La intendenta capitalina anunció un generoso plan de alivio para contribuyentes que ya había aprobado el concejo en 2019: Todas las multas anteriores a 2014 prescribirán automáticamente. Tres días atrás había enviado un proyecto de ordenanza para triplicar las multas a propietarios de terrenos baldíos. (Por Nicolás Bignante)

 

Con la coherencia como estandarte, la intendenta Bettina «titi» Romero anunció «beneficios» para los contribuyentes que ya habían sido aprobados y sancionados por el concejo deliberante en 2019 y oficializados en los primeros días de su gestión. Lo hizo a meses de haber impulsado el aumento de la Unidad Tributaria en un 45% y a tres días de anunciar el envío de un proyecto de ordenanza para triplicar las multas a propietarios de baldíos. En paralelo, adelantó que se va a avanzar en la «agilización de las ejecuciones legales», para todo aquel que aún no pagó sus multas.

Pero vamos por partes como Jack: El martes pasado, tras una reunión con otros dos abogados (la presidenta del Tribunal de Faltas, Soledad Gramajo y el titular de la Coordinación Jurídica y de Procuración, Daniel Nallar), la jefa comunal anunció oficialmente que el municipio «dejará atrás» todas las multas anteriores al 2014 y se brindarán mayores facilidades para el pago voluntario. También se comprometió a avanzar en la digitalización del sistema administrativo de la ciudad.

Presentado de esta manera, el anuncio hasta parece un alivio para quienes acumulen correctivos anteriores al año del mundial de Brasil. Pero ocurre que la prescripción automática y masiva de multas es un hecho desde el 12 de diciembre de 2019, cuando el Boletín Oficial de la ciudad publicó la ordenanza 15.648, aprobada seis días antes por el concejo deliberante. En concreto, la normativa vigente establece en su artículo 1: «Declarar prescriptas las acciones y poderes del Organismo Fiscal para exigir el pago de tributos municipales para aplicar y hacer efectivas las multas por infracciones vinculadas a los mismos, correspondientes a obligaciones y períodos fiscales devengados hasta el 31 de diciembre del año 2014 inclusive, con excepción de aquellos casos en que, respecto de tales tributos o multas, se hayan verificado algunas de las causales previstas en el artículo 53».

En Salta, como en casi todos los municipios del país, las multas graves (que representan la enorme mayoría de las infracciones que ingresan al Tribunal de Faltas) prescriben a los cinco años, pero es necesario que el infractor solicite dicha prescripción. La ordenanza aprobada el año pasado permite saltar ese formalismo y dejar sin efecto la obligación tributaria de manera automática, a excepción de los casos en los que hubo una «interrupción» de la prescripción. Esto es, cuando existe un reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del infractor; cuando se demuestran intenciones de pago; o bien, cuando hay reincidencia, en cuyo caso el periodo empieza a correr desde el 1 de enero del año siguiente.

De cualquier manera, lo que el concejo capitalino aprobó como una formalidad casi inherente al cierre de sesiones, fue presentado como «plan de alivio a los contribuyentes» por parte de la comuna. Entre otras cosas, esto puede deberse a que el Departamento Ejecutivo no puede disponer de los recursos municipales sin la aprobación del órgano deliberativo de Av. del Líbano.

El anuncio oficial, del que aún no trascendieron mayores detalles, aclara más adelante que, también se van a «agilizar las ejecuciones legales» contra todos aquellos que no hayan realizado sus pagos aún. No fueron pocos los que entendieron que, en realidad, en ese párrafo se encontraba el verdadero anuncio. La observación no es menor si se pone en contexto y se toman en consideración las posturas de Romero frente al tema tributario.

El 3 de febrero pasado en una convocatoria de medios en el Centro Cívico Municipal, la intendenta se vio obligada a cruzar palabras con una trabajadora de la Cooperadora Asistencial, que llevaba días de huelga a la espera de definiciones por su futuro laboral. La frustrada conferencia tuvo que ser trasladada a una oficina cerrada con un número reducido de medios.

Sobre el final de la ronda, revolean un salvavidas: «¿Cómo va la recaudación de impuestos intendenta? ¿La gente se atrasa en los pagos?». «Le agradezco la pregunta», retomó Romero, para luego irse en elogios y felicitaciones a la colega. «Eso habla de un nivel de periodismo que quiere hablar de lo que importa», agregó. Sobre el final de la charla, la intendenta interroga: «¿De qué medio es usted?». «De Diario El Tribuno», le responden. «Ah, con razón», concluyó.

La charla en cuestión tuvo lugar un mes y medio después de la aprobación de la ordenanza tributaria que preveía un aumento del 45% en la UT. Cuatro meses después, el mismo concejo deliberante aprobó la exención impositiva a comercios afectados por la emergencia sanitaria mundial. El agujero fiscal denunciado por la jefa comunal fue estimado en $70 millones, aún sin tener un relevamiento serio de la cantidad de comercios afectados. Los ediles calcularon la cifra en menos de la mitad. Pero suponiendo que la matemática de Romero sea la más ajustada a la realidad, el pasivo fiscal no supera el 1% del presupuesto municipal, que por cierto, depende en su mayoría de fondos coparticipables. Como sea, la mandataria capitalina optó por poner un signo de interrogación al pago de sueldos ante la aprobación de las exenciones.

En el marco del «plan de lucha contra el dengue» la municipalidad de Salta, además de levantar cifras astronómicas de chatarra (dos millones ochocientos mil kilos según el secretario de Ambiente Aroldo Tonini), impulsa un aumento descomunal de las multas para propietarios de terrenos baldíos en mal estado. El proyecto de ordenanza enviado al concejo deliberante propone incrementar las cantidades de unidades tributarias por infringir diversas normas de higiene, entre ellas la falta de mantenimiento de terrenos baldíos y conformación de microbasurales. Las sanciones irían de 200 a 9 mil UT, lo que implica multas de $3.000 a $130.000. Además de la falta de mantenimiento de terrenos, las multas se incrementarán para otras contravenciones como: arrojar aguas servidas a la vía pública, no tener las veredas limpias y abandonar vehículos particulares en la vía pública.

Si se tiene en cuenta que en la Capital salteña hay más de 20.000 terrenos baldíos, según las cifras oficiales difundidas la semana pasada, se hace todavía más difícil soslayar el propósito recaudatorio del proyecto enviado al concejo. Los números se hacen sólos.

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