Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) asegura que el 48% de los asalariados gana por debajo del salario mínimo vital y móvil. Según el instituto, la poca eficacia del instrumento legal obedece al bajo nivel de productividad de una gran cantidad de empresas.
Una reseña del informe fue publicada por el portal Región Norte Grande que recordando que el gobierno nacional impulsó la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil de los $4.176 actuales a los $5.588 a partir de agosto del 2015 y $6.060 a partir de enero del 2016; el cumplimiento de la norma es débil en la actualidad.
El salario mínimo es una institución laboral de larga tradición y profusa aplicación en el mundo que si bien es asumida como una conquista laboral en beneficio de los trabajadores de menores salarios, mostraría una eficacia bastante endeble. La Argentina no sería la excepción porque, según el estudio, si bien la norma fija que todos los trabajadores deben tener garantizados salarios por encima del mínimo legal, los datos del INDEC correspondientes al año 2014 señalan que:
– El 28% de los asalariados privados gana por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
– En la Ciudad de Buenos Aires, el 12% de los asalariados privados gana por debajo del salario mínimo legal.
– En el Norte Grande (NEA-NOA) el 51% de los asalariados privados tienen remuneraciones inferiores al salario mínimo legal (NEA 54% y NOA 48%).
Los datos oficiales muestran que el incumplimiento de la norma que regula el piso de las remuneraciones es masivo: prácticamente 1 de cada 4 asalariados gana por debajo de lo establecido. Pero lo más sintomático es que esta proporción es significativamente más alta en el norte del país, donde casi la mitad de los asalariados del sector privado tiene remuneraciones por debajo de lo que manda la ley.
El principal motivo del incumplimiento del salario mínimo legal son los bajos niveles de productividad prevalecientes. No es casualidad que el 73% de los que ganan por debajo del mínimo legal son informales, predominando las pequeñas empresas y los trabajadores con bajos niveles de formación.
En los países desarrollados, el salario mínimo también genera magnetismo político y muchas dudas sobre su eficacia. No tanto porque estimule la informalidad, como ocurre en la Argentina, sino porque reduce el nivel de empleo entre los trabajadores de menores calificaciones. Un ejemplo reciente es la encendida polémica que despertó en Inglaterra la decisión del gobierno conservador, en el contexto de un plan de ajuste fiscal, de aumentar el salario mínimo legal con el objetivo de compensar la eliminación de las exenciones fiscales que benefician a los trabajadores de salarios más bajos.