Con la declaración de la emergencia por violencia de género en la provincia, se prevé destinar durante el 2015 la suma de 10 millones de pesos. Cuarto Poder accedió al proyecto para saber en qué se invertirá y qué contempla ese Plan de prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género. (Andrea Sz)
Luego de 12 casos de femicidios en lo que va del año y uno más luego del anuncio del decreto, el gobierno provincial en carácter de necesidad y urgencia, decretó la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial.
A pesar que diferentes organizaciones de mujeres salteñas demandaban esta emergencia, otras tantas exigían que las leyes sancionadas se ejecuten, entre ellas la ley 7.403 sancionada en 2006 para protección de víctimas de violencia familiar. La misma contempla que el Estado deberá brindar servicios especializados para la asistencia y el tratamiento médico y psicológico en hospitales y/o centros de salud, como mínimo, en los centros poblacionales que se consideren estratégicos desde el punto de vista de la accesibilidad territorial. Para ello se disponía “la atención especializada en dependencias de la Policía Provincial y la provisión de sistemas de domicilio seguro y asistencia social para las víctimas”.
De la misma manera, los proyectos para la aplicación en Salta de la ley que contempla la responsabilidad del Estado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, son evadidos por el ministerio de salud desde hace mucho. Lo mismo ocurrió con la ley nacional 26.485 sancionada en 2009 y que los senadores salteños la convirtieron en una parte de la violencia social que contempla también otros tipos, dejando de lado específicamente el tema de la violencia hacia la mujer.
Ahora, el decreto provincial Nº 2.654 habilita al Poder Ejecutivo “a realizar acciones y generar políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones”. Aunque no estuvo presente cuando se realizó el anuncio, el ministro de economía, Carlos Parodi, indicó que para el 2015 se presupuestarán diez millones de pesos a fin de solventar las distintas acciones que formarán parte de este plan. Además, Parodi mencionó que este mes se prevé realizar la licitación necesaria para obtener el sistema de botón anti pánico físico y por celular.
Que no quede en letra
Cuarto Poder tuvo acceso a “Unidos por una Salta libre de violencia”, el Plan que desde la estructura del Ministerio de Derechos Humanos lo aplicará a través de su secretaria. El mismo consta de tres ejes estratégicos: la prevención de violencia de género y promoción de derechos humanos; la atención y asistencia integral a la victimas; y el acompañamiento a las víctimas. Así también realizará una “acción transversal” que implicará la investigación, monitoreo, registro y comunicación de cifras e información relativa a violencia de género en el ámbito provincial. Hasta el momento el gobierno no posee un registro oficial de femicidios, ni mujeres desaparecidas. (Ver www.cuartopodersalta.com.ar/cuantas-mas)
El primer eje de este Plan pone el foco en dos espacios importantes: las instituciones educativas y los medios de comunicación. Pese a que desde el año 2006 la ley de educación sexual integral contempla que debe ser la escuela quien provea información científicamente probada y por lo tanto de calidad, además de favorecer no sólo la información sino la formación, en el sentido más integral sobre una sexualidad responsable de los jóvenes.
El Plan provincial remarca que para llevar un monitoreo sobre las acciones de prevención de violencia de género en escuelas y medios masivos, se pondrán en marcha “indicadores de gestión”, entre los que se encuentran un conteo de “Cantidad de talleres dictados en los Grupos Terapéuticos para Varones Violentos” y “Cantidad de «Cuestionarios de Detección Temprana» registrados en Centros de Salud.
El segundo eje del Plan, el de “Atención y asistencia integral a las víctimas de violencia de género”, tiene entre sus objetivos el de “evitar la re victimización”, para ello se elaborará el Primer protocolo provincial de abordaje en casos de violencia de género, y se implementará el botón antipánico y el Programa de formación a funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, operadores del Sistema de Educación, Salud y Seguridad en atención y asistencia a casos de violencia de género. Serán indicadores de gestión, en este punto, un registro de veces que víctimas de violencia utilizaron el botón antipánico y un registro de veces que este haya permitido el abordaje exitoso de situaciones violentas.
Mientras que el último y tercer eje de acción pretende brindar acompañamiento y seguimiento a las víctimas de violencia de género asistidas, para ello se creará Hogares de protección temporal a personas en situación de violencia para víctimas de violencia en Tartagal y Orán, y se hará un fortalecimiento del programa de asistencia integral de víctimas de violencia, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Este punto es la copia en parte del proyecto que en noviembre de 2012 fue presentado por el Frente de Mujeres de Salta. (Ver www.cuartopodersalta.com.ar/declaracion-de-la-emergencia-ya)
En función al seguimiento y monitoreo, y el registro de la información sobre la violencia de género, se creará el Observatorio provincial de violencia de género y se implementará el registro informático único de casos de violencia de género en la provincia de Salta. Se prevé también la creación de 5 Juzgados de Violencia y Género y una Fiscalía de género.
Experiencias territoriales
El Plan provincial prevé también el trabajo en conjunto con diferentes organizaciones que trabajan a diario con problemáticas de género. Aunque desde el ministerio de DDHH se convocó a diferentes referentes femeninas salteñas, existen otras que también plantearon su posición respecto a la declaración de emergencia. Es el caso del espacio de género de Patria Grande de Salta, que en un comunicado señalaron: “Las acciones enunciadas por el gobierno no están claras y generan múltiples interrogantes y desconciertos que, de no saldarse, la medida quedará en un simple anuncio. El decreto deja a la deriva puntos nodales de esta problemática, como por ejemplo la necesidad de vivienda y empleo digno para la víctima o que salida le brinda el Estado a una víctima de violencia de género para que alcance su autonomía y su independencia económica. ¿Cómo van a funcionar las redes de contención y acompañamiento a la víctima y su entorno familiar? ¿Qué participación se les va dar a las organizaciones sociales? ¿Quiénes van a ser los responsables de los refugios? ¿Cuáles serán las medidas de prevención? etc. Las medidas anunciadas no resultan suficientes, pero el estado de emergencia, nos permite afrontar y continuar la lucha desde otro piso para seguir avanzando en la conquista de más derechos”.
Cecilia Gómez del MST también criticó que con este decreto “Lo que intenta Urtubey es disimular la complicidad del aparato estatal en los femicidios y ubicarse él mismo como presidenciable. Y entretanto, el decreto lo aplicará la misma justicia que tiene 100 mil causas de violencia familiar sin resolver -incluidos los reaccionarios fiscales Troyano y Buabse que acusan a las víctimas de ‘usar ropa provocativa’ o tener ‘un desarrollo físico exuberante’- y la misma policía que no mueve un dedo cuando las mujeres golpeadas denuncian”.
