Durante este año se gastará más de 500.000 pesos de la hacienda provincial para alquilar hangaraje para las aeronaves del Ejército Argentino, que a su vez se verá fortalecido por la disposición del presidente de enviar 500 nuevos efectivos a la frontera norte. (Nicolás Bignante)
Mientras se concretaba el desembarco de unos cien militares en la frontera norte de Salta, en el marco de la decisión del Gobierno nacional de modificar las competencias de las Fuerzas Armadas, el Gobierno provincial oficializaba el decreto 828/18. Se trata de un convenio de colaboración mediante el cual la Provincia se compromete a solventar los gastos de alquiler del hangaraje para las aeronaves del Ejército. Para esto, saldrán de las arcas provinciales unos $539.824,56 este año. Como contraprestación, el Ejército prestará su colaboración para vuelos sanitarios y «de otro tipo» a la provincia, lo que deja una enorme incertidumbre respecto de qué «tipo» de traslados quedarán habilitados para el uso oficial, en una provincia donde los vuelos de funcionarios públicos vienen dando mucho que hablar.
Pero más allá del uso discrecional de los bienes del estado, de larga data en estos pagos, está la necesaria reflexión sobre la clase política salteña y larga tradición de convenios con el Ejército, que ponen de manifiesto una relación que va más allá de lo económico.
El acuerdo mediante el cual el Gobierno provincial pagará los alquileres de los hangares del Ejército, no es el primero que se da entre ambas partes, de hecho está enmarcado en un acuerdo de colaboración más amplio celebrado en el año 2011. Por aquel entonces, el Gobierno provincial y el Ejército argentino declaraban el interés mutuo por crear una sección de aviación en el ámbito de la 5ta. Brigada de Montaña. El acuerdo preveía que la fuerza se encargaría del proyecto de obra y el Estado provincial financiaría los trabajos. Las obras incluían: un hangar, una oficina de accesos, una habitación para el personal de turno, un aula baño, una cocina, un depósito de herramientas, una cisterna, entre otras. El decreto 1372/11 en su apartado segundo dice: «Por su parte, la Provincia afrontará los gastos que impliquen la infraestructura y construcciones edilicias necesarias, conforme presupuestos a definirse» y en el cuarto: «La provincia elaborará las previsiones y ejecuciones presupuestarias del caso para la financiación de la obra».
Pese al acuerdo rubricado entre las partes —y a la creación de la sección de aviación—, la Provincia suscribió en 2015 el primer convenio con el Ejército para costear el alquiler de hangares para las aeronaves. El acuerdo lleva la firma del, por entonces, ministro de Gobierno, Eduardo Sylvester.
El acuerdo mediante el cual el Gobierno provincial pagará los alquileres de los hangares del Ejército, no es el primero que se da entre ambas partes, de hecho está enmarcado en un acuerdo de colaboración más amplio celebrado en el año 2011.
Todos como Macri
Un año más tarde, en 2016, el ministro de Seguridad Carlos Cayetano Oliver y el comandante de la 5ta. Brigada de Montaña, Cnel. Juan Manuel Pulleiro, firmaron lo que podría considerarse un antecedente de la reforma macrista de las FFAA. El acuerdo de colaboración entre la cartera de Seguridad y el Ejército —vigente hasta 2021— propicia actividades de formación conjunta (talleres, seminarios, pasantías) entre la fuerza de seguridad provincial y la fuerza armada.
En el decreto, se deja claro que entre los objetivos del acuerdo está el de «Promover, facilitar y colaborar en la realización de estudios e investigaciones que tengan relación directa con los intereses particulares de cada institución». A su vez, deja establecido que la Provincia deberá «apoyar con medios (personales y materiales) e instalaciones en general, actividades educativas y otras debidamente fundamentadas relacionadas a los fines y objetivos de las partes». El convenio, entre otras cosas, les abrió a los militares las puertas de las instalaciones del sistema 911 y del Centro de Coordinación Operativa, cuyos establecimientos recorrieron junto a funcionarios el mismo día del convenio. Se trata de un precedente no menor en la discusión sobre los límites entre defensa y seguridad.
Pero el empeño y la bienquerencia para con los hombres de verde no es patrimonio exclusivo de la provincia. Con un margen de negociación mucho más acotado, el intendente Gustavo Ruberto Sáenz también hizo lo suyo. En 2016, la comuna y el Ejército acordaron tareas conjuntas para prevenir el Zika, Dengue y Chikungunya. Los trabajos incluían desmalezamiento, limpieza y descacharrado en diferentes zonas de la ciudad. El convenio no pasó por el Concejo Deliberante y, por entonces, varios ediles denunciaron que los camiones del Ejército trasladaban la chatarra desde los barrios a la empresa Metalnor, en la Ruta 26. «Lo que para Metalnor es un negocio, para los vecinos es un problema», sentenció Cristina Foffani en aquel entonces. La edil Ángela Di Bez se sumó a las críticas sosteniendo que «si es así la empresa es la que debería pagar o utilizar sus camiones». Sea como fuere, la intervención coordinada entre municipio y Ejército dejó gusto a poco, principalmente para quienes padecen el anegamiento de los canales de la ciudad.
Entre las cláusulas del convenio figuraba también el compromiso de la Municipalidad en cooperar con la reforestación del predio militar en Arenales a través de la dirección de espacios verdes. En ese marco, fueron donados por parte de la comuna unos 50 árboles de la especie guarán amarillo que los soldados debieron sementar en el predio.
Pero no hace falta ir muy atrás en el tiempo, ni mirar exclusivamente al poder Ejecutivo para encontrar antecedentes de este tipo, el Concejo Deliberante también se pone las botas. En mayo de este año, el cuerpo deliberativo aprobó la propuesta de Alberto Castillo (PRO) para declarar de interés municipal y parte del patrimonio a varios edificios de Salta; entre los que se encuentra el regimiento de caballería de exploración N° 5, frente al Campo de la Cruz. La propuesta, según confesó el propio Castillo, tenía que ver con lograr que la Nación envíe los fondos para la restauración de sus fachadas, algo que difícilmente ocurra, ya que a nivel nacional ninguno de los edificios está contemplado para ser declarado monumento histórico. La ordenanza incluye además al edificio del exclusivo Club 20 de Febrero, constituido como sociedad anónima desde 1908. Mantenimiento público de los gastos privados y relaciones fluidas entre la clase política y las Fuerzas armadas. Prioridades de clase que la política salteña tiene pocas intenciones de desatender.
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