Una comisión de la Secretaría de Minería realizó un viaje hacia la puna salteña para fiscalizar la situación reportada en los estudios de impacto pertenecientes a los emprendimientos boreros. Una de dos: está todo bien o están ocultando algo.
La noticia fue difundida por el Ministerio de ambiente y producción sustentable, bastante conocido por políticas que no son precisamente las más ambientales, por esto y porque todavía están por verse los informes de los técnicos que fueron a controlar la extracción de minerales, es que la duda puede internalizarse en aquellos que leen el tono de la noticia.
Una comisión partió en viaje, “en cumplimiento de la normativa vigente en materia de control minero ambiental”, porque hay que constatar los posibles desmanes (contaminantes o no) que las empresas explotadoras de minerales puedan realizar. O al menos fingir que van a fiscalizar para que no les salte la ficha de una manera tan grosera.
Lo que se fiscalizó durante las revisiones, según consta en la página del gobierno de manera general, fue: “estado de las concesiones, servidumbres, disposición del mineral, método de extracción, condiciones de higiene y seguridad, estado de las huellas de acceso e infraestructura auxiliar, entre otros aspectos técnicos, ambientales y legales.”
Además visitaron los viejos emprendimientos mineros abandonados años atrás para constatar su estado actual, seguramente se dieron con un estado lamentable de abandono, olvido y soledad, así como tantos pueblos que quedaron de la misma manera, muertos como las minas.
