Sigue el conflicto entre cafayateños y la bodega Pernod Ricard que ocupa ilegalmente 32 hectáreas. El intendente apoya a los franceses aunque documentos de 1962 y 1980 avalan la versión de los pobladores que sueñan con viviendas en esas tierras. (Daniel Avalos)
El problema lleva años y enfrenta a aliados claramente identificados: descendientes de la familia Etchart y pobladores cafayateños versus la bodega de capitales franceses que se granjeó un aliado inesperado: el intendente municipal, Fernando Almeda. El escenario del conflicto tiene sus particularidades en materia de tierras: Cafayate, uno de los tantos distritos argentinos que viola la Ley aprobada en el año 2012 que en lo central establece que la propiedad extranjerizada no supere el 15% de las tierras rurales. El motivo son 32 hectáreas que los franceses aseguran haber adquirido en 1996, cuando compraron la bodega Etchart, aunque esas tierras identificadas con el catastro 2.078 habían sido donadas al municipio en 1962 por quien fuera la esposa de Arnaldo Etchart: Carmen Rosa Ulivarri.
Esto último es lo que asegura el nieto, Nicolás Etchart, quien además aporta pruebas documentales para corroborar la versión. La primera es una nota del 8 de septiembre de 1962 donde, la “Sucesión” de Arnaldo Etchart -quien en 1938 había comprado la finca de 65 hectáreas para dedicarla a la industria vitivinícola-, escribió lo siguiente: “Tenemos el agrado de dirigirnos al señor director [de Aeronáutica Provincial] a efectos de formalizar la donación -que verbalmente se hiciera el gobierno anterior- de un campo de nuestra propiedad, destinado a pista de aterrizaje de ésta localidad”. Después de precisar la ubicación de la misma -un kilómetro al este de la ruta nacional 40- y la extensión aproximada de ella -170 metros de norte a sur y 2.000 metros de oeste a este- los sucesores aclaraban: “dejamos expresa constancia, que en caso de desvirtuarse el objeto de esta donación, la misma será de ningún valor, debiendo restituirse el campo a sus actuales propietarios, herederos o sucesores”. El documento fue declarado auténtico por la escribana Susana Josefina Uriburu el 12 de enero del año 2009.
Pero esto no es lo único que corrobora tal versión. También lo hace el decreto 962 del año 1980 rubricado por el exgobernador de facto Roberto Augusto Ulloa. El decreto en cuestión refrendaba la ordenanza Nº 8 del año 1979, que había sido aprobada en Cafayate y que venía a darle legalidad a lo que hasta entonces había funcionado de hecho: el uso de esas tierras para la pista de aterrizaje que además debía denominarse como los donantes habían pedido, esto es con el nombre de Arnaldo Etchart. El documento en cuestión aporta mayores precisiones: efectivamente la viuda del bodeguero había realizado la donación en 1962, la extensión de la misma era de 31 hectáreas 9.505 metros; está identificada con el catastro 2078; hasta noviembre de 1979 ni la provincia ni el municipio habían aceptado formalmente la donación aunque la mantención, control y ampliación de la pista estuvieron a cargo de este último; y se formalizaba la aceptación del bien. Esa es la razón por la cual la Cedula Parcelaria indica que efectivamente el terreno era propiedad del municipio.
El monstruo
En su momento, Nicolás Etchart, por parte de los herederos, dejó en claro que la intención de la familia era recuperar las tierras por haberse desvirtuado el objeto de la donación. Lo expuso en una nota de septiembre de 2012 dirigida al intendente cafayateño, Fernando Almeda. Hoy, sin embargo, la actitud del mandatario es otra. Por resignación u otros motivos que desconocemos, el nieto de la donante viene apoyando a los vecinos que hace unas semanas ocuparon las tierras para levantar sus viviendas y fueron desalojados por la fuerza policial tras el pedido de la empresa.
Se trata de pobladores que a partir de la concentración de la tierra en pocas manos y el incremento fenomenal de los precios por el auge del negocio inmobiliario, viven el hacinamiento habitacional o la posibilidad del desarraigo como una imposición implacable. La situación tiene sus puntos de contacto con la novela de John Steinbeck -Las uvas de la ira- en donde se narra la historia de cientos de familias a las que las corporaciones empujan a un peregrinar conmovedor en busca de una tierra en donde poder vivir. Un andar errante y muchas veces harapiento de los sojuzgados por una corporación a la que nada conmueve porque respiran beneficios, se alimentan de los intereses del dinero y acumulan patrimonios con la voracidad propia de quien está seguro que la acumulación es el secreto para no morir.
El relato que la corporación hace de su propia historia lo confirma. Nacida en 1975 de la fusión de las principales firmas del sector de bebidas alcohólicas de Francia -Pernod Frères de París y Société Ricard de Marselha- la historia del grupo estuvo marcada por adquisiciones: 1976, compra las empresas Dubonnet y Cusenier; 1985, se establece en Asia y compra la marca Ramazzotti en Italia; 1988 asume el control de Irish Distillers; 1988, ingresa al grupo Orlando Wyndham que aportó la marca Jacob´s Creek que es el vino más exportado de Australia; 1993, se fusiona con Cubaron para crear Havana Club Internacional; 1997, adquiere el Grupo Larios de España que era la responsable de la producción de gin y vodka; 1999 adquiere los derechos internacionales del vodka polaco Wyborowa; 2001 compra del grupo canadiense Seagram; 2002, acuerda con los grupos Sogrape y Kirim para distribuir el porto Sandeman y el bourbon Cuatro Rosas; 2005, adquisición de Allied Domecq. Hoy la empresa es la segunda operadora mundial de Vinos y Bebidas espirituosas y la número uno fuera de EEUU.
En Salta, lo dijimos, su desembarco ocurrió en el año 1996 cuando adquirió las bodegas Etchart. Fue entonces cuando la firma aprovechó las ambigüedades y errores de los documentos oficiales para justificar el despojo. El error fue centralmente el siguiente: la mención en la ordenanza municipal cafayateña 8/79 que la donante había sido la firma Arnaldo Etchart Sociedad Anónima Vitivinícola, Agropecuaria, Industrial, Comercial e Inmobiliaria que tenía inscripta como propia las tierras identificadas en La Dirección General de Inmuebles con la matricula Nº 49.
La empresa prescindía así de otras razones más valederas y verificables: esa Sociedad Anónima se formalizo recién en el año 1968, seis años después de efectuada la donación; desde 1962 la Matricula 49 dejó de existir porque la misma se desdobló en dos: la 2.078 y la 2.079, la primera de las cuales ya aparece como propiedad de la municipalidad en la cédula parcelaria presente en la Dirección General de Inmuebles; esto último porque aun cuando la aceptación formal de la donación ocurrió con la ordenanza de 1979 y el decreto 962 de 1980, la toma de posesión había ocurrido 17 años antes, cuando además de crearse la pista de aterrizaje, su mantenimiento quedó a cargo de la municipalidad tal como lo registran los documentos administrativos en cuestión.
El capanga
Lo que herederos y vecinos no pueden explicar es la desopilante conducta del intendente Fernando Almeda. Se trata de la persona que legalmente debería velar por la propiedad de esas 32 hectáreas que cualquier municipio envidiaría, aunque hasta ahora ha corrido en defensa de las demandas de la empresa. Como tal actitud transita por una franja indefinible de la dimensión política, los cafayateños optan por explicar el absurdo con la tesis de la corrupción abierta: a franceses e intendente los vinculan acuerdos turbios e inconfesables que van desde la tesis de la coima lisa y llana hasta la condición de aportes de campaña de los primeros al segundo para las elecciones; aunque, bien vistas, ambas opciones no serían más que los reversos de una misma moneda.
A pesar de que nadie aporta elementos que prueben las generalizaciones, sí quedaron registrados momentos en donde las convicciones del jefe comunal eran otras. Ocurrió el 17 de octubre del año 2012. Ese día se apersonó a las tierras en disputa el propio Nicolás Etchart para hacer constar en actas lo que él ya denominaba la “usurpación de Pernord Ricard”. A las 18:25 de ese día, el Juez de Paz, Francisco Santiago Cruz, dejó constancia que junto a Etchart ingresaron al predio el intendente Fernando Almeda y el secretario de Obras Públicas de apellido Carón para corroborar que el alambrado perimetral de la matricula 2.078 fue removido, que en el predio constataron desmontes y que se observaban plantaciones nuevas de vides “en apariencia dentro de los límites del predio”.
Desde entonces sus malabarismos verbales para favorecer los intereses de la empresa han sido desopilantes: pidió al Concejo Deliberante en noviembre de 2013 que le aprobara una ordenanza para negociar canjes con la firma; hizo caso omiso al pedido de los ediles que le exigieron se tomara el camino judicial para recuperar el patrimonio municipal; cuando las demandas de los pobladores se inclinaron a recuperar los terrenos para poder habitarlos, los asesores inmobiliarios del jefe comunal emitieron un informe sentenciando que los mismos no eran habitables; lo mismo hizo otro informe de Tierra y Hábitat rubricado por el arquitecto Pedro Guillermo Peretti.
Ahora, Fernando Almeda, anuncia otra apuesta: dejarle a los franceses las tierras usurpadas a cambio de otras de menor valor y extensión que la firma ofrece en la zona del llamado Río Seco. La propuesta no convence y anuncia que el conflicto sigue irresuelto. Mientras Almeda pretende conducir a los sin techo en círculos perpetuos que no llevan a ningún lado, ellos pretenden que su tragedia habitacional se resuelva con las tierras que alguna vez se destinaron para el desarrollo de los habitantes de ese pueblo hastiado de corporaciones que aseguran ser portadoras del desarrollo pero ven a los valles calchaquíes como enclave propio, mientras acaudalados personajes avanzan con bucólicas mansiones por sobre las necesidades de personas que terminan siendo foráneos en su propio suelo.
