Pese a la Ley de Bosques, se identificaron desmontes en más de 2.500 hectáreas en tierras salteñas. La responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de dicha Ley y un nuevo informe realizado el pasado 10 de junio muestran que las topadoras siguen su implacable marcha. (Julio Quiroga)
Una ONG ambientalista armó una plataforma digital denominada “Guardianes”, creada para controlar el cumplimiento de la Ley de Bosques. Funciona así: los adherentes como “guardianes” pueden revisar imágenes satelitales de los bosques nativos y si al menos treinta personas reportan deforestación en un mismo lugar, Greenpeace verifica el dato, confirma si se trata de un desmonte en una zona protegida, y luego le envía una denuncia al gobierno de Salta (que por lo general hace como que se preocupa y todo queda en esa actuación) y a la Secretaría de Ambiente de la Nación (que tampoco hace mucho más). Luego al “guardián” se le asigna una nueva parcela de bosques para controlar.
A través de este sistema, se han detectado varias violaciones en bosques protegidos:
· 1.200 hectáreas en la finca “Establecimiento Ganadero Los Pozos”, cuyos dueños son Pedro Luis Cignetti, Jorge Ricardo Cignetti, Héctor Luca Boccolini, Guillermo Aldo Sona y Adriana Magdalena Sona.
· 700 hectáreas en la finca “La Peregrina”, cuyo dueño es el empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín.
· 600 hectáreas en la finca “Establecimiento Ganadero La Luz del Chaco», cuyos dueños son Fernando Omar Muzi, Agustín Eduardo Vidizzoni y la empresa Agro-Noa S.R.L.
· 50 hectáreas en la finca «Establecimiento Ganadero Pluma de Pato”, cuyos dueños son Agustín Eduardo Vidizzoni y la empresa Agustín Vidizzoni S.A.
Un dato no menor es que algunas de estas fincas recibieron autorización del gobierno provincial para deforestar y violar la Ley de Bosques nacional.
No son excepciones
Hay aspectos cruciales de la gestión provincial que hacen evidente que el anterior primer mandatario y el actual tienen más puntos en común que diferencias. Uno de esos aspectos es el medio ambiente, porque lo detectado en las últimas semanas no es una excepción a la regla, sino que ya es política de Estado.
Semanas atrás Cuarto Poder dio a conocer un informe que muestra cómo Juan Manuel Urtubey sólo significó la continuidad en la política de desmontes que había impulsado Juan Carlos Romero. Recordemos esos datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS): entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.
El año 2007 debería haber marcado un punto de inflexión en la política ambiental; no tanto por la nueva gestión provincial con discurso pro-cuidado de medio ambiente, sino por la Ley de Bosques, votada en el Congreso Nacional. Sin embargo, desde la sanción de la Ley de Bosques, en Salta se deforestaron más de 400.000 hectáreas; de las cuales 120.000 hectáreas se trataban de zonas protegidas por la normativa forestal nacional.
El informe básicamente mostraba cómo el gobierno modificaba la ley o la eludía, a pedido de los productores. El artículo tuvo, incluso, repercusión en la Cámara Baja provincial, donde un legislador citó al actual Ministro de Medio Ambiente, Baltasar Saravia, y al Secretario de Ambiente, Gustavo Paul, para que den explicaciones. Los datos difundidos esta semana por una agrupación ambientalista muestran que no hay ninguna intención de dar un giro a la política ambiental de la provincia.
Los nuevos desmontes, detectados en estas semanas por Guardianes, se realizaron justamente en fincas que se encuentran en la zonificación establecida por la Ley de Bosques, donde está prohibido el desmonte; y sin embargo fueron autorizados por el mismo gobierno de Salta a pedido de sus dueños.
“El gobernador Urtubey cambia la zonificación establecida por la Ley de Bosques a pedido de los terratenientes y autoriza desmontes donde no está permitido. Con la ayuda de la gente detectamos dónde hay topadoras arrasando bosques nativos que debían quedar en pie. Es necesario que la Secretaría de Ambiente de la Nación impida que el gobierno de Salta siga violando impunemente la ley”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El negocio, además, está concentrado en pocas manos. Son seis las empresas responsables del 25% de los desmontes en los últimos años: CRESUD, ARCOR, Quebracho Colorado SA, Osvaldo Camisar (César Raúl Mochon), Agrodesmontes SA e Inversora Juramento SA ya se cargaron 270 mil hectáreas de bosques salteños.
Auditoría
Los desmontes en Salta también fueron cuestionados recientemente por un informe de la Auditoría General de la Nación. En ese informe se detalla que Salta y Santiago del Estero son las provincias con mayor deforestación.
“En Salta se autorizan proyectos de desmonte que no cumplen con el requerimiento de la realización de audiencia pública previa, situación que representa un incumplimiento de las leyes ambientales”, se puede leer en esa auditoría.
El informe también critica la soltura con que el gobierno provincial realiza recategorizaciones: los campos pasan de rojo, a amarillo o verde, sin criterio alguno, cuando estos colores marcan los principios precautorios, preventivos y de sustentabilidad de esta ley nacional.
“Teniendo en cuenta que las tasas de deforestación en estas provincias siguen siendo altas, incluso en las categorías roja y amarilla, la evolución esperada del estado de conservación los bosques nativos es desalentadora”, se puede leer en el informe.
La auditoría no menciona el escándalo desatado en Salta por el manejo de los fondos relacionados a la Ley de Bosques: unos 28 millones de pesos que recibió la provincia y que debían terminar en manos de productores; pero que se repartieron de manera indiscriminada.
