Se realizó en la UNSa las II Jornadas Internacionales de Recursos Hídricos. Consultamos a los especialistas por la contaminación que causaría la planta Austin Powder, por el caudal de riego de la producción agraria, y la vinculación entre el medioambiente, regalías y modelo de desarrollo. (Franco Hessling)

Nicolás González, catedrático mendocino especialista en el marco legal al respecto del agua, no escatimó en comentar su óptica sobre el panorama salteño. “Al igual que en Mendoza, el problema central es la falta de voluntad política para hacer cumplir los ordenamientos, garantizar las obras públicas y optimizar el rendimiento de las cuencas”.  En su exposición, el cuyano había profundizado en mostrar un bache legal del escenario nacional; según demostraba a través de filminas, la concepción sobre el agua está parcializada porque las napas subterráneas no se encuentran bajo el mismo cerco jurídico que las aguas superficiales, sin embargo “el agua es una sola” alegaba González.

Siendo conocedor de la Constitución Salteña, instó a que se cumpla el artículo 83 de nuestra legislación, el cual estipula que se promueva la creación de consorcios de usuarios de agua, tanto de los que explotan las superficiales -que sí se cumple relativamente- como de los que aprovechan las subterráneas. Se fundamentaba en que si no se crean esas comunidades, que servirían para tener un inventario y una regulación ordenada del uso del agua, es porque se está beneficiando a determinados intereses de la matriz productiva. Veamos un ápice de esos intereses en el contexto salteño.

Agua sucia

“Cuando se prioriza a algunos tramos del sector productivo, como sucedió con Barrick en San Juan o como sucede con Austin Powder en Salta, se desenfoca la idea de bienes públicos que tiene que recaer sobre los recursos naturales, eso es a causa de la complicidad política con los intereses económicos”, expresó Patricia Matolón, abogada de La Pampa especialista en derechos medio ambientales y dirigente nacional del peronismo disidente.

En Salta, la planta de tratamiento de nitrato de amonio, Austin Powder, recibirá generosas exenciones en materia de explotación del agua y será beneficiada con la indiferencia gubernamental ante los impactos ambientales en el dique El Tunal y en el río Juramento.

La planta situada al sur provincial, es un caso paradigmático ya que el informe de impacto ambiental en el que se escudó el Gobierno provincial para aprobar la instalación de Austin, tras ser revisado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que no es precisamente un organismo comprometido con la verdad popular, recibió 22 observaciones que remarcaban que no daba garantías de credibilidad.

“Austin, con máquinas que tienen más de 50 años, no se podría haber instalado. Va a contaminar el agua porque los fluidos de esos terrenos desembocan en el dique El Tunal y en el río Juramento. Pero además genera polución fuertemente contaminante”, aseguró Fernando San Román, quien asistió a las Jornadas. San Román es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán y también titular de la Asociación de Consorcios de Riego de Salta. Afirmó que comparte el reclamo de los activistas de “El Tranquerazo”, quienes se resisten a la puesta en marcha de la planta de Austin.

El referente agrario explicó que fue la Corte de Justicia de Salta la que pidió al CIF la revisión del informe de impacto ambiental. Luego de conocer las 22 observaciones, los magistrados votaron para interponer una prohibición a la avanzada de la trasnacional. Ante el empate en una primera instancia, el Gobierno provincial convocó arbitrariamente a otros jueces a que sojuzguen, que por supuesto fallaron a favor de los intereses de Austin y del Ejecutivo provincial.

Andrés Ugarte, investigador y también representante de la Universidad de Mendoza, consultado por Cuarto Poder, comparó el caso de Barrick Gold en San Juan con el de Austin en Salta. “En San Juan la Justicia Federal también falló a favor de la industria, luego la Corte Suprema depuso la sentencia provincial, y sin embargo Barrick funciona igual”.

Ugarte prosiguió: “Ahora se ven las consecuencias, con el derrame de cianuro en la mina Veladero que puede llegar a la mismísima napa del río Jáchal. Hay que bregar por que no se repitan hechos contaminantes como ese, Salta todavía está a tiempo de prevenirse del daño que puede causar la planta de nitratos”.

También en el sector rural

El desmesurado aprovechamiento del agua que se hace en el ámbito económico no se reduce al eslabón industrial, ya que la producción agraria requiere grandes cantidades de agua para sustentar sus riegos y así motorizar sus siembras.

San Román, que tal como se dijo es presidente de la Asociación de Consorcios de Riego de Salta, admitió que “en la prelación del orden del uso del agua, primero está el uso humano de los particulares, el que se hace en los hogares”. Añadió que “si hay emergencia hídrica, como dice Aguas del Norte, los primeros en reducir la utilización del agua tienen que ser las ramas del sector productivo”.

Pero, para que ello suceda, San Román explicó que se necesita asumir políticas públicas que hagan cumplir ese principio de priorización del ciudadano común.  Estimó que “el marco de una política de desarrollo necesita legislaciones clarísimas que definan políticas de Estado en las que el ciudadano sea el primer protegido. Eso actualmente no existe”.

En Salta hay 54 consorcios de usuarios de agua superficial pero ni uno solo de los que aprovechan las aguas subterráneas. Además se alcanza una superficie de 260.000 hectáreas regadas, en las que se aplica el sistema de riego de manto. Éste ha sido erradicado en países como España, muy avocados a cuidar el agua, porque desperdicia muchos litros e imposibilita la reutilización.

“El riego por manto es un malgasto de agua exageradísimo, mejorando el uso de agua aspiramos, conjuntamente con el Gobierno, a llegar a 400.000 hectáreas regadas”, calculó San Román y advirtió, temerario, que “como presidente de la Asociación yo tendría que pedir toda el agua”.

Regularizar la situación

Los consorcios se imponen para aquellos que utilizan el agua para la producción, es decir, son una obligación sólo para los que explotan el recurso buscando beneficios económicos creando valor agregado, sea industrial o agropecuario.

El hecho que se organicen en comunidades de usuarios, agrupados en función de las cuencas a las que acceden, favorecería la sistematización de sus acciones. Ello acarrearía la fácil cuantificación del consumo que hacen, y a partir de allí, una mejor organización del cobro de regalías por la explotación del recurso natural.

La abogada oriunda de La Pampa, Patricia Malotón, subrayó en este sentido que tanto Salta como el resto de las provincias deberían aumentar el canon de las regalías que se les cobran a quienes explotan el agua, tanto a los industriales como a los agrarios. “En algunos casos no se les cobra nada, eso es una estafa al pueblo porque los recursos naturales son de todos”, enfatizó.

En Salta se consumen más de 500 litros de agua por día per cápita, mientras que hay otros países como Israel, España o Portugal adonde el consumo ronda los 150 litros. La creación de los consorcios resulta elemental para mitigar el consumo desmedido que hacen los sectores productivos.

Los dejaron secos

En el tramo final de las jornadas, ayer por la tarde, cuando se deshidrataban las expectativas de ver cuestiones positivas en la gobernanza de las aguas, se abrió una hendidura de esperanza en el horizonte crítico: el último panel de debate estaría compuesto por los candidatos de Salta a diputado nacional y a parlamentario del MerCoSur.

Los estudiantes estaban asidos de preguntas inquisidoras, ávidos de percibir las lúcidas respuestas que darían los referentes de la política local. Había clima de nerviosismo porque se anticipaba que los encumbrados enunciados ideológicos de los candidatos causarían revuelo en la confrontación de disertaciones.

Grande fue el sobrecojo cuando pasadas las 16:00 horas sólo Claudio Del Plá se apersonó en el lugar. El aspirante a la diputación nacional por el Partido Obrero, ratificó sus posiciones anti extractivistas y objetó las visiones de desarrollo económico que comportan los programas de los “candidatos del ajuste”.

Según confirmaron los organizadores de las Jornadas, docentes de la facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, todos los candidatos habían sido invitados, quienes habían confirmado su presencia. Hubo que improvisar un panel con académicos locales que acompañaron a Del Plá en su alocución política.