Las protestas de trabajadores municipales desnudaron que el afán de diálogo y consenso que pregona la nueva administración no es del todo genuino. El punto álgido lo protagonizaron los agentes de tránsito aunque otros gremios también se sublevaron. (Franco Hessling)

Aunque finalmente ayer se suspendió el conflicto con los agentes de tránsito, las desavenencias entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo capitalino alcanzaron un punto álgido en esta semana. La protesta de los empleados de la Subsecretaría de Tránsito, contrariamente a menguar con el paso de los días, se fue sedimentando al calor de la denunciada indiferencia de las autoridades. Creció al punto tal de completar el cierre de las oficinas situadas en el centro de la ciudad.

Paralelamente con esa sedición autoconvocada, el intendente Gustavo Sáenz y su equipo tuvieron que enfrentar la movilización de seis de los gremios que rechazaron de cuajo el acuerdo paritario avalado sólo por tres sindicatos: la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la entidad que representa a los jerárquicos y profesionales. Los díscolos cortaron la avenida Paraguay el jueves a media mañana y el viernes llevaron a cabo una serie de asambleas en las distintas dependencias, repudiando el 6% de aumento no remunerativo.

Tanto una como otra hoguera convulsionaron la compostura de los principales del Gobierno saenzista, quienes terminaron por emitir declaraciones poco felices en materia de diálogo, consenso y merma a la confrontación, todos ellos estandartes discursivos del excandidato a vicepresidente como compañero del tigrense Sergio Massa.

Sin hacer mención a la sustancia de los pedidos de los trabajadores de Tránsito, el secretario de Gobierno, Luis María García Salado, se ocupó de asegurar que la manifestación, aunque pacífica, es ilegal. En honor a la verdad, el experimentado letrado tiene razón: al ser autoconvocados su derecho a huelga se hace trizas por no ser una movilización convocada por una entidad gremial. Los positivistas de la norma, acostumbrados a confundir ley con verdad absoluta, se aferran a que la sola condición de ilegal convierte a una cosa en oprobiosa. Contra esa visión, y ante los recientes hechos en la región latinoamericana, sobra claridad para postular que no todo lo legal es legítimo y que no todo lo ilegal es ilegítimo.

La aclaración pública y de raíz técnica más que política o administrativa de García Salado, le dio pie al propio Sáenz para que abandone el rictus socarrón de chango trovador y amenace con despidos a los autoconvocados. Donde el arco mediático aliado al intendente se lee coherencia legal, ante la misma avanzada gubernamental los prismas contra-hegemónicos ven sojuzgamiento y autoritarismo.

El rechazo de la mayoría de los gremios al acuerdo paritario, que concitó un breve corte de calle en la puerta del CCM (Centro Cívico Municipal) y asambleas en las distintas reparticiones de la administración comunal, fue otro causal para que el intendente y sus funcionarios abandonasen el semblante dialoguista. Sáenz aseguró en su propio programa, entre otras cosas, que “cortar las calles me parece ilegal e irresponsable”.

Otro de los esbirros de Sáenz que hizo sus consideraciones legalistas fue Pablo Outes, actual presidente de la Cooperadora Asistencial. También calificó como fuera de los cerrojos de la razonable ley a las protestas contra la gestión de la que forma parte.

Tráfico pesado

El 24 de agosto pasado los trabajadores de la Subsecretaría de Tránsito iniciaron una asamblea por el hastío frente a la falta de cancelación de horas trabajadas en Tecnópolis, a principios de junio pasado. Hablando de regímenes legales, el trabajo de un mes de un empleado en relación de dependencia, se cancela con el salario correspondiente a ese período. Es decir, la Municipalidad ilegalmente adeudaba esas horas trabajadas porque las debería haber pagado en julio, conjuntamente con la remuneración de junio.

Tal como suele suceder en estos casos, una mínima llama atiza las cenizas de aquellos malestares que habían quedado sofocados por la desidia del paso del tiempo. El reclamo por las horas no pagadas hizo arder la furia por las penurias cotidianas, que van desde materiales de trabajo básico, como uniformes y enseres, hasta las condiciones edilicias, pasando también por la carestía de un parque automotor acorde a las tareas que se desempeñan.

Si bien la chispa inicial fue la primera en ser sofocada – se cancelaron las horas extra trabajadas en Tecnópolis – la hoguera se avivó al punto tal que, el martes último, cuatro de los manifestantes iniciaron una huelga de hambre. Exhaustos de tanta negligencia, que engloba inundaciones en las oficinas de calle Santa Fe, o imposibilidad de usar los sanitarios por su magro funcionamiento, optaron por seguir la protesta.

Mientras los portales web cercanos al gobierno de Sáenz publicaban que los trámites para hacer o renovar el carnet de conducir se podían hacer en el anexo de zona sur, situado en el hipermercado de aquella zona de la ciudad, los más titubeantes trabajadores se plegaban a la lucha y finalmente anulaban toda atención en la dependencia céntrica.

Sin amilanarse por los denuestos del intendente y sus voceros, los autoconvocados aseguraron que continuarán su gesta hasta tanto se resuelvan mínimamente algunos de sus planteos. Negaron que estén interesados en sabotear los festejos religiosos por los patronos de la provincia, pero ratificaron que no van a soportar seguir trabajando en ese contexto infrahumano. “Llegás a trabajar apurado porque estás demorado, saliste rápido de tu casa y no hiciste tiempo a entrar al baño, y te la tenés que aguantar porque acá está roto el inodoro”, contó a Cuarto Poder uno de los inspectores que participa de la manifestación.

El viernes, finalmente, el conflicto llegó a su fin y mucho tuvo que ver el hecho de que vaya a iniciarse la novena del Milagro. “Ellos cedieron y nosotros cedimos”, dijo Sebastián Bazán, uno de los inspectores que integran el grupo de trabajadores autoconvocados. “Desde el Ejecutivo se comprometieron a darnos soluciones en las próximas semanas”, explicó Bazán mientras la atención al público comenzaba a efectuarse en las oficinas.

¿Y el cambio?

Tras una rauda mesa paritaria, el Ejecutivo elaboró un acta acuerdo a la que sólo adhirieron tres gremios y que determinó un 6% de aumento no remunerativo y el blanqueo de un ítem de 400 pesos, según declamó el propio secretario de Gobierno, quien encabezó la negociación como emisario del Gobierno. Se firmó el miércoles.

Con abrillantada arrogancia ante la falta de consenso, las autoridades se anticiparon a hacer intervenciones mediáticas que mitiguen la fuerza de cualquier manifestación. “Ya se están cancelando los sueldos de este mes”, dijo el mismísimo Sáenz consultado por las posibles reacciones de los que no habían firmado el acta.

La confrontación no se hizo esperar: el jueves por la mañana APOC, Ademus, Atmps, Simusa, SOEM, y Aomea confluyeron en la puerta del CCM, donde cortaron la avenida Paraguay para mostrar su descontento. Nuevamente, los funcionarios se apresuraron a asestar su golpe mediático: dijeron que era una locura no acatar la oferta ya que igualaba a la que la Provincia hizo a sus empleados.

No mintieron, al menos no en clave de alícuotas, ya que ambas gestiones otorgaron un 6% de aumento. De todos modos, el sueldo básico mínimo de un municipal es prácticamente la mitad que el de un empleado provincial (5 mil pesos contra 9 mil). Basta poco más que un ábaco para notar que un 6% para un municipal es sensiblemente menor que para un trabajador de la administración de Juan Manuel Urtubey, el gobernador.

Los gremialistas coincidieron en que no se reniegan sólo del módico porcentaje de aumento, sino también de que sea “en negro” -no remunerativo-. “Sáenz se había comprometido a no continuar con esa modalidad que utilizaba la gestión anterior y lo primero que hace es repetirlo, al final no cambió nada”, sentenció César Molina, secretario general de Ademus.