La Diputada Nacional por Salta Verónica Lía Caliva dio su apoyo y sororidad a la concejala de la comunidad guaraní de Misión San Francisco de la localidad de Pichanal, Paola Cantarella, condenada por la Justicia Federal por el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La Diputada recordó que las dietas de concejales del interior provincial son de poco más de 10.000 pesos y que la concejala al ser madre y percibir la Asignación Universal por Hijo y el programa Alimentar le depositaron el IFE automáticamente, sin solicitarlo.
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“Ella con ese dinero del IFE compró alimentos para las comunidades de 14 merenderos guaraníes y wichis. Es una injusticia tremenda porque es una mujer absolutamente generosa, que vive en comunidad y que trabaja por las comunidades”, manifestó la diputada.
La legisladora señaló que el caso se presenta como una bandera de lucha por la injusticia que representa para las mujeres que se dedican a la política.
“Es inadmisible que la justicia patriarcal la condene y la quiera inhabilitar de por vida para ejercer la función pública. Resulta imprescindible que el movimiento de Mujeres, los Feminismos y Transfeminismos tomemos esta bandera de lucha y demos batalla hasta erradicar este tipo de violencia política”.
La concejala Cantarella fue condenada pese a que el propio fiscal detalló que fue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quien acreditó directamente el beneficio a Cantarella en su cuenta sueldo del banco Macro.
A instancia del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, bajo la modalidad unipersonal del tribunal -con la intervención del juez Marcelo Juárez Almaraz, tres concejales de distintas localidades del interior de la provincia, Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Gabriela Cazón, ediles de Pichanal, Urundel y Aguas Blancas, fueron condenadas por el Tribunal Oral Federal N§1 por los delitos de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cantarella y Cuellar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión. En los tres casos se impuso además la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La concejala Cantarella apeló la condena y se encuentra a la espera del sobreseimiento de los delitos que injustamente se le imputan.
