Los anuncios sobre la necesidad de ajustar gastos ponen en alerta a delegados municipales que temen por la suerte de trabajadores precarizados de la administración municipal. Sostienen que si el ajuste viene, el hilo debe cortarse con los cargos políticos. (Daniel Avalos)
Matías Copa y Francisco Pantoja son delegados de ATE Municipal. Ambos se esfuerzan por dejar constancia de que la pesadilla más atroz que persigue a los argentinos – el temor a perder trabajo – ya se instaló en los cerca de 500 trabajadores contratados del municipio capitalino. Un temor que en esta coyuntura es producto de al menos dos variables: los anuncios nacionales y provinciales que recurriendo al eufemismo de la modernización impulsan el achicamiento del Estado y el hecho de que a ese tipo de trabajadores municipales se les vence el vínculo contractual el próximo 31 de diciembre.
Hasta ahora el gobierno de la ciudad no hizo anuncio alguno en esa dirección, pero los estrechos vínculos entre Gustavo Sáenz y la Casa Rosada deslizan a los empleados del municipio a la pesadilla recurrente y muy particularmente a quienes tienen esa condición laboral. Se trata de los contratados cuya denominación exacta es “Personal Transitorio” y que según los recibos de sueldos del mes de octubre del 2017 poseen un Básico de $5.920 y un Ingreso Bruto que araña los $8000. “Y eso no es lo peor”, enfatizan los delegados que recuerdan que el dueño del recibo de sueldo posee una antigüedad de 10 años aun cuando el “Convenio Colectivo Municipal” establece que un agente municipal debe pasar a planta permanente luego de dos años de revestir como planta transitoria.
Si uno indaga a los entrevistados sobre porqué el gobierno de la ciudad no cumple con ese punto del convenio que daría estabilidad a los trabajadores que hoy no la tienen, la respuesta sucinta no se hace esperar: “No se trata de una cuestión económica sino de control” aseguran quienes ahí nomás desenfundan otros recibos de sueldos que prueban al menos lo primero: el documento indica que un empleado de planta permanente con 9 años de antigüedad tiene un “Básico” es de $6.257 (sólo $337 más que el básico de un transitorio con 10 años de antigüedad) y un neto de $11.660. Ello desliza a los entrevistados a la segunda interpretación que en resumidas cuentas es la siguiente: la precariedad en la que viven ese tipo de trabajadores los convierte en blanco de obligaciones y hasta de abusos que toleran para escapar de la condición de desempleados.
No obstante ello, los trabajadores consultados por Cuarto Poder enfatizan que hay alrededor de 100 compañeros que están peor. Hablan de los famosos A.P (Agrupamientos Políticos); sigla que el sentido común ciudadano identifica con una planta política asociada muchas veces a la figura del “ñoqui” aunque Copa y Pantoja se esfuercen por ilustrar que la mayoría forman parte de un limbo laboral que registrando su asistencia diaria al lugar del trabajo, poseen un ingreso mensual que está por debajo de los $6.000, no acceden a los incrementos salariales acordados en paritarias y desconocen lo que es cobrar aguinaldo o adicionales como movilidad o riesgo de vida.
Los otros
En la jerga municipal, el tipo de trabajador recién mencionado es identificado por algunos como “AP masa sudorosa”. Denominación que apela al chiste no por inocua superficialidad sino por la convicción de que el humor sintetiza como pocos recursos del lenguaje la cara verdadera de una sociedad.
De allí que los propios trabajadores ubiquen como lo absolutamente otro del “AP masa sudorosa”, al “AP cholaje”. Estos últimos también carecen del cobro de aguinaldos, incrementos salariales y el pago de adicionales; aunque a diferencia de los primeros embuchan mensualmente sumas por encima de los $20.000, casi nunca aparece en los lugares de trabajo y contarían con esos cargos por sus contactos con sectores importantes de una administración que los incorporaron a través del decreto 0075 del presente año. Como es de suponer, la demanda de los trabajadores municipales consiste en exigir que los necesarios esfuerzos de austeridad comiencen por este lado al que asocian con el privilegio liso y llano.
Privilegios que no son los únicos porque como lo hiciéramos a principios de año con la denuncia de otro trabajador municipal, hay cientos de delegados gremiales que no prestan servicios en el Estado municipal aunque perciben sus sueldos en nombre de una tutela sindical que está garantizada por las leyes, aunque limitando el goce de beneficio a un número que en la ciudad de Salta se desbordó de manera evidente.
El denunciante se llama Jorge Resina. Fue él quien remitió en febrero pasado a las autoridades de la ciudad y de la provincia el listado de los delegados y la acotación que la situación violenta la Ley de Asociaciones Sindicales y el Convenio Colectivo de Trabajo Municipal. Documentos legales que garantizan el derecho de los trabajadores con roles sindicales a conservar el empleo mientras ocupan cargos de representación en los gremios, pero que en el mejor de los casos contemplan que un máximo de cinco agentes por cada organización con personería gremial puedan gozar de la licencia con goce de haberes.
Ello supondría un total de 45 licencias para las nueve asociaciones actuantes en el ámbito municipal aunque hasta ahora las licencias identificadas llegan a 157 distribuidas de la siguiente manera: 39 para la Asociación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS); 25 al Sindicato de Trabajadores Municipales (S.T.M); 20 al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM); 9 al Sindicato de Personal Jerárquico y Profesionales (S.P.J.P); 28 a la Unión de Trabajadores Municipales de Salta (U.T.M.); 10 a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), otras 10 al Sindicato Municipal de Salta (S.M.S.); y 11 a la Asociación de Trabajadores Municipales (A.T.M.). Sólo la ignota Asociación de Obreros y Empleados Municipales Agremiados tiene el cupo permitido por la norma: cinco.
Admitamos que la enorme mayoría de los involucrados está lejos de protagonizar la irregularidad en nombre de un proyecto social o económico como ocurre con los peces gordos en la historia del sindicalismo nacional y provincial. Aquí parecemos estar ante burócratas más rudimentarios cuyos objetivos son bien simples y mundanos: ser ñoquis encubiertos bajo el paraguas de la tutela sindical.
