Nadie pide el jury contra Martín Pérez. ¿Por qué? (Maximiliano Rodríguez)
Hasta el momento sólo un escrito presentado por la Comisión de Familiares Contra la Impunidad en Salta pidió la destitución de Martín Pérez por mal desempeño. La presentación que carece de valor legal alguno, y que es apenas una carilla de sentimientos, no fue avalada por ningún diputado en la sesión de anoche. Tampoco la presentación de los familiares tiene la firma de ningún abogado del foro. Pese a los anuncios y las promesas de muchos, el jury contra “el juez de las francesas” tiene rumbo de naufragio.
El proceso de investigación y posible destitución del juez no es impulsado seriamente, pese a que el magistrado y su permanencia representan la peor cara ante la sociedad. Los mismos senadores que ascendieron al cuestionado juez a pedido del gobernador, son quienes deberían juzgarlo en la actualidad. Ellos guardan silencio. Los abogados litigantes que se vieron violentados en el ejercicio de su labor durante casi tres años, según ellos mismo denunciaron, tampoco pidieron sanciones en contra de Martín Pérez. Los diputados también callan, o hacen anuncios mediáticos sin presentación alguna. El juez ascendido a camarista se ve cada vez más tranquilo. Recuerda los días de Aldo Saravia y Pablo Kosiner.
La sentencia que desnudó la vergüenza de su investigación fue dictada el 2 de junio. Ese mismo día recuperaron la libertad Daniel Vilte y Santos Vera. Las 494 páginas donde los jueces Angel Longarte, Héctor Pucheta y Bernardo Ruiz fundamentan esa sentencia se conoció el 10 de junio. Los extensos y múltiples fundamentos aún pueden leerse “on line”. Pasaron dos semanas, sin embargo hasta el momento -nadie presentó el jury contra Martín Pérez, salvo la valiente presentación realizada por los familiares contra la impunidad. Por fuera de ese escrito no se presentó ninguna acción concreta en contra del camarista cuestionado. Muchos anuncios, muchas críticas, mucha pirotecnia, pero nadie presentó el formal pedido de jury contra Martín Pérez.
¿Acaso la madre de una joven asesinada es la única persona con el valor de pedir que se investigue a un juez ascendido inmerecidamente? ¿Sería un jury contra este juez en particular un mensaje al poder político de que todo tiene un límite? ¿Sería un mensaje al poder judicial y legislativo? ¿Acaso el jury contra Martin Pérez no sería una muestra de salubridad del sistema político y judicial salteño? ¿Y la democracia?. Anoche en la legislatura el caso que puso a Martín Pérez sobre la mesa de la opinión pública, el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, volvió a ser abordado.
Parlamentar
El diputado Mario Abalos (PPS) indicó que hubo un acuerdo entre los diferentes bloques del cuerpo legislativo para encontrar «un mecanismo que permita encarar una nueva investigación por el crimen de las turistas francesas». Parece que los diputados se pusieron de acuerdo en privado. Pero en el reciento ayer fue todo manifestación.
Un tanto más activo el PO había presentado un proyecto de declaración, solicitando se reabra la pesquisa. A partir del acuerdo que hubo entre los legisladores, aceptaron dejar su tratamiento para la próxima sesión. Un gran paso en la acción de controlar del segundo poder del Estado. Pero sobre el juez Pérez nada de nada.
El parte oficial dice que “Diputados pedirán que se investigue nuevamente el crimen de las francesas”, aunque debió decir que “diputados debatirán declarar la necesidad de reabrir la investigación”. Por su puesto que el diputado por Cerrillos volvió a adelantar que solicitará se le inicie al juez Martín Pérez -encargado de dicha investigación- un jury de enjuiciamiento para destituirlo. El diputado y el abogado Marcelo Arancibia son los únicos dos que dijeron concretamente que pedirán jury contra Pérez. Ninguno aún lo hizo. Avalos repitió ayer que hubo muchas irregularidades durante la investigación del crimen.
El legislador representa a la oposición “más suave” pero enarbola la bandera de muchos, quienes creen necesaria una purga en el sistema ante las irregularidades manifiestas. El diputado también adelantó que elevará un pedido al Ministerio de Justicia, para que haga una auditoria sobre dicha investigación, para identificar las eventuales irregularidades y cuáles fueron las líneas de investigación que utilizó, «para saber dónde poder retomarla y de esta manera no dejar a ningún culpable libre y no quede todo impune».
Amigo
La carrera judicial de Martín Pérez más o menos ya fue contada. Ingresó como juez en el 2002 durante el romerismo. Su primo hermano, Gustavo Ferraris (entonces Secretario de Seguridad), fue el nexo inicial con el poder político que lo nombró.
A partir de 2007, y desembarcado el conservadurismo en el ejercicio del poder provincial, siguió siendo la misma conexión tan importante como antes. Para entonces el primo de Pérez no era SS (Sec.Seguridad), sino miembro de la Corte de Justicia. Un salto importante. El gobernador Juan Urtubey cuestionaba el nombramiento del cortesano sobre el final de mandato de Romero. La pirotecnia verbal era pública entonces. Sin embargo, el dialogo entre el Ministro de Corte y Las Costas habría sido bastante fluido. Martin Pérez siguió sobreviviendo de lo mismo.
El misterio comienza a partir de la caída de Gustavo Ferraris, quien no fue renovado en su cargo dentro de la corte. El gobernador Urtubey no propuso su renovación, y aplicó los seis años mortales del romerismo. La pirotecnia verbal se convirtió explosivo militar. Muchos se preguntan quien sostiene a Martín Pérez desde entonces. El ascenso a camarista de Pérez lo firmó el mismo gobernador en julio del año pasado.
Pablo Soto, senador oficialista (fanático) y miembro de la Comisión de Acuerdos del Senado que aprobó el ascenso del juez, también es miembro del jury que se integraría para enjuiciarlo, en caso que alguien se anime y lo pida de verdad. La prudencia que muestran los actores sociales más lúcidos de estos días, ante un juez cuestionado pero ascendido, son como una costilla rota para un peregrino de la Virgen del Milagro…
