ALEJANDRO SARAVIA
Quizás a lo que estamos viviendo podríamos graficarlo diciendo que es como una resaca tras la borrachera kirchnerista. Tan mala es la borrachera como la resaca. La diferencia es que la primera es más divertida, pero no por eso deja de ser mala.
Una eventual reelección de Javier Milei por otros cuatro años no sería simplemente la continuidad de un gobierno. Significaría la consolidación de un cambio profundo en la organización económica, social e institucional de la Argentina. El interrogante no es solamente qué país tendremos en 2031, sino qué quedará de la sociedad argentina que conocimos. Un salto al vacío guiados por un desequilibrado.
El primer riesgo es institucional
Cuando el Poder Ejecutivo interpreta que el voto popular lo autoriza a gobernar sin límites, el sistema republicano comienza a vaciarse. La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes cada cuatro años: exige división de poderes, respeto por las leyes, control parlamentario y una Justicia independiente. Si el presidente convierte sus convicciones en una verdad indiscutible y considera los controles constitucionales como obstáculos, la voluntad del gobernante termina sustituyendo al Estado de derecho. El peligro se agrava cuando el incumplimiento de una ley sancionada por el Congreso o la resistencia a acatar decisiones judiciales se justifican en nombre del equilibrio fiscal. Ninguna política económica, por necesaria que se considere, está por encima de la Constitución. El superávit puede ser un instrumento de gobierno; nunca una autorización para desconocer la legalidad.
El segundo riesgo es económico
La estabilización de los precios y el orden de las cuentas públicas son objetivos legítimos. Nadie puede defender el regreso a una inflación descontrolada. Pero una economía no se mide exclusivamente por sus indicadores financieros. Se mide también por su capacidad de producir, de generar empleo registrado, de sostener salarios dignos y de ofrecer oportunidades. Si la estabilidad no se traduce en inversión productiva, crecimiento industrial y empleo, puede terminar siendo una estabilidad frágil, sostenida sobre el deterioro de amplios sectores sociales. El endeudamiento, la dependencia del financiamiento externo y la concentración de la actividad en sectores extractivos plantean interrogantes sobre la sustentabilidad del modelo.
Una segunda gestión podría profundizar la definitiva extinción del Estado cuya desnaturalización comenzó con el kirchnerismo, y la transferencia de responsabilidades públicas al mercado. El problema no es sólo discutir el tamaño del Estado, sino determinar qué funciones debe cumplir y cómo lo debe hacer. Un Estado ineficiente debe reformarse; un Estado inexistente deja a los ciudadanos sometidos a desigualdades que el mercado, por sí solo, no corrige.
El tercer riesgo es social y acaso el más dramático
La Argentina construyó, con contradicciones y deficiencias, una tradición de movilidad social, educación pública, hospitales accesibles y protección frente a las contingencias de la vida. Ese patrimonio permitió que generaciones de familias imaginaran un futuro diferente para sus hijos. El modelo que propone Milei amenaza con reemplazar esa concepción solidaria por otra en la que cada individuo queda librado a sus propios recursos y condenado a los márgenes dados por su nacimiento.
El mileismo pretende un tránsito abrupto desde un Estado social, próximo a la tradición europea de derechos y protección, hacia una sociedad de competencia despiadada, semejante a sus expresiones más extremas en Estados Unidos. Prácticamente de un día para el otro. Ahí se plantea un interrogante clave: ¿qué hacemos con los excluidos? Estamos hablando del 70% de la población. No alcanza con responder que el mercado creará riqueza. La pregunta decisiva es quiénes participarán de ella y quiénes quedarán definitivamente afuera. Una sociedad que abandona a sus integrantes más vulnerables no se vuelve más libre: se vuelve más desigual, más resentida y potencialmente más violenta e insegura. La libertad pierde sentido cuando millones de personas carecen de los medios materiales para ejercerla.
Cuatro años adicionales permitirían que ese salto al vacío nos deje en el vacío. Por eso, el debate electoral no debería reducirse a una disputa entre oficialismo y oposición, ni a la nostalgia por gobiernos anteriores que también cometieron errores muy graves que posibilitaron, en definitiva, la aparición de un Milei. Se trata de discurrir acerca de qué país queremos construir, cuáles son los límites del poder y qué obligaciones tenemos con quienes no pueden defenderse por sí mismos.
A partir de admitir que el equilibrio fiscal es un extremo valioso para la organización social, lo debemos compatibilizar con una eficiente Justicia, una educación moderna, una salud acorde con la dignidad humana. Porque una nación no se define solamente por la riqueza que produce, sino también por la manera en que la distribuye, por las instituciones que respeta y por la suerte que reserva a todos sus ciudadanos, en especial a los más débiles.
Cuatro años más de Milei podrían consolidar un nuevo modelo de país extraño a nuestras costumbres y el peligro es que, cuando advirtamos plenamente sus consecuencias hayamos perdido no solamente derechos sociales, sino también las herramientas institucionales y materiales necesarias para recuperarlo.
Mientras, todos se conmueven ante la arremetida del riesgo país, sin percatarse en su lógica intrínseca: nadie entrega su capital para que lo administre un borracho con resaca.
