El fiscal General de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, reveló por una radio datos sobre el narcotráfico en el NOA que la Justicia no aporta y criticó la ausencia de jueces y fiscales en los allanamientos. Aseguró que en el NOA y NEA hay al menos 600 pistas clandestinas.
“Me pareció injusto escuchar hablar a jueces federales del NOA que responsabilizaban a la policía del problema; me parece que hay temor, miedo y pánico de parte de las autoridades públicas de los tres poderes, de dar a conocer las cifras reales del narcotráfico. Porque esas cifras revelan la incapacidad de la justicia para investigar los casos de narcotráfico y de resolver los conflictos más acuciantes que tiene la sociedad, como la inseguridad”, fue la introducción que uso el Fiscal General y que luego fueron reproducidas por el portal Región Norte Grande.
En este sentido, el fiscal destacó que en otras partes del país se aplican incisos de la ley 23.737, que “en el NEA-NOA (Norte Grande) ni siquiera se los toca. Por ejemplo, cuando una encomienda con droga llega a una terminal, lo primero que se debería hacer es enfriar la situación hasta que concurra el juez y acordar que se realice una ‘entrega vigilada’, es decir; se lo detiene, se le da a saber las penas y se le ofrece reducir los montos de la condena en el caso de que acceda a colaborar, para que al momento de la entrega lo acompañe un personal policial encubierto y así conocer cuál es la red de narcotráfico que está por debajo o por encima de esta persona, pero esto aquí no se hace. Tampoco se practica la denominada ‘ley del arrepentido’, a través de la cual, cuando son penas importantes de prisión, a las personas vinculadas al narcotráfico se les ofrece reducir a cero la condena, ofreciéndole que colabore con la investigación, aportando datos que ayuden a desatar el nudo que significa la red tanto para arriba como para abajo del que está trayendo la droga. También está la posibilidad de infiltrar a personal encubierto en las redes, pero esto tampoco se lleva a la práctica”.
Asimismo, el magistrado remarcó que la ley establece que los fiscales y jueces deben estar presentes en los allanamientos de droga, ya que “el juez es el único que, por ejemplo, tiene la facultad de buscar en los chips y en los smartphones, los contactos con los que los vendedores tratan, y llegar a la raíz del problema, pero eso no se hace”, cuestionó.
Con respecto a las estadísticas de las causas por narcotráfico, el investigador remarcó que “durante 2012 en la Cámara Federal de Tucumán, recibió de los dos juzgados Federales de Catamarca y Santiago un total de 215 causas penales. De esas, el 30% tenían que ver con droga. En Córdoba, que también comprende a la provincia de La Rioja; fueron 1000, las causas y 500, es decir, el 50% fueron de drogas. Esto significa que Córdoba tiene más del triple de causas de drogas de nosotros, y nosotros estamos en una zona caliente. Asimismo, la Cámara Nacional de Casación Penal es muy crítica al analizar las sentencias que se dictan en los tribunales del NOA: ha anulado más del 30% de las causas penales que se han investigado aquí. Me parece que la situación es crítica”, manifestó, agregando que “las fiscalías del NOA Argentino, somos los que más empleados por causas penales por drogas tenemos”.
Consultado sobre las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, que dijo que “los que tienen plata consumen de la buena y pontifican acerca de los negros que consumen paco”, Gómez expresó que “creo que la presidenta lo que hace es revelar algo que no nos agrada, porque es cierto que muchos se rasgan las vestiduras, son adictos a una cantidad insuperable de pastillas. La Ley prevé que la ley de psicotrópicos sin la debida receta o en el marco de un determinado tratamiento es un delito federal, y ¿a cuántos médicos farmacéuticos escuchamos que se hayan juzgado por esto? Y en Catamarca se venden cantidades industriales de ansiolíticos”, remarcó.
El fiscal destacó que tan “mal radarizado está el espacio aéreo que si un avión quiere llegar desde Bolivia hasta Rosario, lo puede hacer perfectamente sin ser detectado por ningún radar. En un trabajo conjunto con Gendarmería Nacional y que lo pusimos en conocimiento de la procuraduría General, tratamos de detectar aquellas pistas posibles de aterrizaje, lo que hicimos con los programas de software como Google Earth. Nada más que en la región de Santiago del Estero, en el Noroeste y Noreste, hay 600 pistas de aterrizaje clandestinas».
“La falla central radica en el propio Poder Judicial, en la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires, durante 2012 y 2013, los recursos de Casación que fueron interpuestos por las defensa fueron 154, y en 38 casos, la Cámara declaró la nulidad. El 40% se anuló y absolvió y esto habla de la ineficacia del sistema”.
