En Salta, una causa por presuntas estafas con criptomonedas merece una atención periodística desmesurada. Lo curioso es la intensidad del interés cuando se la compara con otros expedientes que rozan al poder político y económico de la provincia.
Lucas Sorrentino
Hay detenidos que llegan a la tapa de un diario. Otros expedientes, en cambio, pueden pasar años buscando su lugar en la conversación pública. No siempre depende de la gravedad de los hechos. A veces, el asunto tiene que ver con quién es el protagonista, cuánto dinero está en juego y, sobre todo, quién cuenta la historia.
El viernes 23 de octubre, El Tribuno llevó a su portada una fotografía de Nicolás Mendioroz Juncosa, el salteño que regresó al país desde Australia y quedó detenido por una causa de presuntas estafas vinculadas con inversiones en criptomonedas. En la edición del día anterior, el diario ya había dedicado una nota destacada al caso. Cinco días de prisión preventiva, una nueva audiencia y una fotografía que parece aspirar a decir más que el expediente: ahí está el hombre esposado, con la mirada perdida, convertido en el personaje de una historia que el lector conoce incluso antes de empezar a leerla.
La acusación comprende tres hechos y un monto total de US$ 164.000. Según la fiscalía, los denunciantes entregaron dinero para inversiones que prometían una rentabilidad mensual del 10%. El acusado habría pagado algunas ganancias al comienzo y luego dejó de responder. La investigación sostiene que se marchó del país en 2022 y que fue localizado en Australia. La Justicia deberá determinar qué ocurrió y cuáles son las responsabilidades penales que correspondan. Por ahora, rige el principio de inocencia.
No estamos diciendo que Juncosa sea inocente. Tampoco que las denuncias deban minimizarse, que el dinero de los damnificados importe menos por tratarse de criptomonedas o que una eventual estafa deje de serlo cuando el monto no alcanza para conmover a una provincia entera. Para quien perdió sus ahorros, US$ 164.000 pueden representar una catástrofe. El problema no está en que el diario informe sobre el caso. Está en la desproporción que su tratamiento parece sugerir.
Porque una cosa es la relevancia periodística de una investigación y otra, bastante distinta, es convertir a su protagonista en una especie de Hannibal Lecter de las finanzas provinciales. No hace falta absolverlo ni condenarlo desde una redacción para preguntarse por qué este expediente reclama semejante despliegue, mientras otros asuntos de la vida pública salteña, con cifras mucho mayores y posibles consecuencias colectivas, no siempre reciben una atención equivalente.
El periodismo tiene derecho a elegir sus temas. También tiene la obligación de preguntarse por qué los elige y con qué intensidad los presenta. La tapa es una jerarquía. Dice qué merece ser visto primero, qué debe preocuparnos y a quién conviene mirar de cerca. Ninguna de esas decisiones es inocente en el sentido editorial del término.
En Salta, además, hay una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando los asuntos que requieren escrutinio rozan a la familia propietaria del propio medio?
La memoria selectiva y los expedientes incómodos
La causa conocida como La Ciénaga es uno de esos antecedentes que conviene recordar. La investigación sobre la compraventa de unas 90 hectáreas que habían pertenecido al Estado provincial involucró al exgobernador Juan Carlos Romero, a su hijo Juan Esteban y a exfuncionarios de su gestión. Los terrenos, originalmente vinculados con un programa de acceso a la vivienda para familias de escasos recursos, terminaron en manos de una empresa relacionada con el hijo del entonces mandatario, después de una serie de operaciones inmobiliarias cuestionadas por la fiscalía.
La acusación fiscal sostuvo que la maniobra podía configurar peculado. Las actuaciones y sus derroteros judiciales deben analizarse con el rigor que merece cada expediente, sin confundir una imputación con una condena. Pero el asunto planteaba una pregunta de interés público elemental: cómo un bien adquirido por el Estado para atender una necesidad social terminó en el patrimonio de una empresa vinculada con la familia gobernante.
Hubo, además, otro capítulo: el hangar de Aviación Civil que, poco antes de dejar el gobierno en 2007, fue cedido en comodato a una firma vinculada con Juan Esteban Romero. La operación derivó en una causa por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública. La Justicia debía determinar las responsabilidades correspondientes.
No eran bitcoins. No había un hombre regresado de Australia ni una fotografía de esposas para ocupar el centro de la escena. Había tierras públicas, operaciones inmobiliarias y un hangar estatal. El decorado era menos pintoresco, aunque las preguntas sobre el interés público resultaban bastante más voluminosas.
La lista no termina ahí. Durante la gestión de Bettina Romero al frente de la Municipalidad de Salta se formularon denuncias y avanzaron investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de bienes destinados a la asistencia social, contrataciones y obras públicas. Esos expedientes también deben ser tratados con precisión: hay hechos investigados, funcionarios imputados y responsabilidades que corresponde establecer a la Justicia. Lo que no puede discutirse es el derecho de los ciudadanos a conocer qué pasó con los recursos municipales.
Y, si ampliamos la mirada al escenario nacional, aparece Hotesur, la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con sociedades hoteleras de la familia Kirchner y operaciones con empresarios. Es un expediente de otra escala, con ramificaciones y consecuencias judiciales propias. No hace falta simpatizar con Cristina Kirchner para entender por qué merece seguimiento. Tampoco hace falta simpatizar con Romero para exigir que las causas que lo involucran reciban el mismo escrutinio.
La comparación no busca establecer una equivalencia jurídica entre estos casos. No son iguales ni tienen necesariamente el mismo grado de avance. Sirve para recordar algo más sencillo: la relevancia de una noticia no debería depender de la conveniencia de quien la publica.
El delito ajeno siempre tiene mejor fotografía
El Tribuno pertenece al universo mediático de la familia Romero. Ese dato no invalida automáticamente cada noticia que publica, del mismo modo que una relación familiar no demuestra por sí sola una operación de encubrimiento. Pero vuelve legítimo preguntarse qué criterios utiliza el diario para decidir cuánto espacio dedica a cada asunto y qué lugar reserva para los expedientes que afectan a su entorno propietario.
No se trata de pedir silencio sobre Juncosa. Sería absurdo. Se trata de pedir una medida común. Que el diario informe sobre las presuntas estafas con criptomonedas y también sobre las investigaciones por posibles perjuicios al Estado. Que publique las novedades judiciales de un acusado que regresa del otro lado del mundo y que no pierda de vista las causas que involucran a quienes gobernaron la provincia o administraron sus recursos. Que las fotografías no sustituyan a las preguntas.
Porque los US$ 164.000 de esta causa son una suma importante para sus denunciantes, pero no constituyen la única medida posible del daño público. Cuando se investiga el destino de tierras fiscales, la cesión de bienes estatales o el manejo de fondos municipales, la discusión alcanza a personas que ni siquiera saben que están involucradas: contribuyentes, familias que esperaban una vivienda, vecinos que necesitan una obra o ciudadanos que dependen de la asistencia social.
La pregunta, entonces, no es por qué El Tribuno se interesa por Juncosa. La pregunta es por qué ese interés parece adquirir una intensidad tan particular y si el diario está dispuesto a aplicar la misma lupa cuando el protagonista tiene otro apellido.
La prensa no tiene que repartir centímetros de tinta como si fueran porciones de una torta. Cada noticia tiene su propia urgencia y cada expediente, sus circunstancias. Pero cuando la indignación se vuelve muy selectiva, conviene desconfiar de su apariencia de universalidad.
Juncosa deberá responder ante la Justicia por lo que se le atribuye. Los denunciantes merecen una respuesta y el proceso debe avanzar. Nadie necesita convertirlo en una víctima para formular estas preguntas.
Lo que sí necesita una provincia es que sus medios no confundan el tamaño de una fotografía con el tamaño de un problema. Y que el interés por la transparencia no se active únicamente cuando el sospechoso es alguien ajeno a la casa.
En definitiva, el periodismo puede señalar a un hombre esposado. La cuestión es si también está dispuesto a mirar hacia el otro lado de la página.
