Reproducimos el artículo de opinión publicado bajo el título “Datos y consideraciones sobre un decreto cuanto menos discriminador”, firmado por Diego Comba.
Sin una base estadística sólida, el Gobierno Nacional decidió que todas las personas que en este país utilizan una moto son o delincuentes consumados o delincuentes en potencia, y como tal piensan tratarlos.
Sin capacidad resolutiva por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, o acaso en connivencia de algunas de ellas con el Sindicato Único de Motochorros de la República Argentina, desde el Ministerio de Seguridad manotearon lápiz y al papel para pretender resolver desde un escritorio algo que se resuelve en las calles, y publicaron el Decreto 171/2017 (decreto completo aquí) en el que se sostiene, entre otras consideraciones “Que la espiral creciente del delito lesiona los principales bienes jurídicos de quienes son víctimas de actos criminales, cercenando así sus Derechos Humanos básicos y fundamentales”, sin que en esas consideraciones expliquen qué análisis los lleva a afirmar esa espiral creciente de delitos en la que se escudan para considerar a toda persona en moto en igualdad de condiciones con quien usa ese tipo de vehículos para delinquir.
Otro párrafo de estos considerandos señala “Que la masividad del uso de motovehículos a lo largo del territorio de la Nación, y más allá de la comodidad que proporciona este medio de locomoción, su accesible adquisición y su economicidad, ha facilitado de modo paralelo la concreción de hechos delictivos en la vía pública, altamente reprochables por la sociedad”.
Nadie podrá decir que cualquier acto delictivo es reprochable por la sociedad, pero lo que sí es cuestionable es que teniendo en sus manos la posibilidad de hacer más que un texto muerto salvador del país de los males de los motochorros, no tengan siquiera una mínima justificación estadística que los respalde y que, en cambio, insistan con igualar a miles de mujeres y hombres honestos con cualquier delincuente.
Durante el año 2016 en Argentina se patentaron 474.748 motos (informe completo aquí), sin embargo no se conoce de manera oficial la cantidad de denuncias por asaltos de motochorros que hay en todo el país, y tampoco hay información oficial sobre la cantidad de motos que hay en circulación en todo el país, por lo que solamente y ante la carencia de información y de fundamentación veraz por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, podremos inferir que para entrar en semejante grado de alarma solo desde el año 2016 existen en el país 474.748 potenciales delincuentes que merecen ser identificados y tratados como tales.
Pero como para ponerle un poco de luz al asunto voy a colaborar con el Ministerio de Patricia Bullrich ante su falencia (estimo que intencional) de información: Del total de motos vendidas en todo el 2016 en el país 21.412 fueron patentadas en la provincia de Salta y según datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, “durante el año 2.016, la policía realizó 1.300 intervenciones policiales por delitos contra la propiedad, modalidad motochorros, en área de cobertura de la Capital de la Provincia”.
Como no tenemos datos precisos sobre la cantidad de motos que circulan en Salta Capital, que tiene una población estimada en 600 mil habitantes, vamos a suponer que las 21.412 motos corresponden a la capital de los salteños, entonces el 6,07% de los ciudadanos propietarios de una moto son motochorros en Salta, con lo que hay un poco menos del 94% de la población motoquera que es víctima de ese minúsculo grupo de delincuentes y de las ideas discriminadoras de la Ministra de Seguridad de la Nación con aval de su jefe político, el presidente Mauricio Macri.
Pero cuando se tienen datos de delitos lo que se puede hacer es planear políticas de prevención y control de los delitos, como por ejemplo en Salta que sabemos que en los siguientes barrios: Ejército argentino, 20 de Febrero, Campo Caseros, El Carmen, Libertador, Santa Victoria, Rosedal, San José, Santa Lucía, villa Primavera, Docente, Casino, Parque La Vega, Arturo Illia, Pablo Saravia, Intersindical, Centro y Calixto Gauna, son donde se cometieron la mayoría de los delitos perpetrados por motochorros, teniendo ese mapa al alcance de la mano, la política aplicada a disminuir este tipo de delitos es más efectiva que la chalequización del 100% de la población motoquera.
En Buenos Aires están peor, porque solo en 2016 se crearon 133.538 potenciales motochorros, que se suman a los vaya uno a saber cuántos hay en la actualidad. Todo un peligro latente a la seguridad nacional sin lugar a dudas.
Del porcentaje anterior, podemos hacer el ejercicio de aplicarlo a nivel nacional y afirmar que el 6% de los motoqueros del país son motochorros, quizás ese porcentaje pueda aumentar en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, donde cunde la alarma por la cantidad de asaltos de este tipo que se ven/leen a diario a través de los medios. Pero al carecer de datos oficiales sobre el tema, esa aplicación antojadiza sería irresponsable, pero no tanto si se piensa que este Gobierno Nacional decidió una medida sin contar (o sin mostrar) datos que respalden su accionar.
Ahora, otro dato llamativo del decreto en cuestión, es que no solo carece de datos fundamentales para justificar la decisión sino que además entre líneas también se afirma que todos los motochorros operan con sus propias motos, lo cual debería allanarles el camino para identificarlos, porque podría bastar, por ejemplo, con hacer 474.748 allanamientos en todo el país y así vamos cortando el problema de raíz.
Entonces, los resolvedores de delitos de escritorio del Ministerio de Seguridad de la Nación llegaron a la conclusión de que los motochorros se van a terminar obligando al 100% delos conductores de motos del país a usar chalecos y cascos con la patente de la moto grabada, y también sus ocasionales acompañantes, de manera tal que cuando cometan un delito queden debidamente identificados y la policía pueda aprehenderlos con facilidad.
Lástima que no tuvieron en cuenta que ser motoquero implica ser fan de tatuarse porque una buena medida hubiese sido obligar a todo conductor de moto a que se tatúe la patente, el número de su póliza de seguro y su DNI, de una vez, para no minimizar los riesgos.
Con estas medidas es seguro que quienes delinquen van a ser proclives a cumplir con la Ley y todos saldrán a robar con sus chalequitos refractarios con los números de patente correspondientes.
En casi todo el país, poco a poco es verdad, se están comenzando a llevar a cabo diferentes tipos de protesta de motoqueros unidos todos bajo la consigna de #LasPersonasNoSePatentan y es probable que en los próximos días comiencen a llegar a diferentes juzgados federales sendas presentaciones de inconstitucionalidad a esta caprichosa, y cuanto menos discriminadora, norma anunciada como la solución a un problema que amenaza a todo un país.
Quienes tomaron la decisión seguro van a encontrar algún tipo de respaldo que justifique su igualitarismo, y para ello es probable que utilicen, sino todas, pero si algunos de los conceptos y “estadísticas” vertidas en esta nota de noviembre de 2016 del Clarín, que siempre es usado, como preparando el terreno, para ir avisando la que se nos viene: Motochorros, una modalidad delictiva que no pueden parar en Capital ni en el GBA y así mitigar el impacto negativo de algunas de las medidas del Gobierno Nacional.
Pero muy a pesar de la pretendida imposición del Gobierno Nacional seguiremos insistiendo, en las calles y en la justicia, que #LasPersonasNoSePatentan, aún corriendo el riesgo de que con estas protestas se amparen quienes delinquen, pero es el Estado quien tiene que hacerse cargo de la solución que claramente no es etiquetar a la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas honestos que utilizan la moto para ganarse la vida, para transportarse de una manera más sencilla y económica o con fines recreativos, quienes no tiene por qué pagar el costo de una minoría delincuente donde el Estado no sabe (o no quiere) dar respuestas efectivas.
Datos extras por si le sirven a alguien:
Cantidad de motos patentadas en enero y en febrero de 2017
Fuente: http://misformasdever.blogspot.com.ar/2017/03/laspersonasnosepatentan-datos-y.html
