A un mes de haber asumido y a contramano de la ley, un juez de la Corte Salteña formó una sociedad comercial con el vicepresidente del PRO local, una desarrolladora inmobiliaria top y un ex-jefe del Ingenio Ledesma. ¿Qué puede salir mal?

Son tiempos de pandemia global y el rebusque se ha convertido en ley para quienes han visto paralizadas sus posibilidades de desarrollarse. La reconversión de actividades y la multiplicación de emprendimientos han sido y son una característica de los tiempos que corren. Mientras algunos contemplan el trabajo informal como única alternativa de supervivencia, aún a riesgo de ser tildados de «ilegales» por los de arriba, otros avanzan en fructuosos negocios haciendo gala de sus privilegios y pasando la ley por encima.

Y hablar de LOS VIÑACO SAS (Sociedad de Acciones Simplificada) es precisamente hablar de privilegios. No sólo por la historia personal de los apellidos involucrados, sino también por su existencia en sí.

Todo comienza el 20 de julio pasado, cuando en la sección comercial del Boletín Oficial se asienta la constitución de una nueva sociedad con la denominación LOS VIÑACO SAS, con un plazo de duración de 50 años y un capital de $180.000 dividido en 180 acciones. El objeto de la empresa recorre de punta a punta las más variadas actividades: Inmobiliarias, agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, vitivinícolas, comunicaciones, espectáculos, editoriales, gastronómicas, hoteleras, turísticas, inversoras, financieras y transporte.

La oficialización lleva la firma de la directora general de Sociedades Comerciales Rosario Sierra y entre los socios que conforman la compañía se encuentran: José Ignacio Lupión, Magdalena Day Aráoz y Bernardo Sayus. Pero se destaca la presencia de Horacio José Aguilar, actual juez de la corte de justicia de Salta y, por ende, inhabilitado por ley para ejercer actividades comerciales. La gravedad del asunto reside en que la conformación del consorcio se dio un mes después de su asunción en el máximo tribunal y a varios meses de su postulación por parte del ejecutivo provincial.

Magdalena Day Aráoz

En concreto el artículo 1 de la ley 5.297, que establece las incompatibilidades de los jueces, resume: «El ejercicio de la magistratura judicial, Ministerio Público y Secretaría, de cualquier instancia, es incompatible con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres o de los hijos y con el desempeño de empleos públicos o privados». Únicamente queda afuera de esta restricción la actividad docente, siguiendo estrictas condiciones y con la imposibilidad de asumir en cargos directivos.

La norma, de hecho, disparó una polémica semanas atrás en ocasión del anuncio oficial para crear un fondo solidario para el sector privado basado en descuentos a la administración pública. En aquella oportunidad, el ejecutivo instó a los otros dos poderes a seguir el ejemplo y donar parte de sus haberes de septiembre, aunque encontró algunas resistencias entre los muchachos de Ciudad Judicial. El presidente del Colegio de Magistrados de Salta, Eduardo Barrionuevo, declaró por entonces que «a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de otros poderes, los integrantes del poder judicial tenemos vedada todo tipo de actividad económica. Nosotros no tenemos ningún kiosquito… legal».

En tal sentido, el magistrado puso como ejemplo el caso del ex-gobernador Juan Manuel Urtubey, quien reconoció en una entrevista el año pasado que no vivía de su sueldo, sino de su actividad privada en la cría de porcinos.

De cualquier modo, explican los que saben, el espíritu de la restricción pretende salvaguardar el ejercicio de la actividad jurisdiccional y la máxima imparcialidad objetiva de los jueces y magistrados, no sólo real sino también la aparente.

Gente como uno

José Ignacio Lupión es actualmente vicepresidente del PRO Salta y en algún momento su nombre figuró entre los candidatos al ministerio de Producción, cargo que finalmente ocupó su par macrista Martín de los Ríos. En 2017 fue candidato en tercer término en la lista que llevó a Martín Grande al congreso de la Nación y durante varios años ocupó diferentes cargos en la Sociedad Rural Salteña, entre ellos el de presidente. En representación de esa entidad, llegó a ser consejero suplente entre 2015 y 2018 del Consejo Económico Social de la Provincia de Salta.

Médico veterinario de profesión y desmontador serial por pasión, casi todas las sociedades que conformó incluyen entre sus servicios la desforestación para emprendimientos rurales. En numerosas entrevistas periodísticas se despachó contra la Ley de Ordenamiento Territorial y las restricciones a la tala indiscriminada. Desde su perspectiva, los límites al desmonte ilegal constituyen un «freno al desarrollo» y, según su criterio, «con permisos de desmonte sustentable (…) en el Departamento Rivadavia en vez de una vaca cada 30 hectáreas podría haber una cada dos o tres, es decir 10 veces más por lo menos» (El Tribuno, 2016).

En 2007 conformó Desarrollos del Norte SRL en sociedad con quien compartía la firma Lubriagro SRL. Siete años más tarde, crea la constructora El Mollar SRL junto a Magdalena Day Aráoz, con quien también se asociaría en la firma MDAY LUPIÓN S.A. El nexo entre ambos es su esposa Inés María Day D’Andrea.

Magdalena Day Aráoz es una de las desarrolladoras inmobiliarias con mayor presencia en el mercado salteño de urbanizaciones privadas. Las palabras «trayectoria», «liderazgo», «profesionalismo» ensalzan su figura en cuanta publinota circula por la web. Hasta 2016 integró la firma «Peña Day Construcciones SRL» junto a su ex-esposo el actual ministro de Turismo Mario Ernesto Peña. A lo largo de sus 10 años de existencia, el grupo MDay Loteos desarrolló más de 30 barrios abiertos y 9.613.720 m2 de tierra. Las Chancas, Eko Distrito y Proyecto P810, son algunos de los coquetos emprendimientos que enaltecen la firma.

Hace exactamente un año, la Cámara de Apelaciones en la Civil y Comercial rechazó un amparo presentado por vecinos de Vaqueros contra un proyecto denominado «Lares de la Inmaculada», donde intervenía MDay como desarrolladora. El planteo de los lugareños era que el loteo no cumplía con previsiones territoriales y ecológicas mínimas y que el riesgo de inundaciones podía agravarse tras el desmonte de unas cuatro hectáreas. Sin embargo, el juez Marcelo Domínguez no hizo lugar al reclamo.

Aunque Madgalena Day Aráoz pudo haber ignorado las incompatibilidades entre la función judicial y la actividad comercial, bien pudo habérselo advertido su prima Julia Figueroa Day, quien se desempeñó hasta 2018 como Directora General de Sociedades Comerciales, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.

Bernardo Sayus, por su parte, ostenta un nutrido currículum en el ámbito del derecho laboral y un oscuro nexo con el actual juez de la corte salteña: el megaempresario Carlos Pedro Blaquier. El jurisconsulto integra el estudio Aguilar, D’Andrea Cornejo, Cuneo y Asociados y se desempeñó como jefe de asuntos legales del Ingenio Ledesma. De allí su vínculo con Aguilar, quien asumió la representación de Blaquier, acusado por delitos de lesa humanidad, en una causa donde antes había intervenido como juez federal. Su dilatada experiencia en asesoramiento legal corporativo, lo llevó a desempeñarse también como asesor de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Estado del Gobierno de Salta.

Blaquier, francesas y Leavy

El 17 de febrero de este año Gustavo Sáenz propuso como juez de corte a Horacio José Aguilar, hombre de estrecha amistad con su antecesor Juan Manuel Urtubey. El letrado ostenta al menos tres antecedentes polémicos en su biografía. El primero tuvo lugar en 2011, cuando asume la defensa del presidente del emporio Ledesma en la causa denominada «Los apagones». El hecho le valió el repudio de organismos de DDHH de Jujuy y Salta, por tratarse de una causa por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, en la que se investigan desapariciones.

A fines de ese mismo año, Aguilar encara la representación legal de Jean Michel Bouvier, padre de una de las francesas asesinadas en San Lorenzo. Durante la etapa de instrucción fue muy evidente su acompañamiento a las actuaciones del juez Martín Pérez, cuyas investigaciones estuvieron sumidas en inconsistencias y turbiedades. El francés decidió cortar el vínculo con Aguilar dos años más tarde, luego de descubrir su amistad con Juan Manuel Urtubey.

Finalmente, en 2019 en un enrarecido clima electoral, el abogado se erige como representante del -por entonces intendente- Gustavo Sáenz en una causa por calumnias e injurias contra su contrincante Sergio Leavy. El candidato del Frente de Todos había acusado una campaña sucia en su contra desde cuatro búnkers liderados por el ex-funcionario «U» Juan Pablo Rodríguez. El resto es historia conocida. Aguilar asume como juez de corte a mediados de junio, un mes antes de la conformación de Los Viñaco SAS.

La explicación oficial

En diálogo con Cuarto Poder, la subsecretaria de Registro del Estado Civil y Personas Jurídicas, Verónica Miranda, aludió a las demoras del trámite administrativo y señaló que la conformación de la empresa se dio dos semanas antes de su asunción como juez de corte. «Esta sociedad se constituyó en mayo de este año, él asumió como juez en junio», manifestó. La fecha exacta es el 28 de mayo, es decir dos semanas antes de su asunción, cuando los pliegos ya estaban prácticamente aprobados.

«Habría que ver. Él (por Aguilar) pudo haber hecho un trámite de cesión de acciones porque el registro de comercios no registra esas operaciones. Es decir, que pudo haber cedido parte de sus acciones a un tercero luego de asumir. La incompatibilidad es posterior a su asunción», agregó. «Las sociedades vienen acá, presentan su constitución y eso lleva su tiempo. Hay todo un control interno que se realiza y cuando chequeamos que está todo ok, se publica en el Boletín Oficial», finalizó Miranda.

Sea como sea, la postulación de Aguilar por parte del gobernador Gustavo Sáenz se conoció en febrero de este año, es decir dos meses antes de que se consolidara la sociedad. Su pliego llegó al senado de la provincia y se aprobó a mediados de abril, es decir un mes y medio antes de la aparición de Los Viñacos SAS. Todo esto mientras se llevaba adelante un proceso de participación, en el que la ciudadanía podía plantear adhesiones u observaciones a la postulación.

Aguilar asume en la corte de justicia el 16 de junio pasado. Desde entonces, cada vez que se lo nombra es para poner de relieve la reticencia de los integrantes del máximo tribunal a publicar sus recibos de sueldo. Desde Cuarto Poder saludamos el nuevo emprendimiento político-inmobiliario-judicial y le deseamos mejor suerte que la de aquellos que vieron perecer sus negocios ante el devenir de la pandemia global.

 

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