Pobladores de Olacapato luchan por el acceso a fuentes genuinas de trabajo y toman distancia de la referente comunal, Clara Acoria, quien protagonizó una serie de reclamos semanas atrás contra la minera Río Tinto. Advierten sobre manejos unilaterales, poco transparentes y que beneficiarían apenas a un pequeño grupo de habitantes.

 

La subcontratación por parte de la minera Río Tinto de una empresa de catering radicada en Olivos, Buenos Aires, desató una fuerte interna entre los pobladores de Olacapato, a 50 kilómetros de San Antonio de los Cobres. Se trata de la firma Cookins, encargada de proveer alimentos para los cientos de trabajadores que asisten a diario a la mina.

La llegada del emprendimiento derivó en una serie de reclamos encabezados por la referente de la comunidad, Clara Acoria, a quien muchos atribuyen manejos autoritarios y a espaldas de los vecinos. Según aduce, la empresa de catering recientemente contratada no garantiza el acceso al empleo de los trabajadores de la comunidad. Lo llamativo es que, como respuesta, Acoria propone el sostenimiento del convenio con un emprendimiento local que tampoco cumple con dicho requisito.

Desde hace varios años, la firma encargada de proveer viandas a la minera Río Tinto es La Estrella, de propiedad de Emma Choque, oriunda de Olacapato. A pesar de ser un emprendimiento local, los trabajadores pertenecientes a la comunidad que integran el staff, son minoría. De 68 empleados, sólo 12 residen efectivamente Olacapato, el resto son trasladados desde Salta Capital.

A pesar de que la empresa Río Tinto se encargó de dejar en claro que seguirán trabajando con Emma Choque y La Estrella, Acoria y sus seguidores insisten en que los puestos de trabajo están en riesgo. Las diferencias radican en la necesidad de los miembros de la comunidad de contar con apoyo para pequeños emprendedores que exigen asistencia técnica y económica para afianzar sus negocios, ya que a la fecha no reúnen todas las condiciones para ofertar sus servicios conforme a los requerimientos.

De acuerdo a la información recabada, La Estrella no cuenta al día de hoy con la estructura ni la capacidad para ampliar su producción y satisfacer la demanda creciente de la empresa manteniendo la calidad del servicio. De allí que surgieron versiones sobre intentos de asociación entre Choque y Brian Acoria, hermano de la dirigente, para aumentar la provisión y monopolizar el contrato.

Cuentas claras…

Las estimaciones en torno al servicio de catering rondan los $7000 para cuatro comidas diarias por persona. Esa cifra debe multiplicarse por el total de trabajadores, es decir 160, lo que arroja un total de $1.120.000 diarios. Las ganancias de la empresa se estiman en promedio en un 7%, por lo que cada día alcanzan ingresos netos por $78.000. Al cabo de un mes la cifra escala a $2.350.000 y en un año a $28 millones. Un negocio nada despreciable que explica semejante despliegue de tensiones dentro de la comunidad.

Los planteos de Acoria en reuniones y asambleas, cuentan los pobladores, suelen imponerse de manera muy particular. La mayoría de los habitantes que dicen no sentirse representados por ella, alegan que sus opiniones no son tenidas en cuenta.

En nueve días la compañía deberá comunicar a la comunidad su propuesta, que será posteriormente analizada en asamblea. Desde el Gobierno se comprometieron a acercar programas de desarrollo emprendedor y de asistencia financiera, pero hasta ahora no se vieron los frutos de aquella promesa. La empresa minera por su parte, trabaja en un ofrecimiento que atienda puntualmente las necesidades expresadas por los vecinos de la comunidad.

Testimonios

Pedro Calpanchay es habitante de Olacapato y toma distancia de los planteos de Clara Acoria. En una visita a la capital salteña se tomó unos minutos para dialogar con Cuarto Poder: “Ante todo queremos aclarar que no fue la mayoría de la población de Olacapato la que llevó a cabo la protesta. Fue una parte de la comunidad y de los emprendedores. Los problemas de nuestro pueblo vienen desde hace muchos años, no son de ahora”, especificó.

Para Calpanchay, el verdadero problema no es el origen del emprendimiento, sino la contratación de trabajadoress del lugar: “Las empresas mineras son todas de afuera, si es por eso tendríamos que correrlas a todas y no es así. La empresa Cookins es argentina, mientras a nosotros nos de trabajo y seamos de Olacapato, creo que está bien. Actualmente hay gente de otros municipos trabajando aquí”, detalló.

“Yo creo que si sigue esta empresa, va a entrar más gente de Olacapato a trabajar. Es muy poca la gente del pueblo que trabaja con Emma Choque”, añadió luego.

En cuanto a las expectativas de una pronta resolución, Pedro opinó que “lo mejor que puede pasar es que haya diálogo, mucho diálogo en las mesas de trabajo y que nos podamos beneficiar todos. El pueblo en su conjunto y no sólo un grupo”.

“Sólo queremos trabajo para todos”

Marta Casimiro, por su parte, reconoció que en el pueblo la situación es complicada. “La gente está enojada porque los que hicieron el corte no representan a la comunidad, son miembros de la comisión junto a algunos proveedores. Ojalá se aclare que no estamos en contra de Cookins, ni de Emma Choque, ni de nadie. Sólo queremos trabajo para todos, tanto para emprendedores, como para la comunidad. Eso se lograría con diálogo y firmando un convenio entre la comunidad y la empresa”, argumentó.

En cuanto al convenio con la empresa bonaerense, Casimiró destacó que “estaba en conocimiento de nuestra representante, pero no de nuestra comunidad. Cuando ya estaba todo armado, se supo que estaba todo esto en el medio y la comunidad no lo sabía. Si el convenio con Cookins se hubiera firmado con la comunidad, todos estarían trabajando”.

Al igual que otros habitantes de Olacapato, Marta considera que la permanencia de ambos emprendimientos abriría las puertas a la incorporación de más trabajadores. “Hace años que Choque está trabajando y es la primera vez que hace estos cortes. Nosotros no desmerecemos la tarea de Cookins, si da trabajo a los emprendedores bienvenido sea. El viernes, por ejemplo, suben tres trabajadores de Olacapato. Las empresas están dispuestas a dialogar con la comunidad. Creo que lo mejor sería llegar a un acuerdo tanto con Río Tinto, como con Cookins y con la señora Emma. También queremos que se hagan obras, que beneficien al pueblo y no sólo a una persona”, concluyó.

“Nos gustará que nuestro pueblo crezca”

En diálogo con Cuarto Poder, Florinda Nieva puso de relieve las carencias del pueblo de Olacapato y la necesidad de que la bonanza asociada a la actividad minera derrame en forma de obras e infraestructura. “Tenemos muchos proyectos para Olacapato, nos gustaría que nuestro pueblo crezca porque no crecimos nada. Peleamos como proveedores, pero no tenemos ayuda. Están faltando obras e infraestructura, principalmente de agua. No tenemos bien hecha la red agua. Las cloacas no existen en Olacapato. Eso pediría para la comunidad”, subrayó.

Y agregó: “No me siento representada con la actual representante que tenemos. La comunidad podría llegar a un arreglo con la empresa, pero hablando. Lo mejor que podría pasar el 27 sería llegar a un acuerdo y conseguir algo bueno para todas las familias del pueblo”.

Hecha la ley

Sancionada en octubre de 2019 por la legislatura provincial, la Ley N° 8164 en su artículo 15 crea el Registro de Proveedores Locales de Empresas Mineras, estableciendo que las empresas del rubro que operen en la Provincia de Salta preferentemente deberán contratar obras, bienes, insumos y/o servicios prestados por proveedores locales inscriptos.

La normativa fija como requisitos para ser proveedores locales: 

1) Constituir y mantener domicilio real o social y fiscal en la provincia de Salta; 

2) Que al menos el ochenta por ciento (80%) de su nómina de trabajadores tenga domicilio real en la provincia de Salta; en el caso de profesionales y técnicos especializados deberán estar matriculados en el correspondiente organismo colegiado de la Provincia; 

3) Para el caso en que el proveedor sea una persona jurídica, deberá estar inscripta en la provincia de Salta y que el cincuenta y uno por ciento (51%) o más de su composición societaria, esté en poder de uno o más socios o accionistas con domicilio real o social en la Provincia; y

4) Para el caso de Unión Transitoria de Empresas (UTE), deberán estar conformadas contando con al menos un socio de la provincia de Salta, con una participación mínima del treinta por ciento (30%).

Las empresas que operen en la provincia están obligadas a contratar proveedores inscriptos en dicho padrón en un porcentaje no inferior al setenta por ciento (70%) del monto total anual contratado con todos sus proveedores.

Además, la ley también prevé que, para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de los proyectos, se requerirá un sistema progresivo de contratación de empleo, obras, bienes, insumos y/o servicios de la Provincia, que deberá fijarse entre el cuarenta por ciento (40%) y setenta por ciento (70%) del total de su nómina, de acuerdo a la etapa y magnitud del proyecto minero.

Derrochan optimismo

El titular de REMSa, Alberto Castillo, declaró en medios locales que “se están dando los resultados y objetivos planteados el año pasado con la creación de más de 15 mil puestos de trabajo directos e indirectos”.

Y agregó: “Por ello están avanzando los planes de pavimentar totalmente la ruta nacional 51, establecer un nodo logístico en Olacapato con la construcción de una estación de servicio, sector hotelero y gastronómico, además de una playa de transferencia de camiones”.

Desde las oficinas gubernamentales se anuncian inversiones millonarias para hoteles y gastronomía, en los pueblos de Los Andes piden por el acceso al agua y a fuentes genuinas de empleo.