Un último recurso para intentar salvar al tarifazo. Aranguren dijo que convocara a una «audiencia informativa» para justificar los aumentos.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que firmará una resolución para convocar a una «audiencia informativa» respecto al tarifazo en luz y gas, hoy frenado por la Justicia.
Si bien volvió a argumentar que no es obligatoria la convocatoria a audiencias públicas para dictar el precio de la generación de energía eléctrica y la producción de gas, Aranguren dijo que por «motivos políticos» se ven obligados a convocar a esa audiencia «para que todo el mundo esté informado». «Solamente está sometida a audiencia pública una revisión tarifaria integral de la tarifa por transporte y distribución», insistió el funcionario en diálogo con Radio Mitre y remarcó: «Desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho está perfectamente justificable».
Luego aseguró que «la gente pagó y aceptó la tarifa, pero se uso políticamente el argumento” de la falta de audiencias y que por ello harán una convocatoria, aunque será «informativa». Mientras tanto, la audiencia pública para la revisión tarifaria integral se hará en octubre, como ya estaba anunciado.
«Vamos a hacer una audiencia pública, estamos redactando una resolución», afirmó y dijo que será «para detallar adecuadamente cuál es el sistema que hemos heredado, cuál es el impacto de las medidas que hemos tomado, qué nivel de gradualismo hemos impartido».
Aranguren sostuvo que en el caso de las tarifas de gas “en el bimestre mayo-junio, el 87 por ciento” de los usuarios residenciales “recibieron facturas inferiores a los 500 pesos” y que “el 78 por ciento” de ellos las pagó porque “la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento”. Al respecto, el funcionario comparó esa tarifa con “la suscripción básica de la televisión por cable que es de 540 pesos mensuales” y sostuvo que “el 74 por ciento de la población del Gran Buenos Aires” tiene ese servicio.
También lanzó que si se retrotrajeran las tarifas a antes del aumento, “implicaría dar de baja a la tarifa social” que alcanza “al 28 por ciento de los hogares en el caso de la electricidad y al 41 por ciento en el caso del gas, sumando la garrafa social”.
Fuente: Página 12
