Un informe revela que el hospital de Rosario de la Frontera es un desquicio generalizado. Precariedad edilicia, remises que hacen de ambulancias, medicamentos vencidos, profesionales ausentes o gerentes generales que facturan por operaciones que no deberían. Un informe desopilante que pintarrajea un verdadero Macondo hospitalario. (Daniel Avalos)

Más de 100 folios, 80 observaciones, medio centenar de recomendaciones y varios anexos que en lo central informan que lo el gobierno dice de la salud pública se abofetea con la realidad de un hospital: el Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera. Ese nosocomio recibió la visita de los auditores hace un año y el objetivo era saber cómo funcionó durante 2012 y descubrieron que el caos difícilmente pueda atribuirse a un desquicio individual porque en el fondo todo es un desquicio.

La contradicción entre lo que se dice del hospital y lo que el hospital efectivamente es, se verifica al principio y al final del informe. Y es que al inicio se aclara que está catalogado como de Complejidad III (supone servicios que incluyen especialidades básicas como Clínica Médica, Tocoginecología, Cirugía General y Pediatría, más otras como Terapia Intensiva, Traumatología, Odontología, Laboratorio, Hemoterapia, Radiología, Nutrición, Asistencia Social, Estadística, Ambulancias, Administración, Servicios Generales y Enfermería) aunque al final del documento los técnicos auditores concluyen que si de infraestructura edilicia y servicios generales se trata, el ente auditado no puede encuadrarse “como un Hospital de Nivel III de Complejidad”.

La diferencia entre lo declarado y la realidad incluye múltiples variables. Una de ellas está relacionada con la planta física que debería adecuarse a requerimientos contemplados en las normas del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación que el hospital no cumple. Es lo que advirtieron los auditores al concluir que la Planta Física General sólo tiene un cumplimiento del 58% con respecto a las normas nacionales y el 67% de las provinciales; en relación al Servicio de Enfermería los porcentajes son más bajos: 30% y 50% respectivamente; en las áreas de Esterilización los niveles son de 31% y 83%; 67% y 50% en el caso de los laboratorios; 48% y 31% en el caso de los consultorios externos; 69% y 50% en lo vinculado a internación; 53% y 69% en Cirugía; 36% y 44% en Farmacia; y 36% y 69% en el caso del Servicio de Guardias y Emergencias.

La precariedad es tal, que el Hospital ni siquiera cuenta con la habilitación sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia. Es más, carece de planos de estructura sismorresistente que -siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)- clasifica a las construcciones según sus funciones: aquellos que en caso de un sismo deberían seguir operando para evitar mayores daños en la población deben rigurosamente cumplir con esas normas como debe ocurrir con los centros militares, policiales y hospitales. No respetar las mismas representa tal grado de gravedad que la ley provincial N° 5.556, citada por los auditores, otorga a las municipalidades poder de policía sobre las obras y las faculta incluso a demoler las edificaciones que incumplan los reglamentos del INPRES. Todavía hay más: el Hospital de Rosario de la Frontera carece del Certificado de Aprobación contra Riesgo de Incendio y Catástrofe que otorgan los Bomberos de la Provincia.

Hospital de campaña

Al interior del edificio la situación no es mejor y los ejemplos que lo confirman abundan: de las ocho ambulancias inventariadas entonces, cinco se encontraban fuera de servicio; la lavandería carecía de espacio físico adecuado y no tenía delimitados los Sectores de Limpios y Sucios; el sector de Ropería y Planchado compartían el local con el sector administrativo, carecía de plancha y también de máquina de coser para satisfacer la demanda hospitalaria; el carro térmico para trasladar comida estaba deficiente y el horno a medio andar.

Por si todo eso fuera poco, se encontraron deficiencias en la gestión de los residuos biopatogénicos, radioactivos y químicos, los cuales se depositaban en contenedores específicos pero en el mismo lugar de los residuos comunes. Precisemos al respecto que, según el mismo documento, la producción media de esos residuos era de 43 kilos diarios (1.268 kilos mensuales y más de 15 toneladas anuales) y el servicio estaba tercerizado a la empresa DGM S.R.L. aun cuando los auditores advirtieron que no hallaron “evidencia documental, de las acciones del Programa de Capacitación del personal en el manejo de residuos biopatogénicos a cargo de la contratista”.

El estado de los medicamentos no desentonaba con el caos generalizado: el nosocomio no poseía un “sistema de Inventario Permanente de los medicamentos y descartables en el sector Farmacia y no fue proporcionado por el mismo, ni por el programa respectivo del Ministerio de Salud Pública, el consumo valorizado durante 2012, ni el saldo de los mismos al cierre del citado ejercicio”. Situación que no fue obstáculo para que el centro médico declarara compras de este tipo de insumos por un total de $655.337 en el año auditado.

Seguramente cansados de la precariedad en la que trabajan y los magros sueldos percibidos, varios profesionales médicos se inclinaron a concentrarse poco en las enfermedades que tratan, en los pacientes que atienden y en el entorno que produce la patología a tratar. De allí que los auditores denunciaran que tras analizar los registros hospitalarios se constató que varios profesionales habían realizado guardias de especialidades médicas para las que no poseían título habilitante, violando las normas de la profesión; otros facturaron horas de guardia a pesar de formar parte de la planta permanente del nosocomio por un total de $744.141; contadores que cobraron sus honorarios facturando como médicos y hasta el increíble caso del Gerente General de entonces (Alberto Astorga) que “emitió facturas al Hospital por cirugías efectuadas a pacientes durante su horario de trabajo, mientras prestaba guardias, o bien mientras prestaban servicios médicos con su misma especialidad, cumpliendo su carga horaria semanal”

Las mentes optimistas -que no faltan- podrían concluir que las cosas mejoraron, pero no. Lo sabemos porque los auditores volvieron al hospital en febrero de 2014. El 26/2/14 pidieron al Jefe de Personal hacer una ronda para constatar la asistencia de los profesionales y los resultados fueron lamentables: de los 23 profesionales relevados 10 se encontraban ausentes. Un día después, los técnicos relevaron el Centro de Salud Ramón Abdala que forma parte del circuito sanitario del hospital y entrevistaron a una enfermera cuyo testimonio fue lapidario y acá resumimos: “La atención de los médicos es la siguiente, días lunes, miércoles y jueves. Martes no hay médicos por la mañana si por la tarde, viernes de 07 a 10. Por la tarde no hay médicos ningún día salvo los jueves. Fines de semana no se atiende ni feriados. En el 2012 se utilizó la misma modalidad horaria (…) en el 2012 no había oxígeno y el oxímetro de pulso no tenía el cargador, tampoco se podía controlar la glucemia del enfermo de diabetes, o sea que el centro no estaba en condiciones de atender a un paciente en estado de emergencia (…) las ambulancias demoran 15 minutos, pero algunas veces no hay ambulancias y hay que derivar al paciente en remise (…) el miércoles se entregó medicación vencida, amoxicilina – Ibuprofeno, etc. tres bolsas”.

A lo intendentes

¿Quiénes serían los responsables de tamaño caos? Hasta ahora los chivos expiatorios fueron los gerentes generales: Alberto Astorga fue reemplazado por Ricardo Luna que duró hasta septiembre de este año quedando en su lugar -con la investidura de Encargado de Despacho- Carlos Torres. Lo cierto, sin embargo, es que como en las novelas policiales negras la identificación de un desquiciado no resuelve el problema de fondo que se halla en el desquicio general que incluye al Gerente General de aquel entonces, pero también al Ministerio de Salud de la provincia y la Fundación Control Comunitario Metán. La última es una ONG que por obra y gracia del llamado modelo de autogestión y descentralización, y proclamándose institución representativa de la comunidad, controla, administra y regula un sistema que, en teoría, habilita un régimen de cogestión entre el Ministerio y esa ONG que está al frente de la “Red Sanitaria Metán”, de la que forma parte el Hospital de Rosario de la Frontera, pero también los hospitales de El Tala, El Potrero, Metán y El Galpón.

Según el convenio firmado entre la provincia y la Fundación, en ésta recaería, entre otras cosas, la condición de depositaria de los bienes, obras, instalaciones y equipamiento del hospital; la tarea de presentar antes del 30 de junio de cada año las necesidades de renovación del equipo médico y no médico de la Red; controlar la estructura de personal sin por ello asumir la condición de empleadora; confeccionar un informe trimestral con cierre contable y financiero; o incluso la responsabilidad de que los desembolsos que se realicen contengan la firma del presidente de la fundación y el Gerente del Hospital. Al ministerio, por su parte, corresponde nombrar una Comisión Fiscalizadora Permanente que sería la encargada de dar cumplimiento con las disposiciones del Convenio e imponer sanciones a “La Fundación”.

Nada de ello ocurre y los ejemplos, otra vez, sobran aunque acá optamos por sólo dos. El primero tiene que ver con la llamada Carta de Servicios que, según el decreto Nº 3.062/99, deben elaborar todos los Órganos de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta. La que se puso a disposición de los auditores correspondía al año 2012 pero no estaba aprobada por el ministerio de Salud aunque en nota del 8 de agosto de 2014, los auditados informaron que se había remitido al ministerio sin que este se encargara de aprobarla o desaprobarla. El segundo de los ejemplos se encuentra en la observación 19 de la página 36 del informe, donde los auditores advierten lo siguiente: “Se libraron cheques durante el ejercicio 2012 que no se identificaron las Órdenes de Pago asociadas, incumpliendo con el 1º párrafo del Art. 19 del Decreto Ley Nº 705/57 de Contabilidad de la Provincia. Los mismos se exponen en el Anexo II…”. Cuando uno se dirige al Anexo II de las páginas 105 a la 113 descubre que los cheques irregularmente emitidos eran 446 y suponían $966.116.

Tamaña situación, mereció que los técnicos a cargo de realizar el control hicieran uso de una mecanismo que hasta ahora era exclusivo de intendentes sospechados de hacer un uso delictivo de los recursos públicos: Leopoldo Cuenca de Rivadavia Banda Sur, Carlos Villalba, el destituido y prostibulario exintendente de Salvador Mazza, Juan Carlos Alcoba de Aguaray, u Osvaldo García el intendente de Coronel Moldes que es rey emisor de cheques sin fondos; jefes comunales que ahora podrán decir que no sólo los intendentes son objeto de la siguiente recomendación “…en atención a las observaciones formuladas en este Informe de Auditoría Definitivo, correspondería la aplicación de la normativa contemplada en la Res. AGPS Nº 20/04”. La misma es una herramienta que busca proveer al organismo de un reglamento para que el Estado se haga de herramientas que fundamenten la acción judicial para establecer responsabilidad civil de los funcionarios “ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco”.

Cuestión de Archivo

El descontrol en los hospitales del sur provincial en general y los cogestionados por la Fundación Control Comunitario Metán, no son desconocidos para los auditores de la provincia. Este medio ya se había ocupado de otro informe que evaluando el periodo 2011 había sido publicado en agosto de 2012. Entonces los nosocomios auditados eran los de General Güemes, Rosario de la Frontera, Metán, Joaquín V. González, El Quebrachal, El Galpón y El Tala. Aquella vez habíamos denunciado que casi nada de lo que los hospitales estaban obligados a hacer hacían: producir información sobre los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, precisar el uso que daban a los mismos, registrar la fecha de ingreso y de baja de los bienes, el importe de adquisición, la vida útil estimada y la persona responsable de su uso y cuidado.

Aquella vez los incumplimientos se plasmaron en nueve observaciones que alcanzaron a los siete hospitales y al propio Ministerio de Salud: no contaban con manuales de misiones y funciones, tampoco con manuales de procedimientos ni carta de servicios que establezcan los circuitos administrativos de los bienes. Con respecto al control de estos últimos, se dejó constancia de que los hospitales no elaboraban un inventario que permitiera controlar y establecer qué es lo que poseían. A falta de ello, sólo presentaron un informe en el cual describieron los mismos y la cantidad. Lo peor de todo, sin embargo, fue que de haber cumplido los pasos administrativos, los bienes habrían estado igualmente mal resguardados en tanto, señalaron los auditores aquella vez, esos hospitales no poseen los recursos edilicios adecuados “para la apropiada disposición, conservación y resguardo de los bienes nuevos” que, ante ello, solían encontrarse sin uso. Para rematar, aclararon que el propio Ministerio no cumplía con los plazos exigidos en la elaboración de los inventarios ni contaba con un Sistema de Registración Patrimonial.