Con esas palabras, una nena de 11 años en Tucumán imploró que le practiquen una interrupción legal de embarazo. Fue violada por la pareja de la abuela. El sistema de salud provincial puso en marcha un operativo antiderechos para que no acceda al aborto legal.

Se lo dijo a una psicóloga del hospital, donde está internada, y consta en la historia clínica, según revelaron fuentes judiciales a Página 12. La niña, la menor de tres hermanas, nunca buscó esa gestación: la embarazó la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hijas mayores.

Pero a pesar de que dijo con claridad, a su modo, que quería abortar, el sistema de salud provincial, con el secretario de Salud Gustavo Vigliocco a la cabeza, puso en marcha un operativo antiderechos –en connivencia con una fiscal que intervino arbitrariamente– para burlarse de su voluntad y dejar que siga adelante la gestación. La estrategia, ya la conocemos, es argumentar luego que está muy avanzado el embarazo, obligarla a parir y vulnerar así, una vez más, sus derechos. Lo mismo que sucedió en Jujuy hace pocas semanas con otra niña forzada a ser madre. Los cuerpos infantiles se han convertido en territorio de guerra para quienes dicen defender “las dos vidas”, sin medir los costos de su cruzada, señaló la periodista Mariana Carbajal en una nota bajo el título “La niña llora”:

A la niña le detectaron el embarazo el 23 de enero en un Centro de Atención Primaria de la Salud, de la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú, en el extremo noreste del territorio provincial, a un kilómetro y medio de la frontera con Santiago del Estero. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Ingresó por “autolesiones”: la niña tuvo intentos de suicidio, como consecuencia de las vivencias que está atravesando, según confiaron fuentes judiciales. ¿Quién piensa en ella, en sus deseos, en su voluntad de abortar? Está muy angustiada. Llora. Pide que su mamá, que la está acompañando la abrace. Llora, contaron a este diario fuentes que la vieron llorar.

En la causa judicial, que investiga el abuso sexual que sufrió la niña, se adjuntó un informe de una médica que trabaja en Tribunales en el cuerpo forense que dice que hay “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo. Pero el sistema sanitario provincial hace oídos sordos. El fundamentalismo se impone al cumplimiento de la ley: el aborto es legal en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer gestante. Las dos causales se configuran.

El secretario Vigliocco declaró al programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos FM 89.9: “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. Niega lo expresado por la niña en relación a interrumpir la gestación. Y la convierte lisa y llanamente en un envase, la despersonaliza: la niña no es una niña. Para el funcionario es un objeto, una incubadora. ¿Se puede ser más cruel?

El Jardín antiderechos

El año pasado más de la mitad de los legisladores de Tucumán firmaron un proyecto que promovía la protección de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, y que intentaba incorporar una medida inédita en el país: evitar los abortos inclusive en casos de violación.

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