Una palabra clave, pero mal colocada, desdibujó una política nueva después de 12 años de ineficaz retórica nacionalista. La cuestión es ya muy sensible desde donde se la mire y refiere a las islas Malvinas. La palabra fue soberanía y aludía a la soberanía argentina en las islas. Mauricio Macri no la puso sólo en su boca, que hubiera sido lo correcto, sino en la de la primera ministra británica, Theresa May.
No es bueno, desde ya, comenzar una negociación desmentido y desmintiéndose. Mucho menos cuando esas conversaciones deberán atravesar tormentas emocionales argentinas, imposibles de confrontar con argumentos racionales. El objetivo del Gobierno es simplemente reinstalar la situación preexistente al kirchnerismo. Ni siquiera se propone, por ahora al menos, volver a la situación de antes de la guerra de 1982, cuando la relación entre los habitantes de las Malvinas y el continente argentino era muy fluida en transporte, atención sanitaria, educación y energía. En verdad, desde 1972 -y durante el gobierno de Perón de 1973- se avanzó mucho en la integración del país con las islas.
Dicen los diplomáticos que ni los cancilleres pueden tratar con solvencia histórica y técnica la cuestión Malvinas. Es un tema de especialistas en el que abundan las «líneas rojas» impuestas para las diplomacias de la Argentina y Gran Bretaña. Por eso, les ruegan a cancilleres y presidentes que se refieran al asunto con conceptos muy generales: «el diálogo necesario» o la «resolución pacífica de los conflictos», por ejemplo. Más allá de esas generalidades hay un territorio cargado de trampas. El Presidente cayó en una de ellas. Estaba urgido para ponerle fin a la polémica argentina sobre la declaración firmada pocos días antes por las dos cancillerías, que había espoleado la crítica de los opositores previsibles, pero también la de sus propios aliados.
Vale la pena detenerse, por eso, en el núcleo de la novedad, más que en los destellos del error presidencial. La declaración argentino-británica fue firmada por el vicecanciller británico, Alan Duncan, y por su par argentino, Carlos Foradori. El trabajo grueso de ese documento lo llevó adelante la canciller Susana Malcorra, quien se fotografió con Duncan, pero la firma correspondió al funcionario argentino de igual jerarquía que la del británico. Tal vez la declaración debió esperar la elección del nuevo secretario general de las Naciones Unidas, que se hará dentro de un mes, porque Malcorra es candidata a ese cargo y Gran Bretaña tiene poder de veto sobre esa elección. Negociar bajo semejantes condiciones es difícil de explicar, como son fáciles de argumentar las suspicacias sobre una eventual incompatibilidad. Malcorra no dio ninguna razón para tales sospechas, pero siempre será mejor anticiparse al prejuicio en la cuestión Malvinas.
La declaración no es un tratado, en efecto, porque no dispone ninguna medida definitiva. Sólo crea un espacio de negociación para una mayor frecuencia de vuelos entre las Malvinas y el continente argentino y para limpiar de obstáculos las acciones conjuntas sobre la pesca y el petróleo en las aguas cercanas a las islas. Es cierto que la declaración no hace ninguna mención a la posición argentina sobre su histórico reclamo de soberanía. Podría haberse salvado, tal como sucedió en varios acuerdos durante la cancillería de Adalberto Rodríguez Giavarini, haciendo mención al acuerdo de Madrid de 1989, que creó el famoso «paraguas» sobre el tema soberanía. Es decir, todas las conversaciones respetarían la existencia de ese «paraguas» y ningún acuerdo olvidaría que siempre estará intacto el reclamo argentino sobre la soberanía.
El status de la relación conseguido por la gestión de Rodríguez Giavarini es, a todas luces, el objetivo del gobierno de Macri. Durante la gestión del canciller radical y actual presidente del influyente CARI (el think tank argentino más importante de la política exterior), la Argentina acordó con Londres trabajar conjuntamente para la preservación de la fauna marina. Tropezó con divergencias en los tratados que ya existían sobre cooperación en materia de exploración y explotación petrolera, pero se creó un «período de reflexión» al respecto. La Argentina y Gran Bretaña conciliaron entonces trabajar en conjunto sobre el continente antártico y Londres levantó un veto histórico para que Buenos Aires fuera sede de la Secretaría del Tratado Antártico. En esos tiempos se empezó a negociar también el acuerdo de reuniones anuales de alto nivel entre los dos países. El acuerdo terminó firmándose en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Las cosas cambiaron con la llegada de los Kirchner. En 2003 se hizo en Buenos Aires la última reunión anual de alto nivel. Más tarde, Cristina Kirchner decidió cancelar definitivamente el «período de reflexión» sobre el petróleo. Las bondades económicas de la soja les permitieron a los dos presidentes Kirchner una política de duro enfrentamiento con Gran Bretaña, el principal aliado histórico de Washington y entonces un miembro destacado de la Unión Europea. Una política exterior malvinense significó en los hechos un retroceso importante para los intereses argentinos en las Malvinas. En rigor, ése es el argumento del Gobierno para explicar la última declaración de Malcorra y Duncan. Sucedió lo mismo cuando los gobiernos democráticos debieron relanzar la relación con Londres luego de la enorme regresión que constituyó la guerra de Galtieri para los intereses argentinos.
Malcorra, como en su momento Rodríguez Giavarini, quiere encontrar una diagonal entre las concesiones de Menem y la guerra. Está claro que hay otros dos extremos imposibles. Son éstos: que Londres logre en este mundo el reconocimiento de su soberanía sobre islas que están a 14.000 kilómetros de la metrópolis o que haya una solución que ignore la voluntad de los habitantes de las Malvinas. Ni los resabios del viejo colonialismo ni la indiferencia ante el derecho de las personas podrían consumarse frente a los valores que rigen ahora las relaciones internacionales. Por eso, no puede quedar al margen el trato a los isleños. Una cosa es que ellos se sienten a la mesa de la negociación (que la Argentina siempre rechazó al defender sólo un diálogo bilateral con Gran Bretaña) y otra cosa es que se los ignore como si no existieran. Son dos situaciones diferentes.
El riesgo argentino no es, por lo tanto, que Londres consiga los derechos soberanos sobre las Malvinas; el verdadero riesgo es que los isleños logren la autodeterminación. ¿Geografía demasiado pequeña para ser un país? Timor oriental se convirtió en 2002 en el primer Estado soberano del nuevo siglo, luego de ser un dominio portugués durante mucho tiempo e indonesio en el último tramo. Timor tiene 15.000 kilómetros cuadrados y las Malvinas poco más de 11.000. Cuanto más normal sea la relación con Londres y con los isleños más se alejará esa posibilidad. El tema de la soberanía argentina sobre Malvinas estará siempre al final de un largo proceso de diálogos y consultas, nunca al principio.
Macri sabe, además, que Gran Bretaña es un miembro destacado de la comunidad política, económica y financiera internacional. Y alimenta vastas expectativas sobre las inversiones extranjeras en 2017. En el fondo, la Argentina tiene también posiciones más coincidentes en temas comerciales con los británicos que con otros países europeos. Tal vez haya que buscar por ahí las explicaciones para la equivocación del Presidente en una cuestión que aquí arrebata los sentimientos más allá de las razones, más acá de las emociones.
Fuente: La Nación
