Javier David envió una nota al ministro de Energía, Juan José Aranguren, en la que detalló puntos que consideró importantes para “tarifas justas y razonables”. Capacidades de pago y la realidad socioeconómica, al frente.
El diputado nacional por Salta, Javier David, envió una nota al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, en la que detalló puntos a tener en cuenta para establecer un nuevo cuadro tarifario.
David pretende que el gobierno logre un cuadro tarifario “justo y equitativo” y para ello envió la nota en la que postula bases para lograr esa meta.
La primera es que “la tarifa de gas debe tener en cuenta ineludiblemente la capacidad de pago y la realidad socio económica del usuario además del consumo”, ya que “las categorías basadas solo en el consumo atentan contra tarifas justas”.
“La tarifa de gas debe tener en cuenta las diferencias de desarrollo entre las distintas zonas del país. A menor desarrollo resulta claramente razonable contar con tarifas más bajas. Las zonas del país con indicadores sociales, económicos y laborales más bajos deben tener tarifas más bajas”, expresa el segundo punto. El tercero expresa que “la tarifa social para los sectores más vulnerables debe ser automática, esto implica un derecho para quienes se encuentran en las condiciones que se establecen para el acceso a las mismas y no debe requerir trámite alguno, salvo aquellas situaciones donde el Estado extraordinariamente no tenga la información correspondiente”.
El cuarto punto pide que “el costo de transporte en razón de la distancia en la que se encuentra el usuario” no impacte de tal forma “que genere inobservancia de los principios detallados precedentemente. Al contrario, consideramos que las zonas más alejadas del país se encuentran en una situación de desventaja debido a la estructura propia de desarrollo de la Argentina por lo que el costo del transporte hacia esas zonas debe ser absorbido por el estado hasta el punto de ser igual al que pagan los usuarios de las zonas centrales”.
“Los subsidios en la distribución de energía eléctrica para Buenos Aires y Capital Federal que soporta el presupuesto nacional y que no tiene igual correlato en las demás provincias argentinas deben ser eliminados”, expresa el siguiente ítem de la nota. El posterior, expresa: “Las categorías en las que se han encuadrado las provincias y las distribuidoras como umbrales de consumo para el precio de las tarifas deben ser revisadas y reformuladas en base a los principios contenidos en las presentes bases”.
El punto siete indica que “debe existir una tarifa especial para Pymes en base a criterios de localización y desarrollo sectorial”. El ocho pide “evitar el uso de topes como mecanismos de aumentos pues solo contribuyen a profundizar inequidades e injusticias. Aquel que ya pagaba mucho pagará más aún y el que pagaba muy poco lo seguirá haciendo”.
El punto número nueve expresa que “bajo ningún punto de vista puede establecerse en ninguna etapa del costo ni en el valor final, tarifas en el interior más caras que en la Capital Federal”.
El último punto asegura que “resulta imprescindible ordenar una auditoría integral de los sistemas de medición de consumo que efectúan las distribuidoras de gas atento a la enorme disparidad detectada en las distintas facturaciones a partir de lo que fue el incremento intentado en meses anteriores”.
