El senado se prepara para aprobar las modificaciones al régimen de regalías mineras que suponen un engrosamiento de las arcas provinciales en perjuicio de los municipios productores. Las comunidades de la puna, las grandes excluidas. (Nicolas Bignante)
Hablar del ordenamiento de la actividad minera en Salta implica necesariamente referirse al modelo productivo PRO, no sólo por las características del esquema, sino también por los apellidos involucrados. El tridente que integran el ministro de la Producción Martín de los Ríos, el presidente del REMSA Alberto Castillo y el presidente de la comisión de minería en la cámara baja Andrés Suriani ofrecen una mirada inequívoca del modelo impulsado por los garantes del extractivismo local.
La iniciativa impulsada por el ejecutivo en la cámara de diputados para reemplazar la actual ley 6.294 y modificar el diagrama de regalías mineras, entro en suspenso luego de que otra caravana de originarios asomara en tierras capitalinas, esta vez desde la puna. Tras la partida de los miembros de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo y el arribo de organizaciones de desocupados de Metán, representantes de las comunidades Kolla y Atacama llegaron a la ciudad para mostrar su discrepancia con el esquema que reduce la coparticipación minera en sus municipios.
El nuevo régimen apunta indudablemente a engrosar las arcas provinciales en un contexto de recaudación en bajo. Todo esto mediante una baja sustantiva en la coparticipación a los municipios de donde se extraen los minerales, que pasará del 50% al 20%. La iniciativa motivó que alzaran la voz contra el proyecto los intendentes Sergio Villanueva y Alberto Carral, de Tolar Grande y San Antonio de los Cobre, respectivamente.
De la reunión que mantuvieron los referentes originarios con senadores provinciales, sólo se extrajo el compromiso de estos últimos de «analizar exhaustivamente el proyecto», lo que claramente no supone mucho más que su lisa y llana obligación. No obstante, fue suficiente para que desde las organizaciones decidieran ir a un impasse y retornar a las comunidades. «Nosotros pedimos que el proyecto pase a comisión de nuevo, porque nosotros nunca hemos sido consultados. Queremos ser parte del debate. Pedimos reunirnos con la comisión de minería y nos atendieron. Quedó en manos de ellos nuestro petitorio», manifestó a Cuarto Poder el referente de la Comunidad «Kolla del Desierto» Pedro Lázaro.
El detalle fino del nuevo esquema de coparticipación de regalías establece que un 20% de los fondos debe ir a los Municipios, lo que supone una baja de 30 puntos respecto de la normativa actual. A su vez, ese total se distribuirá de la siguiente forma: 11,25% para el Municipio donde se origine la producción minera, 6,25% para Municipios no productores que se encuentran dentro del departamento productor y 2,5% para los Municipios ubicados en departamentos no productores.
Otro 10% se destinará al Fondo Especial de Promoción Minera, del cual se asignará el 5% para promoción y capacitación, el 2,5% a tareas de fiscalización, control y estímulo; y el 2,5% a políticas de prevención y mitigación ambiental y social. Además, se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de los fondos, determinando los municipios beneficiarios con índices o porcentuales que percibirá cada uno de ellos, de acuerdo a la producción y población.
También prevé que los montos recaudados en concepto de regalía de emprendimientos mineros que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, cuenten con extracción de sustancias minerales, con la concesión de explotación otorgada, hayan pagado las regalías mineras por un plazo mínimo de un año, se distribuirán en los siguientes porcentajes: Cincuenta por ciento, para el Fondo Especial de Promoción Minera y cincuenta por ciento para la Municipalidad donde se origine la producción.
Por último, se aclara que los recursos asignados a favor de los Municipios, deberán destinarse por lo menos en un 70% a la realización de obras de infraestructura básica, servicios esenciales y planes de desarrollo local, departamental o regional, debidamente aprobados por los Concejos Deliberantes de cada Municipio; prohibiéndose expresamente su utilización para gastos corrientes o pagos a personal.
«El 11% para el municipio de Tolar Grande y el 3% para el municipio de San Antonio de los Cobres, es algo con lo que no coincidimos. Son recursos naturales de nuestra tierra y de nuestros territorios», destaca Lázaro. El vitoreado progreso y la explosión de desarrollo publicitados desde el discurso oficial no dejan de contrastar con el cúmulo de necesidades y demandas de las comunidades de la puna. Los reclamos van desde lo sanitario hasta lo ambiental. Casi como si se tratara, salvando las diferencias geográficas e históricas, del postergado chaco salteño. «Hay muchas problemáticas. En San Antonio de los Cobres no contamos con la planta potabilizadora de líquidos cloacales. Tomamos agua contaminada, tanto nuestros animales como nuestra gente. No contamos con un hospital en condiciones. En esta pandemia no contamos ni siquiera con medicamentos y tenemos cañerías de más de 60 años. Las obras que se hicieron, se han hecho siempre con fondos nacionales, entonces es injusto», añade Pedro Lázaro.
En Salta hay más de 100 proyectos mineros en gestión. Los salares de la puna contienen importantes recursos de potasio, magnesio, boratos y sodio, razón que justifica la radicación de empresas locales e internacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Corea y China; más el interés creciente de India y de Japón. Pero, sin dudas, la mayoría de los ensayos se enfocan en la extracción del producto estrella: el carbonato de litio.
En el territorio provincial hay casi 900.000 hectáreas para la extracción de litio que explotan varios emprendimientos mineros de capitales foráneos. Los tres principales con presencia en la puna salteña proyectan una extracción anual de 95.000 toneladas de mineral. Se trata de la canadiense Enirgi Group, la francesa Eramet y la surcoreana Posco. La inversión estimada de estas dos últimas firmas roza los mil millones de dólares.
Entre un 70% y un 75% de los trabajadores, aseguran, son salteños. Sin embargo, la base sobre la cual se realiza el cálculo es verdaderamente acotada. En la puna salteña hay plantas de extracción que tienen entre 5 y 20 operarios. El impacto que estos números pueden aportar en municipios ciertamente empobrecidos, es exiguo cuando no nulo. «Hay una demanda enorme de trabajo en la puna y están llevando mano de obra de otros lados. No tenemos ni trabajo y ahora nos sacan las riquezas», se lamenta Lázaro.
Las promesas sobre la dinamización del empleo y la economía de los pueblos se materializan en apenas algunas compras que operarios y trabajadores realizan en comercios locales. Beneficios brutalmente desproporcionados con el pasivo ambiental que los proyectos ocasionan y que, en la mayoría de los casos, no subsanan. «Hay barrios que no tienen agua potable, luz, ni cloaca. Hay muchas obras inconclusas. Cuando llegaron las lluvias, San Antonio de los Cobres fue un desastre. No tenemos lo básico, entonces ¿Qué nos vienen a decir que con esto se desarrolla el pueblo?», concluyó el dirigente.
