Tras una investigación periodística se pudo conocer que distintos políticos accedieron en el municipio de San Lorenzo durante la gestión de Kila Goza a un “beneficio social” sobre los carnets de conducir que reducía el costo del mismo. Ediles adelantaron una teoría de «doble facturación» por parte del ex intendente, quien también aparece en el listado. (JPV)
La medida municipal sobre este beneficio de reducir a $10 pesos el pago para la obtención de licencias estaba destinada a contener a personas que necesitaban la licencia pero no contaban con los recursos económicos para financiar el trámite, según consignaron desde el ejido municipal. Pero en palabras del Presidente de cuerpo de concejales; Juan Pablo Dávalos, el ejecutivo de aquel entonces no contaba con los instrumentos legales que lo faculten a realizar una condonación de esta índole, por lo que generó las sospechas de más de uno.
Durante el 2020 el concejal José María Conde Maugier realizó una denuncia en el cuerpo deliberativo donde afirmaba que se había detectado una irregularidad de más de 6000 licencias de conducir emitidas sin costo desde la Municipalidad durante los años 2017, 2018 y 2019.
Lo grave de este hecho recalaba en que no existía ningún instrumento administrativo que faculte al intendente de condonar este tipo de trámites. Sin embargo, en el 2021 el ejecutivo remitió un informe donde derribó la teoría de 6000 carnets gratuitos y confirmó una lista con 800 nombres que fueron parte de una maniobra administrativa que permitía emitir carnets de manejo a bajo costo (contradiciendo la denuncia de Conde que afirmaba que eran gratuitos). Pero este mínimo pago era solo una pantalla pues para que el sistema emita la licencia tenía que haber un ingreso.
San Lorenzo: Licencias de conducir sin cargo para los amigos
Y es que según testimonios de funcionarios de la gestión “Gonzista” la figura de los «carnets sociales» era una medida llevada a cabo por el estado municipal de San Lorenzo cuyo fin era contener a individuos con bajos recursos y que necesiten por distintos motivos una licencia de conducir habilitada. La solicitud de este beneficio venia acompañada con documentación probatoria que testifique la realidad social del solicitante y por este trámite el individuo abonaba solamente diez pesos. Sin embargo esta medida social tomada arbitrariamente por parte del ejecutivo municipal tenía otra finalidad, porque tal como puede verse los beneficiarios terminaron siendo personas pudientes y con cargos estatales.
No obstante, este listado elevado por el municipio a cargo de Manuel Saravia develó que una gran cantidad de personalidades políticas, empresariales y públicas recibieron su carnet de conducir bajo la caratula social, pese a que es de público conocimiento la realidad económica de estas personas.
Entre los casos más polémicos se encuentran tres ex gobernadores que figuran como adjudicados: Juan Carlos Romero (Senador Nacional en ese momento), Hernán Cornejo (Parlamentario del Parlasur) y Juan Manuel Urtubey, quien ejercía el cargo de gobernador. Además, también figuran Marcos Urtubey Saravia Toledo, Lucas Urtubey Saravia Toledo y Mateo Urtubey Saravia Toledo, hijos de quien en ese entonces era el máximo mandatario provincial.
Entre los funcionarios provinciales de ese entonces resalta la presencia de Marcelo López Arias (quien era Ministro de Gobierno), Estanislao Villanueva Cornejo (ex Secretario de Turismo), Ramiro Simon Padros (ex Secretario General de la Gobernación) y los hijos del conocido diputado provincial Santiago Godoy: Tania Godoy, quien ejercía la Coordinación General del programa de orientación escolar y Manuel Santiago Godoy (h) que cumplía funciones como Secretario en el gobierno de la Provincia.
El poder legislativo no está exento del escándalo ya que Alejandro San Millan y Raúl Romeo Medina, quienes eran Diputado Provincial y secretario legislativo de la cámara baja respectivamente.
Por su lado también figuran funcionarios que hoy están cumpliendo roles en la administración pública como Juan Carlos Villamayor (Secretario de Políticas Sociales) y Mercedes Ortiz de Rosas, actual directora de la secretaría de turismo.
Además de las figuras políticas, resalta fuertemente la presencia de personalidades como Ramiro Ponce de León, abogado conocido en la farándula por haber sido pareja de la actriz Florencia Peña; o el caso de Emiliano Durand, periodista y director del medio Que Pasa Salta.
Amiguismo o defraudación
Luego de múltiples esfuerzos para acceder a la información, este medio consultó a los ediles municipales sobre este caso quienes adelantaron una teoría de «doble facturación» por parte del ex intendente Ernesto “Kila” Gonza (quien también aparece en el listado).
Los concejales sostienen que muchas de las personas de esta lista abonaron de manera correcta sus licencias de conducir pero que fue la gestión del ex intendente quien rindió las mismas como ingreso cero, todo esto con un fin recaudatorio paralelo que no tenga registro en el sistema de control público.
Por ello Elísea Lozano pidió que la Municipalidad de San Lorenzo eleve al concejo un informe donde se encuentren los recibos de pago de todas las personas implicadas en la lista proporcionada.
Sin embargo, fue la propia intendencia quien reconoció que la única facturación registrada sobre estos individuos es la lista ya proporcionada al cuerpo de ediles, ya que la misma fue confeccionada por el sistema.
Esto quiere decir que el único dato que aportaría solidez a esta teoría es que los implicados presenten un recibo de pago de lo que fue el trámite de la licencia de conducir.
A esto debemos agregar que fuentes pertenecientes al ejecutivo municipal anterior, en dialogo con este medio, confirmaron que la figura social de las licencias facultaba al intendente a otorgar el beneficio a quien el mismo considerara, por lo que no había un impedimento jurídico a otorgar estos carnets.
Pero, sí reconocen que éticamente esta emisión no era correcta, pues se hacían a pedido de funcionarios provinciales de alta jerarquía del gobierno provincial.
Nuevamente San Lorenzo se pone en agenda por su utilidad para una clase social que tiene la creencia de tener privilegios por sobre el resto de la sociedad, utilizando el estado como herramienta de satisfacción de caprichos. Sean favores de amiguismo o sea una defraudación estatal, la villa veraniega se presta a los manejos por debajo de la mesa.
