos”.
El cuadro de situación en los tres índices de seguridad –económica, laboral y alimentaria– va marcando la caída. “Nosotros vemos que se va construyendo un clima social difícil en todo el ámbito metropolitano. Y, del otro lado, desde el Estado, se endurecen las posturas y se avanza por caminos represivos. Entonces esto parece ir al choque. Las conclusiones de nuestro estudio indican que hay que tomar medidas. No existen actualmente políticas públicas. Cuando una empresa entra en crisis no hay créditos, subsidios, ningún tipo de intervención. Lo mismo se ve en el terreno social, en los comedores. Esto deja sin reacción a los municipios. Estamos avanzando en un territorio muy peligroso”, concluyó Barroetaveña.
Fuente: Página 12
