Un escándalo de corrupción que involucra a la ex coordinadora del programa Incluir Salud en Salta, Emilse Maury, estalló por estos días con una investigación que nació en la SIGEN, se derramó en la SIGEP y aterrizó en una fiscalía federal. Se la acusa de haberse quedado con dinero destinado a coberturas para enfermos y al transporte de niños con discapacidad a través de un espurio convenio entre Nación y Provincia. El desfalco multiplicaría varias veces los miles de millones de pesos.

Jerson De Cecco

En medio del revuelo nacional por la entrega irregular de pensiones por invalidez, un nuevo escándalo sacude a la Agencia Nacional de D iscapacidad (ANDIS), pero esta vez tendría su origen nada menos que en Salta. La principal señalada es la ex coordinadora del programa federal Incluir Salud (Ex PROFE) en Salta, Emilce Maury.

Los afectados son centros de rehabilitación que atienden a miles de salteños con discapacidad que requieren de traslados diarios a instituciones educativas y de salud. El dinero que Nación destinaba mensualmente a dichas instituciones para cubrir gastos de transporte habría sido retenido indebidamente por la administración local de Incluir Salud desde el año 2019 en adelante. Todo en el marco de un convenio suscripto entre la ANDIS y el Ministerio de Salud local que -entre otras cosas- confería facultades a la provincia para disponer discrecionalmente de esos fondos.

Los antecedentes de la pesquisa mencionan que los fondos se retenían mediante la imposición para que parte de lo pagado se depositara en varias cuentas bancarias. Los sospechados del fraude habrían pedido que los retornos se transfirieran en su beneficio y existirían los datos de varios CBU en donde se concretaban los desfalcos.

Cuarto Poder accedió al testimonio de varias familias de niños con discapacidad que asisten a instituciones afiliadas al programa Incluir Salud (Ex PROFE) que prefirieron resguardar su identidad por temor a represalias. Según relataron, en el período comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2020, la entonces coordinadora de Incluir Salud, Emilce Maury, aplicó retenciones a la institución a la que asisten sus hijos. La sustracción era nada menos que del 60% de los fondos destinados al ítem transporte, tal vez uno de los más onerosos y sensibles. La fiscalía trata de establecer si otras prestaciones, y el millonario dinero vinculado con ellas, fueron afectados por estas maniobras.

El puntapié para semejante atribución lo habrían dado el expresidente Mauricio Macri y el exgobernador, Juan Manuel Urtubey, al modificar el convenio marco entre Nación y Provincia para el financiamiento de Incluir Salud. En la adenda, se da lugar a que la Provincia introduzca las modificaciones que crea convenientes para la prestación de transporte.

Sobre ese artilugio jurídico, denuncian los familiares, durante la gestión de Maury se redactaron convenios para disponer del 60% de todas las transferencias mensuales en concepto de transporte.

Este medio accedió al mencionado convenio que establece que el transporte es la única prestación que puede ser “regulada, coordinada, auditada, controlada y cancelada por la provincia, la cual tendrá la facultad de establecer la modalidad y logística y, en el caso que corresponda, el valor del km recorrido”. A partir de octubre de 2022, los pagos por kilómetro recorrido se fijaron de acuerdo al criterio provincial, lo que supuso una liquidación notablemente inferior a la otorgada por Nación.

Llamativamente, el plazo para la aplicación del convenio era de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por otro año. Así y todo, las retenciones siguieron. Como resultado, las instituciones enfrentan hoy serias dificultades para el pago de los traslados, algunas de ellas adquirieron deudas millonarias, trabajan en unidades propias deterioradas y no pueden siquiera afrontar un cambio de cubiertas.

¿La punta del ovillo?

Según pudo averiguar este semanario, las denuncias llegaron a los despachos de la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) y de su par nacional, la SIGEN. Asociación ilícita y fraude a la administración pública serían las figuras que recaerían sobre la ex coordinadora de Incluir Salud.

Por estos días se esperan nuevos detalles de la investigación que incluiría operatorias aún más serias, como el pago de facturas millonarias a empresas que no prestaban servicio alguno a las instituciones. De ser así, la cifra inicial del desfalco, estimado en mil millones de pesos, podría trepar considerablemente.

Funcionaria de lealtades múltiples

En su cuenta de X (ex Twitter), Maury se presenta como “Salteña, abogada, bostera, peronista y ferroviaria”. Al igual que otros, se considera una incondicional de Gustavo Sáenz. No obstante, su flexibilidad ideológica la llevó por todos los rincones del arco político. En 2015 acompañó al actual gobernador en su mandato al frente del municipio capitalino, donde operó como subsecretaria de Modernización, bajo la órbita de Martín Guemes. En la presidencial de ese año colaboró con el intento de Sergio Massa por llegar a la Casa Rosada.

Dos años más tarde, intentaría llegar a la legislatura provincial de la mano de Adrián “chico malo” Valenzuela, quien por entonces perseguía la senaduría, y Matías Posadas, dueño del sello del Frente Plural. Todo bajo la supervisión de Juan Manuel Urtubey.

Tiene antecedentes con UNIR, la fuerza que comanda el radical conservador Alberto Assef. Desde esa plataforma apoyó la candidatura presidencial del liberal José Luis Espert. Algunos mencionan que también se acercó a la sede local de Juntos por el Cambio, desde habría militado la candidatura presidencial de Mauricio Macri. No habrían faltado las fotos con dirigentes locales de la guardia cambiemita como Martín Grande.

Más adelante, en 2019, pegó el barquinazo nuevamente y aterrizó en las filas de Consenso Federal, la “tercera vía” promovida por Lavagna-Urtubey. Sin inmutarse, tras el triunfo de Alberto Fernandez, volvió a las filas del peronismo. Esta vez, con un cargo garantizado: Se puso al frente de la coordinación del programa Incluir Salud (Ex PROFE), donde las denuncias y reclamos por parte de familiares de personas con discapacidad, se multiplicaron cada vez más.

Maury fue cuestionada tanto por su doble rol de funcionaria y presidenta de la Fundación Ing. Maury, como así también por la supuesta construcción de una lujosa casa en el country «Praderas de San Lorenzo«, cuyo costo superaría los 240 mil dólares. Hasta no hace mucho prestó funciones en la Casa de Salta, una institución célebremente conocida por dar asilo a funcionarios salpicados por el escándalo. Curiosamente, fue designada en diciembre de 2023 y echada el 19 de julio pasado. Alguna vez, un viejo conocedor de la burocracia provincial definió a la Casa de Salta como “el paso previo al ostracismo o a los tribunales”.

Le sueltan la mano

El ministro de Salud, Federico Mangione, adelantó que la provincia se hará cargo íntegramente del programa Incluir Salud en Salta. Lo hizo este jueves, luego de que decenas de familiares de pacientes con discapacidad se manifestaran afuera de Casa de Gobierno. En la reunión, tanto Mangione como el actual titular del programa, brindaron detalles de las irregularidades detectadas durante la gestión de su predecesora. Una de las mujeres presentes en el reclamo llegó a asegurar que el ministro prometió que “se van a cortar varias cabezas”. Mientras tanto, son miles las familias que aguardan respuestas a sus reclamos. Al fin y al cabo, los más perjudicados son y siempre fueron los pacientes.