Algunos se empecinan en no dejar que cambie un organismo que terminó fomentando la impunidad.
Es raro escuchar en estos días, cómo van surgiendo voces para tratar de defender un organismo que está probado con creces, que funciona mal. Las mismas voces, nunca se levantaron antes para denunciar estas irregularidades, pese al reclamo público de quienes debieron atravesar distintas situaciones que dejaron en evidencia lo antes mencionado.
Después de que el procurador general, Abel Cornejo, decidiera desplazar a las autoridades del CIF, y que el gobernador Juan Manuel Urtubey respaldara, con un proyecto de ley, la reestructuración del organismo se generaron estas reticencias al proyecto que será tratado en el Senado.
Tanto un diputado radical, como representantes del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta critican del proyecto, que el CIF quede a cargo de un Fiscal. «Que el CIF sea dirigido por uno de los Fiscales que integra la Procuración General de la Provincia, altera el sistema acusatorio consagrado en el Código Penal»- señalan. También advierten, que «es muy peligroso poner en manos de un funcionario, cuya matiz es claramente política, la libertad de los ciudadanos salteños».
Parece que a los integrantes del Focis les preocupa que sea un funcionario judicial quien quede a cargo, como si este fuese vitalicio. Pero en el proyecto, no se habla de un funcionario, sino de un fiscal que «hasta se puede llegar a pedirle juicio político si tiene mal desempeño». No olvidemos tampoco que para ser fiscal, hay que pasar por el Consejo de la Magistratura y tener acuerdo del Senado. No hablamos de un funcionario «puesto a dedo» por el poder político como era hasta ahora, donde en muchos casos la finalidad pasa por cobrar un sueldo.
Ante aseveraciones planteadas en la Cámara de Diputados donde se señala que un fiscal no puede estar abocado a la vez, a la responsabilidad del Cuerpo de Investigadores Fiscales; conviene tomar conocimiento de que el proyecto contempla que el Director, será un Fiscal que no estará abocado a la tarea de investigación sino que contará con dedicación exclusiva.
El proyecto además, busca mejorar el CIF, para que “errores” cometidos en casos tan importantes como el de Jimena Salas, Cintia Fernández, Lujan Peñalba y Yanina Nuesh, mencionados como los mas relevantes de estos últimos tiempos, no vuelvan a cometerse.
Uno de los puntos de gran importancia dentro del proyecto que tratarán los Senadores, modifica el protocolo de autopsias, ya que se prevé que al tratarse de casos de homicidios y femicidios, estas se realicen mediante una «Junta de tres médicos», no uno solo como hasta ahora. De esta manera, se despejarían sospechas como las de un reciente caso, donde un chico molido a palos en la parte trasera de una furgoneta policial, es informado como “muerte natural”.
El caso de Ana y su hija Cintia Fernández fue una clara muestra de por qué es necesario cambiar el CIF: tal como funciona ahora y fue concebido por el ex procurador Pablo López Viñals, hay una excesiva y escandalosa cantidad de efectivos policiales en lugares claves. Llamativamente son los mismos que entorpecieron sistemáticamente esa, y otras investigaciones.
Un mejor funcionamiento
Entre otros puntos, el proyecto impulsa incrementar el número de médicos (actualmente sólo hay cuatro), y controlar que se produzca «bien» la prueba, tanto para el fiscal como para la defensa.
Destacable y positivo, es lo de crear fiscalías en lugares donde hoy no existen, como por ejemplo, en Cachi y en Rosario de la Frontera.
Demas está decir que impulsar la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos, es algo fundamental para estos tiempos.
